Puente critica la huida de Puigdemont y al Supremo por no aplicarle la amnistía

Necesitado de los siete votos de Junts en el Congreso para sacar adelante sus iniciativas, el Gobierno había evitado hasta ahora criticar la fuga de Carles Puigdemont. Pero Óscar Puente dio este lunes el primer paso. “Esto al final no es más que ruido”, dijo el ministro de Transportes sobre la “performance” del expresident de la Generalitat, que el pasado jueves apareció en Barcelona, protagonizó un mitin de cinco minutos en Arc de Triomf y después, en lugar de intentar llegar al Parlament para participar en el debate de investidura de Salvador Illa (como se había comprometido a hacer), desapareció ante la vista de todo el mundo, sumiendo en el descrédito a los Mossos d’Esquadra, que fueron incapaces de detenerlo. 

Pero el ministro de Transportes, un dirigente habituado a decir lo que piensa, también dedicó un tiempo a dejar clara su oposición a la interpretación de la amnistía por parte del Supremo. Sobre Puigdemont continúa pesando una orden de búsqueda y captura después que el alto tribunal, en una decisión muy controvertida y que según el Gobierno va en contra de lo que dice la propia ley, concluyera a principios de julio que la medida de gracia no era aplicable al delito de malversación que se le imputa por el referéndum del 1-O. “Los tribunales no pueden extralimitarse en su interpretación de la amnistía. No hay por dónde coger la acusación de que hubo quien se enriqueció en el ‘procés’ con la malversación”, dijo Puente. 

Los recursos y el Constitucional

En un momento de redefinición de sus relaciones con Junts en el Congreso tras la llegada del líder del PSC a la Generalitat, el Gobierno insiste en que por el momento no puede hacer nada más para garantizar que Puigdemont se beneficie de la amnistía, algo que por otra parte los colaboradores de Pedro Sánchez aseguran que acabará ocurriendo. Los posconvergentes reclaman “acciones concretas” del Ejecutivo en este sentido, pero la Moncloa contesta que hay que esperar a los recursos de apelación presentados ante el Supremo por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, así como al Tribunal Constitucional.