Puente no puede acreditar que la trama Koldo entregara casi 3 millones de mascarillas por valor de 7,2 millones

La auditoria encargada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los contratos adjudicados a la trama koldo para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia de covid revela toda una serie de irregularidades, tanto en la tramitación como la ejecución de dos contratos avalados por el entonces ministro José Luis Ábalos, con un detalle que va más allá de lo instruido por el momento por el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Entre ellos, que no se pueda acreditar documentalmente la recepción de 2,8 millones de mascarillas (equivalentes a 7.262.832 euros) del lote de 4 millones con destino a las entidades públicas en el ámbito del transporte terrestre.

Se trata de uno de los puntos que destaca el informe de auditoría avanzado por el propio Puente este viernes en el Senado, que ya ha tenido consecuencias políticas: el cese hasta ayer número 3 de Transportes, Jesús Manuel Gómez, encargado directo de la ejecución de los contratos, y de otro cargo de Adif. El informe se centra en las dos órdenes de compra de tapabocas por parte de Puertos del Estado y Adif por un total de 32,5 millones de euros.

Se da la circunstancia de que la primera de estas órdenes, tal y como informó ya este diario, duplicó a la compra inicialmente prevista de mascarillas por Puertos del Estado --de 4 a 8 millones de unidades-- que se adjudicó a Soluciones de Gestión, la principal empresa investigada en la trama. El cambio de opinión sobre las necesidades de EPI en este organismo público tuvo lugar en tan solo 38 minutos, según obra en el informe 

La orden describe el procedimiento de distribución y distingue entre los 3,9 millones mascarillas con destino a las Entidades públicas adscritas al Ministerio y la distribución de otros 4 millones de mascarillas con destino al personal del propio Ministerio y al ámbito del sector del transporte terrestre.

Sin embargo, y en relación con este último lote de mascarillas, la auditoría reconoce que con acta de entrega tan solo puede acreditar 1.138.194 mascarillas, que suponen 2.888.167 euros. "Sin acreditar documentalmente su recepción: 2.861.806 de mascarillas, equivalentes a 7.262.832,73 euros", apunta. A pesar de esta falta de constancia documental de que las mascarillas llegaran a sus destinatarios finales, Puertos del Estado abonó todas las facturas a la empresa contratada para el reparto. 

Tampoco consta acta de entrega a Correos de los 2.870.287 de mascarillas que, de acuerdo con la estimación realizada por la entonces Dirección General de Transporte Terrestre, debían ser distribuidas a los transportistas. "A su vez, no existe constancia documental de la recepción por parte de las CCAA de 463.740 mascarillas (1.176.508 €), y tampoco existe constancia documental de la recepción por las empresas ferroviarias de 2.438 mascarillas (6.185 €)", abunda el informe, subrayando la total falta de control en la distribución de los tapabocas adquiridos.

Koldo la pide de pista

Por otra parte, el informe destaca la falta de control inicial de mascarillas en el Ministerio, y especialmente el papel desempeñado por el entonces asesor de ábalos, Koldo García --principal imputado en el caso que instruye la Audiencia Nacional-- "dando instrucciones directas a pie de pista a la empresa de distribución sobre el destino de las primeras mascarillas que llegaron a Barajas.  

De hecho, llevó 25.000 mascarillas por su cuenta al Ministerio, "que custodió y posteriormente retiró, sin que quedara constancia alguna más allá del conocimiento oficioso por parte de la Oficialía Mayor" y de uno de los directores generales. Pese a que se obligó a duplicar la compra por parte de los proveedores, ha acabado sobrando material, y "en estos momentos se mantienen en los almacenes de este Departamento 238.840 mascarillas, y en almacén existente en Azuqueca de Henares, unas 206.000 mascarillas que, en términos económicos, suponen 1.128.559 euros", dice también la auditoría.

Adjudicación en Adif

Para la compra de 5 millones de mascarillas destinadas a Adif se llevó a cabo un estudio de mercado y quedaron dos empresas: Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, e Injoo Technology, “resultando mejor valorada y siendo más ventajosa económicamente” la oferta de esta última. Sin embargo, finalmente se decantaron por la empresa que había elegido Puertos del Estado, a pesar de que “no todos los departamentos de Adif consideraban adecuada la elección”.

Sin embargo, no consta la realización de un análisis sobre detección de esta necesidad en la documentación analizada por el equipo de Puente. "De hecho, en la Orden no se indican los destinatarios finales de estas mascarillas, respecto a los que se habría detectado la necesidad", apunta, entre otras irregularidades.