La Fiscalía apunta al entorno del novio de Ayuso por la posible filtración de los datos de su acuerdo y pide el archivo para los fiscales

El fiscal Francisco Javier Montero apunta en un escrito remitido este miércoles al instructor de la causa por posible revelación de secretos de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso --en relación con el pacto que éste habría ofrecido a la Fiscalía para evitar un juicio por fraude a Hacienda-- al entorno del propio empresario como posible origen de la primera filtración de los datos. El Ministerio público solicita al magistrado que investiga los hechos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, de no archivar la causa abierta contra de los integrantes de este órgano, llame a declarar al propio González Amador para que indique "a qué personas se dio acceso" a los correos electrónicos en cuestión.

Así se señala en el informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, en el que la Fiscalía trata de conseguir una archivo de las actuaciones abiertas contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra Julián Salto, inicialmente adscrito a la causa por fraude contra la pareja de Ayuso. El movimiento precede a la posible elevación en los próximos días de la causa al Tribunal Supremo, tal y como han solicitado tanto González Amador como el Colegio de la Abogacía de Madrid, por existir indicios contra el fiscal general del Estado.

En un extenso escrito de 39 páginas, la fiscalía realiza un pormenorizado relato cronológico de las distintas noticias aparecidas en los medios de comunicación a raíz de que se conociera la existencia del acuerdo que pretendía alcanzar la defensa y considera "razonable" pensar, a raíz de las primeras informaciones publicadas, "que la revelación del correo electrónico pudiera haber provenido del entorno de Don Alberto González". "O, cuando menos -añade- parece poco razonable que integrantes del Ministerio Fiscal difundieran datos falsos en perjuicio de la propia institución".

"Temeraria conjetura"

Razona que medios de comunicación que, como este periódico, con posterioridad desvelaron que, en realidad, había sido el abogado defensor del empresario había propuesto un acuerdo de conformidad, "pudieron acceder a ese dato a través de distintas fuentes". Por ello, incide que la atribución de la filtración al Ministerio Fiscal "o pasa de ser una temeraria conjetura carente de toda base probatoria".

Agrega que, "si veinte días antes de la publicación de que el Fiscal había interpuesto una denuncia se había presentado la misma ante el Juzgado Decano, y cinco días también con anterioridad la AEAT recibió la denuncia del Fiscal", habrá que concluir que "un número indeterminado de personas habrían tenido acceso a ella, por lo que concluir que la denuncia fue filtrada por parte de alguno de los querellados es una auténtica liberalidad". 

Por todo ello, Montero pide que se acuerde el sobreseimiento de la causa ante la "inexistencia de motivos suficientes de criminalidad" respecto de los fiscales ahora investigados tanto en lo relativo a la filtración de la denuncia interpuesta contra González Amador como en lo que concierne a la revelación del contenido de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Salto y la defensa de la pareja de Díaz Ayuso. También pide que se archive lo relativo a considerar delito la emisión de la nota de prensa que dio origen a la interposición de las querellas.

Defiende la aclaración

Por otra parte, el fiscal incide en que a partir de las primeras noticias de prensa basadas en el conocimiento de varios correos electrónicos, se trasladó a la opinión pública "unas noticias falsas o bulos" en los que aparecía el Ministerio Fiscal como el oferente inicial de una conformidad penal por dos delitos fiscales a la defensa del González Amador y que después es retirada por “orden de arriba”. 

"Sin embargo, la realidad es que ese ofrecimiento de conformidad surgió única y exclusivamente a iniciativa del Letrado del señor González en el correo que se remitió a la dirección genérica electrónica de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial el día 2 de febrero de 2014", añade. Por otra parte, el fiscal subraya que "en ningún momento", ni por parte de la Decana de la sección de delitos económicos ni de la Fiscal Jefa provincial ni de la Fiscalía General del Estado "se impartió orden, sugerencia, consejo o insinuación de no llegar a ese pacto que se había ofrecido por el letrado defensor, tal y como taxativamente" declararon tanto Pilar Rodríguez como salto ante el instructor Goyena. 

"En este contexto de desinformación y falta de veracidad se encuentra la necesidad, además de defender la imparcialidad de un órgano de naturaleza constitucional como es el Ministerio Fiscal y a sus propios integrantes que desarrollan sus funciones con absoluta profesionalidad, de dar información auténtica y fidedigna que corrobore la realidad de los hechos", insiste ante el instructor de la causa.