Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que no tarde dos meses en pronunciarse sobre la investigación del juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez, que ejerce el exfiscal y exministro Antonio Camacho, ha presentado un recurso de súplica con el que pretende forzar a la Audiencia Provincial de Madrid a pronunciarse sobre la causa antes del próximo mes de octubre para lo que resulta imprescindible que adelante la fecha que ha previsto para estudiar el asunto, el 30 de septiembre. Y ello porque de otro modo se seguirán produciendo las vulneraciones de derechos que denuncia en lo que considera "una investigación indeterminada, prospectiva y en continuo crecimiento, sin garantías".

En un escrito de siete páginas, al que ha tenido acceso este periódico, la defensa explica que es consciente de que el orden "de resolución de los recursos lo fija la Sala en atención a la presentación cronológica", por lo que no tiene "nada que objetar a la decisión que ha adoptado de fijar la votación y fallo el día 30 de septiembre", pero considera que "no puede dejar de poner en conocimiento de esta Sala las graves violaciones del Derecho de defensa" que se están produciendo en la causa.

Violaciones de las que no solo sería víctima la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sino todos los investigados en este procedimiento, dada la errática deriva procesal y material que está tomando el mismo". Añade que "desafortunadamente este es el único remedio que procesalmente" está en su mano "para intentar evitar irreparables daños en el Derecho de Defensa de los investigados", porque "una Justicia tardía puede producir daños irreparables", dado que la actuación del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid "en pocas semanas está plagada de actuaciones que vulneran, entre otros, el Derecho de defensa y el Derecho a un proceso justo".

Vulneraciones

A partir de ahí el recurso se convierte en una enumeración de lo que considera vulneraciones de derechos. Comienza recordando que el juez Peinado "dio traslado de la documentación presentada por los dos periodistas que depusieron en primer lugar" como testigos, "así como del contenido de sus declaraciones, únicamente a la única acusación personada en ese momento: el partido político Vox, en una violación grave patente y perfectamente documentada del secreto de las actuaciones", en las que solo pueden ser conocidas por la fiscalía.

Añade que al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, les tomó declaración como testigos y "les modificó su condición a investigados en unos pocos días, sin que ni de su declaración ni de lo actuado existiera ningún dato concreto distinto a los que había en el momento que se recogió su declaración testifical".

La tercera vulneración consiste en que Peinado "ha ido uniendo al procedimiento sistemáticamente escritos de distinta índole, en los que se daba cuenta de noticias publicadas por medios de comunicación, aportando documentación diversa y proponiendo diligencias, por aquellos que no eran parte", por lo que deberían haber sido devueltos a sus remitentes. El primer día que Begoña Gómez iba a declarar, le hizo saber que había una segunda querella contra ella que no le había sido notificada.

"A pesar de que, ante el desmedido crecimiento de las acusaciones populares personadas, el juez acordó la unificación de acusaciones, ante un recurso interpuesto por las mismas, acordó que todas pudieran estar presentes en las declaraciones y que se pudieran comunicar entre ellas durante la declaración para formular preguntas", critica Camacho.

Además, la defensa recuerda que en un primer momento el juez trató de forzar que Gómez asistiera a la declaración de Barrabés, como prueba preconstituida, y le advertía que de no hacerlo "sería detenida", cuando estar presente es un derecho y no una obligación. Sus recusos se han tramitado tarde y el juez pidió a la Policía que "remitiera copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI de la investigada".

Endiablada instrucción

"Quizá, lo más grave", dice el recurso, es que "el objeto de este procedimiento es mutante en la mente del juzgado instructor", como la defensa considera que se desprende del auto en el que le contestó que se investigaba "en esencia la inicial denuncia de Manos Limpias únicamente", y durante la declaración de Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense, señaló que también, la concesión de la Cátedra que ella dirigía.

La defensa argumenta que, ante la falta de objeto sobrevenida del procedimiento, trasladar la resolución del recurso "a casi tres meses después de su interposición lo único que va a permitir es que esa endiablada investigación vulneradora de los más esenciales principios del Derecho de Defensa continúe".

Explica que cuando los contratos que parecían la clave del procedimiento, los relativos a dos adjudicaciones a Barrabés por parte de Red.es, fueron avocados a la Fiscalía Europea, "el instructor comenzó a acordar diligencias de investigación y múltiples declaraciones que afectaban al rescate de Globalia /Air Europa y también a las pretendidas irregularidades en la Universidad Complutense de Madrid", cuestiones que la Audiencia descartó de la instrucción.

Y, según la defensa, también Peinado parecía hacerlo cuando contestó a uno de sus recursos diciendo que en la causa se investigan "todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial, con exclusión de los hechos relativos a los contratos adjudicados, a la UTE, constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento fue avocado por la Fiscalía Europea". La impugnación no menciona la citación como testigo del presidente del Gobierno que también ha recurrido.