El Gobierno aumenta la presión sobre el Supremo para la aplicación de la amnistía a Puigdemont

El Gobierno eleva el tono contra el Tribunal Supremo y le acusa de "extralimitarse" por negar la amnistía a Carles Puigdemont, al tiempo en que le advierte que sólo logrará "retrasar" su aplicación y pide intervenir al Tribunal Constitucional. La investidura de Salvador Illa en Cataluña ha abierto en Moncloa un nuevo frente con el partido posconvergente, que ahora eleva el precio de su apoyo y le reclama "acciones concretas" para exonerar a su líder, fugado desde 2017 para evitar las consecuencias penales del referéndum del 1 de octubre.

La respuesta del Ejecutivo a las exigencias de Junts ha consistido en cuestionar abiertamente la decisión del Alto Tribunal, que hace un mes rechazó aplicar la norma de gracia a Puigdemont por tratarse de un delito de malversación. Desde Moncloa vienen insistiendo en privado en que no pueden hacer más sobre este extremo, pero cuatro días después de la investidura de Illa ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha aumentado la presión pública para que se aplique la amnistía al líder de Junts.

Preguntado sobre si podían hacer más para amnistiar a Puigdemont, el exalcalde de Valladolid defendió que "el Gobierno ha hecho lo que podía y debía" y reclamó a los jueces mover ficha. "Ahora le toca a la judicatura hacer lo que corresponde, que es interpretar las leyes con arreglo a su tenor literal", defendió este lunes en una entrevista en RNE.

"No hay por dónde cogerlo"

El dirigente no dudó en desdeñar los argumentos del Supremo y acusarle -sin citarlo expresamente- de "extralimitarse" para no aplicar la norma. "El tenor literal es muy claro y lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla diciendo por ejemplo que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron el dinero que les hubiera costado el referéndum de independencia. No hay por dónde agarrar esa interpretación", consideró Puente, llevando el tono mucho más allá de lo que ahora lo había hecho ningún miembro del Gobierno.

Cuando se conoció la decisión del Supremo sobre la malversación, hace un mes y medio, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dejó claro que no compartía los “argumentos políticos y jurídicos” de los magistrados, pero evitó entrar en valoraciones más allá. Pero algo ha cambiado esta semana, una vez consumada la investidura de Illa y tras las advertencias de Junts, cuyos siete diputados en el Congreso siguen siendo indispensables para mantener la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez.

Urge a actuar al TC

En el primer pronunciamiento de un ministro del Gobierno sobre la relación con Junts, Puente ha enviado un mensaje claro: la amnistía se aplicará tarde o temprano, advirtiendo de que los tribunales que se opongan a su implementación "lo único que conseguirán es retrasar la aplicación de una ley de amnistía que es clara, terminante, y que debería haber puesto punto y final a la cuestión judicial que se había suscitado en relación con los hechos de 2017".

Puente urge a pronunciarse al TC y advierte a los tribunales que, en caso de aplicar la amnistía, "lo único que conseguirán es retrasarlo"

En este sentido, el dirigente ha urgido a pronunciarse sobre este asunto al Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, que en las últimas semanas también ha enmendado al Supremo en condenas de especial relevancia política como los ERE, donde el tribunal de garantías constitucionales anuló parcialmente las condenas de los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán contra criterio del máximo órgano judicial.

Tras cerrar la crisis judicial

El Gobierno aumenta ahora la presión sobre los órganos judiciales unas semanas después de haber logrado aprobar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), zanjando así una crisis judicial sin precedentes, tras más de cinco años sin renovarse la cúpula de los jueces. Pero una vez nombrados los nuevos vocales del CGPJ, compuesto por una mitad de progresistas y una mitad de conservadores, el bloqueo parece persistir entre los magistrados ante la incapacidad de nombrar al presidente del Tribunal Supremo, que es también el presidente del máximo órgano judicial.

La presión del Ejecutivo se hace aún más evidente después de las exigencias que han puesto en Junts sobre Puigdemont, que la semana pasada volvió a España para fugarse de nuevo después, burlando la orden de detención que pesa sobre él. El Gobierno ya se pronunció a través de la Fiscalía y Abogacía, que presentaron recursos ante el Tribunal Supremo para pedir rectificar al magistrado Pablo Llarena y la Sala que juzgó el 'procés' y aplicar la amnistía al delito de malversación por el que se condenó al presidente de ERC Oriol Junqueras y fue procesado en rebeldía el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. En los escritos de impugnación interpuestos, que están pendientes de resolverse, se instaba a la retirada inmediata de la orden de detención nacional que pesa contra el líder de Junts.

Exigencia de Junts

Las nuevas presiones del Gobierno hacia la judicatura llegan después de que Junts haya condicionado su apoyo al Gobierno a que dé pasos concretos en favor de la amnistía de su líder. En la formación independentista creen que el Gobierno no está haciendo todo lo que está en su mano para defender su aplicación.

En la próxima reunión que celebren en Suiza, dentro del acuerdo de encuentros con mediadores internacionales, reclamarán no solo que se pronuncie a favor de la exoneración completa de las causas abiertas contra Puigdemont -algo que el Ejecutivo ya viene haciendo-, sino que también exigirán "acciones" concretas, aunque de momento no han desvelado en qué se traducen esas acciones. "Si su posición es que la ley ya se aplica, esto no tiene más recorrido", espetó el secretario general de Junts, Jordi Turull, la semana pasada.

El hecho de que Puigdemont no fuera detenido el pasado jueves da cierto margen al Gobierno, puesto que permite al expresident fugado mantenerse en la mesa de negociación, en la que no podría sentarse en caso de haber sido encarcelado. La incógnita, ahora, será hasta dónde elevará Junts la presión hacia el Gobierno, que se esfuerza cada vez más en escenificar la sintonía con la principal petición del partido independentista.