La mayoría del poder territorial del PP (menos el de Ceuta) anuncia recurso para forzar la Conferencia de Presidentes

La resistencia del PP a pactar una reforma de la ley de extranjería para ayudar a Canarias en la atención de los menores inmigrantes fue uno de los asuntos que Alberto Núñez Feijóo abordó este lunes con los dirigentes autonómicos de su partido en una comida en Madrid. Durante el almuerzo, se acordó que este martes, mientras se estuviera celebrando el debate de la reforma de la norma en el Congreso, ellos mismos o sus portavoces saldrían a anunciar la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para denunciar la negativa de Pedro Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes para abordar el reto de la inmigración, algo que los populares llevan pidiendo unos días. Casi todos los ejecutivos presididos por el PP comunicaron su decisión de recurrir. Llamó la atención el silencio de Ceuta, uno de los territorios más afectados por la llegada de inmigrantes irregulares. Según fuentes del Gobierno de la ciudad autónoma, su presidente, Juan José Vivas (PP), ve "pertinente" la Conferencia, pero está a la espera de un informe jurídico sobre la opción de acudir al Supremo.

La Conferencia de Presidentes es el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los de las comunidades y Ceuta y Melilla y, según marca su reglamento desde 2022, debe reunirse "al menos dos veces al año". Los dirigentes del PP, con Feijóo a la cabeza, ya habían solicitado estos meses atrás en varias ocasiones la convocatoria de la Conferencia para que Sánchez explicara su acuerdo de investidura con Junts en materia de financiación y amnistía. Ese órgano se puede convocar a petición del jefe del Ejecutivo o de 10 presidentes autonómicos o de Ceuta y Melilla. En noviembre de 2023, los dirigentes del PP lo hicieron oficialmente por carta y Sánchez les respondió, al mes siguiente, que lo convocaría de manera reglamentaria. En abril, se lo volvieron a recordar y mandaron un requerimiento. Ahora, el partido conservador ha dado el paso de acudir al Supremo.

En el debate sobre la ley de extranjería, los conservadores han puesto una serie de condiciones para pactar la reforma de la norma que exigen tanto el Gobierno de Canarias (vicepresidido por el PP), la región más afectada, como Ceuta (PP). Entre otras medidas han pedido, sin éxito por ahora, que se reúna la Conferencia de presidentes, más inversión para atender a los niños inmigrantes y que se declare la "emergencia migratoria para todo el territorio" (una manera de acelerar las decisiones y los contratos de la administración).

El caso de Madrid

Los gobiernos del PP fueron anunciando los recursos a partir de las once de la mañana. Una de las primeras que habló de ello fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La dirigente, que fue la primera en anunciarlo la semana pasada, volvió a acusar al Gobierno de haber "mirado para otro lado" con la inmigración durante estos últimos años mientras asegura que desde las comunidades autónomas llevan tiempo "advirtiendo". La presidenta madrileña incidió en la idea de que no es solo una cuestión económica y por eso denuncia que Sánchez solo busca "engañar con el dinero" y que el rechazo de su partido no se debe a los recursos económicos o de atención sanitaria, entre otros. "Yo puedo dar dinero, pero ¿cómo los integro?", se preguntó en un acto cuando le han preguntado por la ley de extranjería.

Desde que se levantó un campamento para inmigrantes procedentes de Canarias en Alcalá de Henares, no exento de declaraciones polémicas de la propia Ayuso sobre la asociación entre seguridad e inmigración, la presidenta de la Comunidad de Madrid insistió en que a las administraciones autonómicas les hace falta más información, "de dónde vienen, en qué circunstancias, qué arrastran detrás….", para poder atenderles y exige un plan de integración el Gobierno. La dirigente madrileña, además, enfatiza que lo que se está viendo ahora con la inmigración es “el comienzo de mucho más”, convencida de que las mafias le tienen la medida cogida al Gobierno de España y que el control de fronteras falla tanto en las costas como en el aeropuerto de Barajas, provocando, dice, que se esté “multiplicando el problema”.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó al Ejecutivo central de "estar navegando entre la improvisación y la incompetencia". También los ejecutivos de Cantabria, Extremadura, Aragón, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia se sumaron al anuncio del recurso. El de La Rioja, como Ceuta, todavía está estudiando el asunto. "Hay problemas urgentes y no pueden aplazarse sin fecha por los intereses personales de Pedro Sánchez", escribión en X Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.