La ley de extranjería naufraga con el rechazo de PP y Junts y obliga al Gobierno a buscar un plan B

El Gobierno insistió durante los últimos días en su “mano tendida” al PP para llegar a un acuerdo en la reforma de la ley de extranjería para avisar de que si naufragaba “ya habrá tiempo de polémicas”. Ese momento ha llegado. No solo por el rechazo de los populares, cuyo apoyo más que por aritmética parlamentaria era necesario porque gobierna la mayoría de comunidades autónomas que deberían aplicar la norma para acoger a los menores migrantes llegados a la frontera sur. Junts, escudándose en que está negociando el traspaso de las competencias en inmigración, también ha dado la espalda al Ejecutivo. PSOE y Sumar se han quedado en minoría. El Congreso rechazó así la admisión a trámite de la medida con 177 votos en contra (PP, Vox y Junts) y 171 a favor.

Desde Coalición Canaria, formación que preside el gobierno canario y que firmó la iniciativa junto al Gobierno, hicieron un último llamamiento para retirar la medida e intentar seguir negociándola. La diputada Cristina Valido pidió desde la tribuna que "no puedo llegar a Canarias sin acuerdo. Si no lo hay en los próximos minutos pediré que no se vote y se quede sobre la mesa y sigamos hablando". Eso fue exactamente lo que hizo.

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El PP se sumó, precisamente, a la postura de la diputada de Coalición Canaria: “Aceptamos y asumimos la propuesta. Retiren esta ley y pónganse a negociar si de verdad hay voluntad. Convoquen un pleno extraordinario y monográfico sobre inmigración y a la Conferencia de Presidentes”, pidió la diputada Ana Alós desde la tribuna.

En ese momento comenzaron las negociaciones a varias bandas, según fuentes parlamentarias, aunque con resistencias desde el grupo socialista. Desde el Ejecutivo argumentaron en contra de la retirada que esta decisión tendría los mismos efectos que votarla en contra. Obligaría a presentar un nuevo texto, por lo que la urgencia que vive Canarias por su presión migratoria no se resolvería. Asimismo, desde el Gobierno explicaron que no tendría recorrido jurídico. En el Ejecutivo acabaron por rechazar la retirada de la reforma antes de someterla a votación y lamentaron que todos sus esfuerzos por llegar a un acuerdo con el PP fueron en vano pese a aceptar, dicen, sus propuestas.

El presidente del Canarias, Fernando Clavijo, que acudió al Congreso, intentó hasta última hora buscar un acuerdo. Este último siempre defendió la opción de legislar vía decreto, pero desde el Gobierno avisaron que para ello sería necesario también el apoyo del Congreso para su convalidación. De lo contrario, decaería al mes de ser aprobado por el Consejo de Ministros, con la consiguiente inseguridad jurídica.

El Gobierno siempre se inclinó por no presentar la propuesta de reforma si antes no estaba garantizado el apoyo de los populares. Finalmente, se decidió dar el paso igualmente, a modo de ultimátum, pero también con la intención de que cada grupo parlamentario “se retrate”.

La presión de los socialistas no ha funcionado, aunque en las horas previas al debate utilizaban el rechazo de los populares para reforzar su discurso contra el PP. Enmarcarlo en las políticas de ultraderecha pese a la ruptura de Vox de las coaliciones de gobierno en las comunidades autónomas. Precisamente, por haber acordado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto voluntario de cerca de 400 menores migrantes llegados a Canarias.

Reproches al Gobierno

Antes de iniciarse las negociaciones a varias bandas, todo fueron reproches hacia el Gobierno, especialmente por la falta de una política migratoria seria y real. “El presidente ni mencionó esta reforma la semana pasada. No ha hablado de ella ni el ministro del Interior ni el de Exteriores. Y la ministra de Migraciones solo lo ha hecho para insultar al PP”, se quejó la parlamentaria conservadora, recordándole también al ministro Ángel Víctor Torres su etapa como presidente de Canarias, cuando “pedía lo que ahora niega al resto de comunidades” en referencia a recursos y financiación concreta para hacer frente a la acogida de menores migrantes.

Alós criticó al Gobierno por pactar con sus socios independentistas “la condonación de deuda” o “cuantificar cada acuerdo” y ser “incapaces” de abordar los recursos necesarios para la emergencia migratoria. “Con ellos no son tan valientes”, lanzó la diputada del PP, recordando que en la conferencia sectorial de hace dos semanas la única comunidad que se negó a acoger a menores migrantes fue Cataluña (ERC).

La dirigente popular aseguró que “no cambiaría nada si apoyaran esta modificación” porque la reforma de la Ley de Extranjería es en realidad “un yo reparto y tú te apañas”. “Estamos hartos de las lecciones de humanidad. Las vidas que se pierden antes de llegar a la frontera no pueden repartirse. Dejen de hacer demagogia. Sentimientos tenemos todos. Sabemos que no existe una solución fácil, pero mirar para otro lado es lo peor que pueden hacer”, reprochó Alós.