Sánchez impone el pacto con ERC sin debate con los territorios

Poco después de oficializarse el preacuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, pasadas las 20 horas de este lunes, Pedro Sánchez convocó de urgencia a la ejecutiva de su partido. Sin informar sobre el preacuerdo a los territorios ni explicar su contenido, según la mayoría de barones consultados, a mediodía de este martes este órgano de dirección aprobaba una resolución de adhesión. En ella no solo se ratifica el apoyo del PSOE al preacuerdo, sino que se compromete a “hacerlo efectivo”. No habrá por tanto debate en las filas socialistas, al menos en los órganos internos, ni mucho menos consulta a la militancia como llegaron a sugerir desde alguna de las federaciones más críticas con el pacto. Se intenta desactivar así una contestación transversal, sin diferenciar entre críticos y afines, que desde varios territorios manifestaron en contra de un “concierto económico”.

Sánchez se apoyó en la "unanimidad" con la que se aprobó la resolución en este órgano de dirección para negar que haya contestación interna en las filas socialistas. En declaraciones a los medios tras el tradicional despacho de verano con el rey en Mallorca asoció la ausencia de votos en contra para concluir que "por tanto hay un respaldo unánime". También defendió que el preacuerdo incluye un "concierto económico solidario" con Cataluña, que "es bueno para España y para Cataluña", así como que "la empatía con la singularidad de los territorios no está reñida con la igualdad de los españoles". La ejecutiva del PSOE, remodelada el pasado mes de enero para fusionar partido y Gobierno con la entrada de la mayoría de ministros socialistas, está compuesta por el núcleo de confianza de Sánchez. La gran mayoría de barones no tienen asiento.

Donde sí tienen voz y voto, al igual que una representación más amplia de cuadros territoriales, es en el comité federal, el máximo órgano de decisión del partido entre congresos. Sin embargo, no se extenderá aquí el debate y las críticas, que se multiplicaron durante las últimas horas tanto en público como en privado. No está previsto convocar un comité federal para abordar el acuerdo con el ERC antes de la investidura y, en cualquier caso, el apoyo del partido ha quedado ya ratificado.

Durante los últimos días, coincidiendo con la recta final de las negociaciones, ya asomaron las dudas en varios territorios ante temor a que se acordase un concierto económico como demandaban los republicanos. Tras anunciarse el preacuerdo, el mutismo de Ferraz y el hecho de que no se contradijeran los contenidos avanzados por ERC, puso en guardia hasta a los menos escépticos. Con todo, esperaban a una explicación y algún argumento al que acogerse que nunca llegó. Según trasladan desde varios territorios, no se les informó sobre el contenido del acuerdo ni antes ni después de la reunión de la ejecutiva.

El sentir generalizado es que el acuerdo deriva en “un privilegio” difícil de encajar entre sus potenciales electorales. Más incluso que la ley de amnistía, pues como resume un cuadro autonómico, se entiende menos “cuando se toca el bolsillo”. En las últimas horas, algunos dirigentes manifestaban la esperanza de que el acuerdo relatado por ERC fuese una exageración que no se plasmaría sobre el papel. La filtración del documento no dejó lugar a dudas.

Desde Ferraz se insiste en dejar el foco a PSC y, sobre todo, ERC para no interferir en su consulta a las bases. Hasta entonces, no quieren entrar a valorar la letra pequeña del acuerdo. La ejecutiva de los socialistas catalanes no se reunirá hasta el día después de las votaciones para valorar los resultados de las negociaciones. “Respeto a los procesos internos y tiempos de las fuerzas políticas”, repetía este lunes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para no responder sobre el alcance de los acuerdos en materia de financiación.

En el Gobierno han tratado de minimizar las críticas para limitarlas a los barones de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, respectivamente. “Respeto su opinión, pero no son compartidas por este Gobierno”, zanjó la portavoz en rueda de prensa desde Moncloa para añadir que las críticas de estos “dos miembros” del PSOE “no son ninguna novedad”.

Más allá de Page

Las voces críticas se han multiplicado y van más allá de estos dos barones. En privado se suceden opiniones como que “no es aceptable” o que avisan que a nivel electoral sería “un paso demoledor para el PSOE”, recordando la apuesta del partido por un proceso federal no asimétrico y solidario.

Ya antes de que se cerrase el acuerdo, en la cúpula de la federación andaluza que no aceptarían ser “ni más que nadie ni menos”, pero también el secretario general de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, asumió parte de las críticas de García-Page para arremeter contra una negociación sobre financiación como “moneda de cambio” para la investidura de Salvador Illa. En lo que coincidieron también los líderes territoriales en Castilla y León, Luis Tudanca, o en Madrid, Juan Lobato, fue en posicionarse en contra de privilegios fiscales o de que las “singularidades” en materia de financiación fuese solo para Cataluña sin extender estos beneficios a otras comunidades autónomas.

Los más duros con el acuerdo fueron Emiliano García-Page y Javier Lambán. “Los que estamos en política, desde la izquierda, para combatir la desigualdad, no podemos dedicarnos a ampararla. Y mucho menos, a protegerla”, advertía el presidente de Castilla-La Mancha. El expresidente de Aragón y todavía secretario general, señalaba que el acuerdo “es una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles”. Ante ello avisaba que “como socialistas, como demócrata y como español me resulta inadmisible”. Page elevó el choque este miércoles al anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.

“Perplejidad”

En el PSOE de Madrid se respira tal “perplejidad” por lo anunciado que transmiten que supone “un jarro de agua fría” e incluso les deja “a los pies de los caballos”, pero no son capaces de darle forma a la crítica y articularla. La “incredulidad” es tal que a primera hora incluso había quien calificaba de “fake” lo anunciado por ERC. Confiaban en que los matices que se pudieran conocer sobre el pacto sirvieran para mostrar que se iba a “compensar” al resto de comunidades de alguna manera y en concreto, a Madrid. Pero de momento no tienen argumentos para defender esa posibilidad.

Isabel Díaz Ayuso ya encabezó la oposición a la quita de la deuda el verano pasado aun cuando su Gobierno no está integrado en el FLA (deuda con el Estado). Ahora que su Ejecutivo repite que Madrid realiza el 70% de las aportaciones a la caja común y en el partido alertan de que puede quedarse prácticamente como “única” región que contribuya al sistema, en el PSOE de Madrid reconocen que “los ánimos están muy bajos”.

En estos meses previos, el secretario general madrileño, Juan Lobato, ha apostado públicamente por la multilateralidad, ha pedido no moverse un milímetro de la Constitución cada vez que le han preguntado y los millones que Hacienda ha prometido para 2025 a la Comunidad este mismo martes no han calmado los ánimos internos en una federación en la que una parte se declara “desconcertada”. Aunque hay voces optimistas y defensoras de Moncloa que asumen que cualquier “fisura” será “compatible con la viabilidad del proyecto”.

“No se puede pactar un gobierno autonómico con Hacienda y el Gobierno de España”, explican, en referencia a que es necesario que los cambios anunciados se aprueben con una mayoría en el Congreso que no está garantizada. “En el PSOE rige el principio de un militante un voto”, dice una fuente de la federación sobre la posibilidad de elevar lo pactado a una consulta, pero ironiza con que manda “un militante, uno”. Ese es Pedro Sánchez, militante además del PSOE de Madrid. A la espera de que Ferraz les ofrezca un argumentario al que agarrarse o alguna explicación más extensa, las fuentes consultadas en el PSOE madrileño asumen que lo van a tener “muy difícil”.