El Gobierno hace equilibrios en su plan de medios para evitar vetos de los socios

Pedro Sánchez dejó claro este miércoles en el Congreso que la iniciativa legislativa del Gobierno está limitada por la dependencia de los socios de investidura. Un heterogéneo grupo con el que debe hacer equilibrios para evitar el bloqueo legislativo, al necesitar el apoyo de todos ellos para sacar adelante sus medidas. La presentación de Pedro Sánchez en el Congreso del plan de regeneración democrática se ciñó a medidas genéricas, sin apenas detalle, como un esbozo de los asuntos que ahora pretende negociar con los grupos parlamentarios. Una suerte de ofrecimiento de pacto.

El marco del plan será el reglamento europeo sobre libertad de medios de comunicación que todos los Estados miembros deben implementar. Un amplio manto que no llega a ajustarse la moderación que reclamaban desde el PNV para “hilar fino”, pero todavía más alejado de las expectativas de otros grupos como ERC, EH Bildu, Podemos o BNG que criticaron la falta de “valentía”. Si el portavoz de los nacionalistas vascos advirtió sobre los riesgos de un control excesivo a la prensa porque “la democracia lo es porque permite incluso la libertad de expresión de quienes la atacan”, los independentistas lamentaron la falta de ambición para impulsar reformas "estructurales".

El presidente del Gobierno apeló al “consenso”, como el alcanzado en Bruselas con el apoyo del PP a este reglamento, y priorizó el control de la financiación pública de los medios y la transparencia sobre sus propietarios y accionistas. A partir de ahí, lanzó guiños para tender la mano a otras iniciativas que pongan sobre la mesa sus socios. Desde la reforma de ley de secretos oficiales, una reivindicación histórica del PNV, hasta la modificación de la ley mordaza, reclamada por Sumar, y la revisión de los delitos relativos a la “libertad de expresión”. Los independentistas siempre han puesto el foco en despenalizar las injurias a la Corona o a los símbolos nacionales.

En el Ejecutivo dejan ahora en manos de los grupos el alcance de este plan, obligados por la aritmética parlamentaria. Para ello entreabren numerosas puertas al apuntar la modificación de normas como la ley electoral, la de publicidad institucional, el Código Penal o una nueva ley de administración abierta. Asimismo, Sánchez propuso ampliar las funciones de la CNMC en lo relativo a los medios, como endurecer los reglamentos del Congreso y el Senado.

La única línea roja, según explican fuentes de Moncloa, serán las modificaciones legislativas para hacer frente a los que algunos socios denominan guerra sucia judicial o “lawfare”. El Gobierno negociará por primera vez a través de una comisión conformada por las dos patas del Gobierno, PSOE y Sumar.

Los responsables de sentarse a concretar el plan de regeneración y recabar propuestas serán el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por la parte socialista, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, por la del espacio de Yolanda Díaz. Esta misma metodología de negociación conjunta de los socios con el resto de grupos parlamentarios pretende aplicarse cuando se aborden los Presupuestos de 2025, según fuentes de Sumar. La primera ronda de contactos se producirá entre el lunes y el martes de la próxima semana. Está previsto que el Gobierno se reúna con todos los grupos a excepción de Vox.

Si las negociaciones formales se iniciarán el próximo lunes, no se prevé “comenzar a articular” el plan hasta septiembre. Una vez despejado el escenario de la gobernabilidad en Cataluña, pues las relaciones con los independentistas difícilmente se podrán retomar si se produce una repetición electoral.

Desarrollo “escalonado”

En Moncloa rebajan las prisas al recordar que el grueso del reglamento europeo sobre medios no deberá aplicarse hasta mediados del próximo año 2025. Asimismo, señalan que además de abrir conversaciones con los grupos parlamentarios lo harán también con el propio sector. Sobre todo en lo relativo a la autorregulación. En cualquier caso, la implantación de estas medidas, según avanzan, será “escalonada”. Sin descartar los decretos, pero sobre todo a través de proposiciones de ley.

El “esqueleto” del plan presentado por Sánchez fue pretendidamente genérico y abierto para buscar la cohesión del bloque de investidura. Evitar reveses del Congreso como con la ley del suelo o con la iniciativa de los socialistas contra el proxenetismo. Todo ello dando protagonismo a sus socios para que dejen su impronta en un plan al que Sánchez se comprometió poner un “punto y aparte” en la legislatura tras retirarse a reflexionar sobre su dimisión.

Más de dos meses y medio después la pelota sobre su desarrollo queda en el tejado del resto de grupos. La debilidad parlamentaria obliga y, como en los acuerdos de investidura, Sánchez se aferra a su máxima “para hacer de la necesidad virtud”.