El juez del caso Koldo permite de momento a la Abogacía del Estado defender a un cargo de Puente

Pese a la posición unánime de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen PP, Vox y la asociación Liberum en el caso Koldo, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno mantiene la personación de la Abogacía del Estado como defensora del actual número 3 en Transportes, Jesús Manuel Gómez García, que ha sido recientemente imputado en la causa que investiga la presunta trama corrupta de compra de mascarillas en pandemia. Las acusaciones instan a que los Servicios Jurídicos del Estado defiendan el interés general en vez de representar al cargo que mantiene en su puesto el ministro Óscar Puente, y advierten de un posible conflicto de intereses.

En una providencia con fecha de este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso este diario, el titular del Juzgado Central número 2 responde que ha de estarse a lo acordado el pasado día 9 sobre la personación de la Abogacía del Estado para actuar en defensa de Gómez García, eso sí, "sin perjuicio de lo que proceda acordar si a lo largo de la instrucción se produce un conflicto de intereses de comprobarse la eventual existencia de un delito contra la Hacienda Pública".

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Además, requiere a este organismo que aporte la autorización de la Dirección General de lo Contencioso que le habilitó para asumir la defensa del subsecretario de Transportes, tal y como había solicitado Liberum. 

 En cuanto a un posible ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria de determinarse la existencia de cuota defraudada en el ejercicio fiscal 2020 por parte de algunos investigados en esta causa, el juez ya decidirá más adelante.

Las acusaciones recordaban en sus escritos una petición del propio juez de la Audiencia Nacional a la Agencia Tributaria y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) respecto de determinadas actuaciones inspectoras realizadas a la empresa que lideró las adjudicaciones por más de 50 millones de euros -Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L.- y a diversas entidades vinculadas al presunto comisionista Víctor de Aldama, como son MTM 180 Capital S.L y Deluxe Fortune S.L. con respecto al ejercicio fiscal 2020.

Moreno apuntaba en una providencia dictada el pasado mes de marzo a la "conexidad subjetiva y objetiva entre los expedientes inspectores de la AEAT-ONIF y los hechos que se investigan en las presentes actuaciones", relativos a la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública. A este respecto, el PP advertía "pese a ser público y notorio el impacto que la presente causa tiene para los intereses del Estado por investigarse hechos de relevancia penal que, entre otras, habrían podido afectar a las arcas del estado, la Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado", este departamento no ha instado aún su personación en el caso Koldo.

Se coloca así en la misma posición que la propia Fiscalía y otras acusaciones populares como la ejercida por la asociación Liberum, la primera en cuestionar la personación de la Abogacía del Estado como defensora de un cargo actual del Gobierno en esta causa. La cuestión es que los hechos por los que se imputa a Gómez García --que declarará en calidad de investigado ante el juez el próximo 9 de septiembre-- encajan en el capítulo de delitos contra la Administración Pública del Código Penal.

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La imputación de varios cargos del Ministerio de Óscar Puente había sido instada por Anticorrupción a finales del pasado mes de mayo, y el juez Moreno los citó una vez que el Supremo falló a favor de cederle la competencia principal de la causa el pasado 26 de julio. Concretamente, serán escuchados en calidad de investigados Gómez García, el director general de Gestión de Personas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Michaux Miranda Paniagua y el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, 'Alvarito', que fue destituido por el ministro Puente. 

El juez ya investiga a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y a otras seis personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.