El PP pide al juez del caso Koldo que la Abogacía defienda los intereses de Hacienda en vez de representar a un cargo de Puente

La personación de la Abogacía del Estado en defensa de uno de los nuevos imputados en el caso koldo, el actual subsecretario general de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, ha despertado la oposición unánime de todas las partes personadas en este procedimiento, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción. El último en pronunciarse ha sido el PP, que en un escrito remitido a la Audiencia Nacional con fecha del pasado 18 de agosto plantea al juez del caso, Ismael Moreno, la necesidad de que los Servicios Jurídicos del Estado defiendan el interés general en vez de representar a un cargo del Gobierno presuntamente implicado en la trama de compra de mascarillas en pandemia. Advierte también de una posible causa de nulidad de las actuaciones si no se corrige este extremo.

La clave es una petición del propio juez de la Audiencia Nacional a la Agencia Tributaria y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) respecto de determinadas actuaciones inspectoras realizadas a la empresa que lideró las adjudicaciones por más de 50 millones de euros -Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L.- y a diversas entidades vinculadas al presunto comisionista Víctor de Aldama, como son MTM 180 Capital S.L y Deluxe Fortune S.L. con respecto al ejercicio fiscal 2020.

El propio juez apuntaba en una providencia dictada el pasado mes de marzo a la "conexidad subjetiva y objetiva entre los expedientes inspectores de la AEAT-ONIF y los hechos que se investigan en las presentes actuaciones", relativos a la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública. El PP constata en su escrito que "pese a ser público y notorio el impacto que la presente causa tiene para los intereses del Estado por investigarse hechos de relevancia penal que, entre otras, habrían podido afectar a las arcas del estado, la Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado", este departamento no ha instado aún su personación en el caso Koldo.

"Es evidente que si la Agencia Tributaria tiene derecho a personarse, bajo la representación de la Abogacía del Estado en la presente causa, para ejercitar sus derechos en defensa de los intereses generales, la misma Abogacía del Estado no podría estar personada en defensa de funcionarios investigados, pues el conflicto de interés es claro y patente, generador de indefensión y, por tanto, podría acarrear claros perjuicios procesales tales como la nulidad de actuaciones", agrega el documento, al que ha tenido acceso este diario. 

Se coloca así en la misma posición que la propia Fiscalía y acusaciones populares como la ejercida por la asociación Liberum, la primera en cuestionar la personación de la Abogacía del Estado como defensora de un cargo actual del Gobierno en esta causa.

El PP apunta que los hechos por los que se imputa a Gómez García --que declarará en calidad de investigado ante el juez el próximo 9 de septiembre-- encajan en el capítulo de delitos contra la Administración Pública del Código Penal.

Por ello añade que "no puede entenderse cómo la Abogacía del Estado pueda postularse en defensa de aquellos investigados por delitos que precisamente atentan contra los bienes jurídicos que debe defender la Abogacía del Estado (entre otros, el correcto funcionamiento de la Administración Pública)".

Ofrecer acciones a Hacienda

Llama asimismo la atención el PP sobre que no haya realizado el preceptivo ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria "quien debería personarse representada por la propia Abogacía del Estado". Por todo ello, pide al juez Moreno que valore el conflicto de interés que se genera "y las consecuencias tan negativas para el procedimiento que se podrían derivar si no se corrige esta situación en fase de instrucción como es la nulidad de las actuaciones por afección del derecho a la defensa".

Además de citar numerosa jurisprudencia para avalar su postura, los de Núñez Feijóo piden expresamente al juez que cite a la Agencia Tributaria para realizar el preceptivo ofrecimiento de acciones y, una vez hecho ésto, analice el potencial conflicto de interés en la postulación de la Abogacía del Estado en defensa del cargo que mantiene en su puesto el actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

Fue el pasado 7 de agosto cuando la Abogacía informó al juez de su intención de asumir la defensa de Gómez García. La imputación de varios cargos del Ministerio de Óscar Puente había sido instada por Anticorrupción a finales del pasado mes de mayo, y el juez Moreno los citó una vez que el Supremo falló a favor de cederle la competencia principal de la causa el pasado 26 de julio. Concretamente, serán escuchados en calidad de investigados Gómez García, el director general de Gestión de Personas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Michaux Miranda Paniagua y el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, 'Alvarito', que fue destituido por el ministro Puente.

El juez ya investiga a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y a otras seis personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.