Bolaños denuncia una "persecución injustificada e inhumana" a Begoña Gómez

El Gobierno adelanta su línea de defensa a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, asumiendo las posiciones de su abogado que denuncia una investigación “prospectiva”. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha cargado este mediodía contra la investigación porque “ni siquiera se sabe de qué se la imputa” y sobre “qué tendría que ir a declarar”. “Si sobre su vida entera, sobre los últimos seis años o sobre las mentiras que invaden ese procedimiento”, cuestionó. Precisamente, Gómez se acogió esta mañana a su derecho a no declarar en la causa abierta por sus actividades profesionales. Esta fue la instrucción de su abogado, el exfiscal y exministro socialista Antonio Camacho, quien señaló una causa general sobre “todos los actos todas las conductas y todos los comportamientos de mi representada desde que su cónyuge es presidente del Gobierno”.

En declaraciones a los medios desde el Senado, Bolaños ha tildado esta investigación como un “capítulo más de persecución cruel y terrible al presidente del Gobierno y a su familia”. “No tienen ningún límite”, reprochó para añadir que “atacan de la manera más sucia posible a las personas más cercanas” al jefe del Ejecutivo. Otros miembros del Gobierno aplauden la decisión de Gómez de no declarar porque es lo mejor al tratarse de “un proceso con pruebas falsas” y en el “no hay caso”.

Desde el Ejecutivo han apuntado a que PP y Vox han renunciado a hacer oposición por su falta de proyecto político para el país y de ahí que apuesten por una “persecución indudable, cruel, inhumana e injustificada”, reiteró. Todo ello, supuestamente, para tapar las políticas sociales del Gobierno y de que “España crezca cinco veces más que la media de la Unión Europea” o “haya más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social”.

El PSOE ha pedido un cierre de filas y responder a la ofensiva de la oposición en el caso Begoña Gómez y los titulares del Gobierno han subido el tono este viernes. Ya este jueves, el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de “inconcebible” que se está produciendo una “investigación prospectiva”. Algo “prohibido por la ley”, según advirtió.

Tras la decisión de Begoña Gómez de acogerse a su derecho a no declarar, Puente lo calificó como "la mejor actitud posible" para no "alimentar" lo que ha definido como "circo". En declaraciones recogidas por la agencia, EFE, el ministro de Tranportes concluyó que "no se puede seguir con una causa abierta en la que no hay pruebas ni indiciarias que incriminen a una persona y buscando en su vida a ver si encuentran algunas".

El titular de Justicia ha insistido en que no hay nada ilegal en este caso y que se acabará archivando al estar “plagado de mentiras”. Unas declaraciones inusuales para un ministro de Justicia y para el argumentario del propio Gobierno, que se centra siempre en la máxima del “respeto a las decisiones judiciales”, así como a todos los procesos.

Cierre de filas

“Todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada y por eso la verdad ganará y la justicia prevalecerá y la causa se archivará”, vaticinó Bolaños para acto seguido preguntarse “quién reparará el buen nombre de Begoña Gómez”. El hecho de que las acusaciones se planteen solicitar la declaración de Sánchez como testigo es para el Gobierno la evidencia de que todo el proceso es una “persecución política”. “Deja muy a las claras cuál es su objetivo. Desde el punto de vista procesal esas peticiones son absurdas y ridículas como tantas cosas que estamos viendo, pero yo creo que lo que sí pone claramente sobre la mesa es que se trata de una persecución contra el presidente”, zanjó.

Moncloa y Ferraz han elevado el tono coincidiendo con que parte de los socios de investidura comienzan a marcar distancias. No tanto porque duden de la legalidad de las actividades profesionales de la mujer del presidente del Gobierno, sino por cuestionar sus “límites éticos”. La prueba de este distanciamiento es que se ha agitado el debate entre los socios sobre la necesidad de regular la figura del cónyuge del presidente o presidenta del Gobierno.