Globalia, adjudicaciones públicas y la 'apropiación' de un programa universitario centrarán el interrogatorio judicial a Begoña Gómez

A principios de esta semana, en respuesta al requerimiento de la Fiscalía y de la defensa de la esposa del presidente del Gobierno, el juez de instrucción Juan Carlos Peinado especificó qué es lo está investigando sobre Begoña Gómez. Apuntó a "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España" y que se incluyen en las diferentes denuncias presentadas contra ella por varias acusaciones populares, a excepción de la parte que en principio parecía la sustancial de este caso, y que se ha quedado la Fiscalía Europea.

Se trataba de los dos contratos por un importe de 10,6 millones de euros que fueron adjudicados por la entidad pública Red.es a las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, propiedad de Carlos Barrabés, el empresario al que se recomendó desde la cátedra que dirigía Gómez en la Universidad Complutense, y que fueron financiados con dinero de la UE. Al desgajarse esta parte, ¿Qué es lo que mantiene viva la instrucción del juez de instrucción número 41 de Madrid? 

El análisis de las denuncias permite concretar a una miscelánea de asuntos que van desde las relaciones de Gómez con directivos de Globalia coincidiendo con el rescate de Air Europa a las adjudicaciones por algo más de 765.000 euros que obtuvo Inmark, una compañía de la que la esposa del presidente del Gobierno mantendría entre un 1 y un 1,5 por ciento de participación accionarial.

Igualmente, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incluyó en su informe inicial la existencia de otras adjudicaciones públicas realizadas a empresas de Barrabés por valor de más de 10 millones de euros entre 2020 y 2022. Recientemente, las querellas contra la mujer del presidente del Gobierno se ampliaron por presunta "apropiación" de un programa informático para la gestión de su cátedra, que en realidad pertenece a la universidad pública.

Solo podrá preguntar Vox

Pese a que Gómez puede acogerse a su derecho a no declarar, mañana acudirá al juzgado acompañada por su abogado defensor, el exministro del Interior Antonio Camacho, que ha solicitado que los funcionarios del juzgado solo puedan grabar el sonido del interrogatorio, para evitar un uso indebido posterior de las imágenes de la mujer del presidente ante el juez. Según un decreto de la decana de los juzgados de Madrid, se le permitirá acceder a través del garaje al edificio, evitando así el 'paseíllo' ante los medios de comunicación las personas que puedan concentrarse a las puertas del juzgado, puesto que algunas acusaciones populares, como Hazte Oír, han convocado a la ciudadanía.

Una vez dentro, y por orden del propio Peinado, de este grupo de acusaciones --que integran Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, Movimiento de Regeneración Política de España y el partido Iustitia Europa-- únicamente podrá tomar la palabra el abogado de la formación de Santiago Abascal, al haber unificado el juez bajo una misma dirección a la acción popular. Igualmente, podrán formular preguntas el propio juez, el fiscal del caso José Manuel San Baldomero --que no ve indicios de criminalidad contra la mujer del presidente --y el abogado de Gómez. 

Globalia

Una parte fundamental de las preguntas versarán previsiblemente sobre los encuentros entre la esposa de Sánchez y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, en relación con la decisión del Gobierno de rescatar Air Europa, una aerolínea que recibió tras la pandemia 140 millones de euros avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y ayudas por 475 millones a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La UCO ha señalado a este respecto, sin embargo, que las primeras pesquisas no permiten concluir que dichas coincidencias pudieran estar vinculadas a la decisión adoptada por el Consejo de Ministros.

La propia Audiencia de Madrid, que rechazó archivar la causa y centró su interés en la parte de los contratos que investiga la Fiscalía Europea, se refirió al tema de Globalia como "simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales". Para la Guardia Civil, el único elemento vincularía objetivamente a Begoña Gómez con Globalia es el hecho de que esta coincidiera con Hidalgo en al menos dos eventos celebrados los días 20 y 22 de enero de 2020 en los que participaba al hub de innovación turística vinculado por entonces a este grupo Wakalua. 

El entre Wakalua y el África Center del Instituto de Empresa en el que trabajó Gómez se firmó un contrato que fijó unos gastos de 40.000 euros al año, si bien su ejecución se vio interrumpida "con ocasión de la pandemia". Solo se gastaron algo más de 1.700 euros en unos billetes de avión a Londres para un evento en el que participó la mujer del presidente.

765.000 euros para Inmark

En cuanto a las adjudicaciones, una de las partes menos conocidas de las denuncias apuntan a un total de 765.000 euros adjudicados a Inmark, una empresa multiservicios a la que estuvo ligada Gómez como directora de consultoría hasta que se acogió a una excedencia después de que su esposo llegara a La Moncloa en julio de 2018, pasando a ser accionista de la misma en un porcentaje mínimo, de entre el 1 y el 1,5 por ciento. La cuestión es que esta empresa ha obtenido dos adjudicaciones públicas. Una de Red.es en septiembre de 2018, por valor de 750.200 euros, y una segunda por 14.875 euros por parte de la Dirección General de Política Comercial y Competitividad, dependiente del Ministerio de Industria.

En el informe de la UCO, y, por lo tanto, forman parte de la causa que instruye Peinado, se desgranan además detalles de 10 millones de euros en adjudicaciones públicas que recibió en los años 2021 y 2022 la mercantil Innova Next SLU, propiedad de Barrabés, si bien del total hay que restar lo adjudicado que investigan los fiscales Europeos.

Quedarían para peinado otros contratos con el Ayuntamiento de Madrid (3.988.795 euros para el Centro de Innovación La Nave y la creación de un "ecosistema de empresas de economía circular ); el Consejo Superior de Deportes (3.044.890 euros para la creación de un modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del deporte ); la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (1.716.695,62 euros para un proyecto denominado 'Distrito Talento'), y Renfe (1.641.009 euros para el programa de innovación 'Trenlab'). 

Uso de tecnología Complutense

Por otro lado, las acusaciones populares acusan a Begoña Gómez apropiado de las Marcas "TSC Transformación Social Competitiva" y "TSC Transforma Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC.org", que en realidad pertenecen a la Universidad Complutense.

Tras la publicación de diversas informaciones sobre este asunto en varios medios de comunicación, ampliaron sus querellas iniciales para señalar a Gómez por "constituir y registrar a su nombre una empresa unipersonal (de la que el 100% de las participaciones son de su propiedad) de una sociedad denominada Transforma TSC, SL, este acróstico TSC, corresponde a Transformación Social Competitiva".

Finalmente, algunas acusaciones como el grupo provida acusan a la mujer de Sánchez de intrusismo por haber sido codirectora del Máster en Fundraising Público y Privado para Organizaciones sin Ánimo de Lucro en el Centro Superior de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid y, además, forma parte del equipo docente del Área Social y de Sostenibilidad como experta en el tercer sector. "Y ello a pesar de no tener título de licenciatura ninguno".