Puente cesa a dos altos cargos imputados por el caso Koldo tras una auditoría interna de Transportes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este viernes el cese del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y la petición al presidente de Adif, Ángel Contreras, de que cese también al director general de Gestión de Personas de esta entidad, Michaux Miranda, por el 'caso Koldo'. El dirigente socialista ha explicado en una comparecencia en el Senado que esta decisión se debe a que la auditoria interna realizada en el Ministerio de Transportes concluye que hubo irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, epicentro de la presunta trama de corrupción.

Ambos altos cargos fueron imputados a finales de julio por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar la adjudicación de los contratos a la presunta trama de corrupción relacionada con Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos. "Los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría producen una pérdida de confianza", ha dicho Puente, antes de reiterar que es una decisión que se "basa exclusivamente en aspectos meramente administrativos que se han puesto de manifiesto con rotundidad en la auditoria" que él mismo solicitó a finales de febrero.

"Con ello no pretendo prejuzgar ni realizar ningún tipo de valoración que tenga que ver con cuestiones que sólo atañen a los tribunales de justicia", ha dicho, antes de apuntar que considera que esta es la mejor decisión para el Ministerio, pero también para los investigados, ya que "a partir de hoy tendrán una oportunidad mejor para defenderse que lo que han venido haciéndo en el foco de la propia opinión pública todos los días".

Las irregularidades

Puente ha explicado que dispone del informe de la auditoría desde el pasado martes, 20 de agosto, y que ha preferido dar traslado de su contenido en la comisión, ya que el PP había solicitado su comparecencia para ello. En este sentido, el ministro ha leido varios fragmentos del informe en los que se detallan las numerosas irregularidades encontradas en la tramitación en los dos contratos que realizó el Ministerio de Transporte durante la pandemia para adquirir un total de 13 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por un valor total de 36 millones de euros.

En concreto, la auditoría detalla que en marzo de 2020 el Ministerio solicitó la compra de cuatro millones de mascarillas por el procedimiento de urgencia para hacer frente a la crisis del covid, pero que en un lapso de tiempo de 38 minutos se elevó esa petición a ocho millones, sin justificarse la ampliación de esa cantidad. Además, se incida que "los ocho millones de mascarillas vienen a coincidir con la oferta" de la empresa de la presunta trama, por lo que el contrato "estaría más relacionado con la oferta que con las necesidades detectadas".

A todo esto se suma que no se analizó ninguna otra oferta, por lo que el informe advierte que se debería haber buscado algún otro proveedor o haber justificado el por qué no se hizo esto. Por otro lado, la auditoría asegura que en este primer contrato se adquirieron las mascarillas a un precio de 2,5 euros, lo que estaba por debajo del precio de mercado. Eso sí, las mascarillas no se recibieron a tiempo, en el plazo establecido de 48 horas, sino que tardaron casi un mes.

Un segundo contrato

Más adelante, el informe detalla que en los siguientes días se adjudicó otro contrato a la misma empresa para comprar cinco millones más de mascarillas. En este punto, se recoge que aún no se habían recibido el primer lote de tapabocas y que tampoco se dio justificación alguna de la necesidad de realizar esta compra. Es más, la auditoría indica que en este segundo contrato hubo otros ofertantes y con precios más reducidos.

Puente también ha leído un fragmento del informe en el que se da por probado que existió "influencia ejercida por personas ajenas a procedimientos reglados". El ministro ha precisado que se refería al presunto 'conseguidor' de la trama, el empresario Víctor de Aldama.

Las explicaciones de Puente le han servido al PP para afirmar que el ministro ha asumido la corrupción en su ministerio y que el cese de Gómez y Miranda no es suficiente. "Estamos ante una corrupción piramidal y tenemos que saber muchas más cosas. Aquí hay mucha gente que se ha enriquecido injustamente y ustedes tendrán no solamente que rendir cuentas, sino que asumir responsabilidades al más alto nivel", ha avisado el senador del PP, Fernando Martínez Maillo.