El congreso de Junts complica aún más al Gobierno la tramitación de los Presupuestos

El Gobierno tiene cada vez menos claro que los Presupuestos del año que viene vayan a estar aprobados antes del 1 de enero. El porqué de sus dudas se encuentra en Catalunya, la comunidad por la que pasa casi todo en esta endiablada legislatura. La Moncloa continúa eufórica por la investidura de Salvador Illa. “Es quizá el acontecimiento [político] más importante de la década”, dijo el martes el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Pero en privado los colaboradores de Pedro Sánchez reconocen que la llegada del primer secretario del PSC al Palau de la Generalitat gracias al apoyo de ERC, rompiendo así la larga etapa de poder independentista en la autonomía, implica un alejamiento de Junts, cuyos siete diputados son indispensables para sacar adelante las cuentas públicas. 

El escenario, de por sí muy complejo, se ha enrevesado todavía más con el anuncio por parte del partido de Carles Puigdemont de que adelantaba dos años su congreso para celebrarlo a finales de octubre, en principio el 26 y 27 de ese mes, con el objetivo de elaborar una nueva estrategia y, previsiblemente, elegir al expresident como líder, ya que en la actualidad no ostenta ningún cargo. El cónclave de los posconvergentes coincidirá con la negociación a fondo de los Presupuestos, así que no parece el momento más apropiado para contar con su respaldo. 

Junts convoca su congreso a finales de octubre y contempla que Puigdemont asuma la presidencia

Dentro del Gobierno hay diversas opiniones sobre lo que está por venir. Todos los consultados coinciden en que el congreso de Junts supone un nuevo obstáculo. Pero hay quienes creen que al final los posconvergentes optarán por la “política útil” y se sentará a negociar, intentando lograr contrapartidas e inversiones en Catalunya que sirvan para su eterna batalla con ERC, un partido que también celebrará su cónclave interno este otoño, el 30 de noviembre, pero con el que el PSOE mantiene vínculos mucho más estrechos en la Cámara baja, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. 

La amnistía del expresident

Otros colaboradores de Pedro Sánchez, en cambio, son más pesimistas. Anticipan que resulta poco probable que Puigdemont dé su respaldo a los Presupuestos en estas condiciones, a las que hay que sumar la propia situación judicial del expresident, a quien de momento no se le ha aplicado la amnistía, tras una polémica decisión del Tribunal Supremo que el Gobierno espera revertir, probablemente cuando el asunto llegue al Tribunal Constitucional.

“Ahora mismo es muy aventurado juzgar si Junts está o no por la labor. Tenemos que sentarnos y hablar con ellos”, explica un ministro. Los puentes no están rotos, pero los socialistas todavía no han abordado en serio con los posconvergentes la nueva situación, que ya era poco favorable antes de la investidura de Illa. 

El Gobierno contesta a Junts que no puede hacer más por la amnistía de Puigdemont y pide "esperar" a los recursos frente al Supremo

El precedente de la senda de déficit

El pasado 23 de julio, seis días antes de que el PSC y ERC cerraran un acuerdo para elegir al exministro de Sanidad como nuevo president de la Generalitat a cambio de un concierto económico para Catalunya, los siete diputados de Junts se alinearon por sorpresa con el PP y Vox y tumbaron los objetivos de déficit y deuda presentados por el Gobierno, un paso previo necesario para la elaboración de las cuentas públicas. Fue un serio aviso del cambio de ciclo por parte de los posconvergentes, pero la situación presupuestaria ya venía previamente condicionada por la política en Catalunya. Los Presupuestos que están en vigor son los de 2023, ya que el anticipo electoral anunciado en marzo por Pere Aragonès provocó que el Gobierno renunciara a presentar las cuentas de este año, al concluir que con unos comicios autonómicos a la vuelta de la esquina, ni Junts ni ERC iban a dar su apoyo a una de las iniciativas más importantes del Gobierno. 

Ahora es probable que el Gobierno tenga que volver a prorrogar y esperar a una coyuntura política más propicia para aprobar las nuevas cuentas. El desenlace provocaría un aumento de la presión del PP sobre Sánchez para que decida poner fin a una legislatura que de momento apenas ha servido para aprobar leyes más allá de la de amnistía. Pero en la Moncloa aseguran estar tranquilos. “No habrá adelanto”, aseguran. El actual mandato de Sánchez, insisten, durará hasta 2027. Entre otros motivos, porque por mucho que Junts se aleje por completo del PSOE, no se unirá al PP y Vox en una moción de censura al presidente. “No hay una mayoría parlamentaria alternativa a la nuestra”, zanja el Gobierno.