El PP fracasa en su intento de llevar a Sánchez al Congreso por la huida de Puigdemont

El PP empieza el curso político con un tropiezo. La formación de Alberto Núñez Feijóo lleva todo el verano preparando su ofensiva contra el Gobierno de coalición. Sin embargo, ha fracasado en su primer intento de cercar a Pedro Sánchez y a sus ministros en el Congreso, a los que quería obligar a dar explicaciones sobre la huida del expresident Carles Puigdemont, de la nueva financiación para Cataluña, de la situación en Venezuela o de la migración. Los populares, no obstante, solo han cosechado en la Diputación Permanente el respaldo de Vox y el de Junts, este último solo para determinados puntos, lo que ha resultado insuficiente, dejando sin efecto el primer paso de la estrategia conservadora.

Tras un verano en el que el PP no ha dejado un solo día de arremeter contra el Gobierno y en el que no le han faltado temas para ello, el Ejecutivo ha contado con la gran mayoría de sus aliados parlamentarios para evitar la comparecencia obligatoria de sus miembros. Algo que durante debate ha enfadado a los populares, que reclamaban al PNV, el partido más próximo a ellos, que forzase las explicaciones del Gobierno en alguna de las diez peticiones que han impulsado. La solicitud que ha estado más cerca de aprobarse era para que Sánchez informara sobre su plan migratorio: PP, Vox y Junts lo han apoyado; Podemos, con el voto del grupo mixto, se ha abstenido, pero el resto se ha opuesto.

Debate caldeado

"Sánchez depende de un delincuente prófugo para continuar en Moncloa. Sánchez necesitaba que Puigdemont no fuese detenido y, oh, casualidad, ocurrió exactamente eso", ha denunciado el diputado del PP Jaime de Olano antes de reclamar que el presidente del Gobierno acuda al pleno del Congreso para dar explicaciones sobre cómo el expresident de la Generalitat, con una orden de búsqueda pendiente, pudo entrar en España, dar un discurso en el centro de Barcelona y volver a fugarse.

Y, en contra de lo que puede parecer lógico, Junts ha apoyado esta petición, aunque por cuestiones totalmente contrarias. La diputada posconvergente Marta Madrenas i Mir ha denunciado que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no quiera aplicar la ley de amnistía a Puigdemont para "legislar a través de sentencias". Así, su intención es que Sánchez diera cuenta del "problema con la democracia y con el TS" que tiene España. Además, ha dejado claro que no son "socios" del Ejecutivo y que prueba de ello es su voto a favor de varias comparecencias, aunque haya sido insuficiente.

El acuerdo PSC-ERC

Los populares tampoco han sacado adelante la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el acuerdo firmado entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa y si este incluye el concierto catalán. El portavoz económico del PP, Juan Bravo, ha criticado a Montero por intentar negar la realidad de un pacto que los republicanos catalanes han reivindicado después: "Entre el Gobierno de España y los separatistas nos quedamos con los separatistas". Por ello, ha pedido que la ministra explique claramente en que consiste el pacto, aunque ya ha asegurado que solo busca "quebrar la solidaridad a cambio de poder".

Junts ha respaldado esta solicitud de comparecencia, defendiendo que quieren saber qué es lo que realmente ha pactado ERC, si lo que dice el Ejecutivo o lo que defienden los republicanos. Pero su apoyo, sumado al de Vox, ha vuelto a resultar insuficiente. Ni Podemos, ni PNV, ni, EH Bildu, ni ERC, ni mucho menos los partidos del Gobierno se han sumado, defendiendo todos ellos las bondades del acuerdo o alegando que el pacto se acabará explicando en profundidad en las próximas semanas.

Migración, Venezuela y otros asuntos

Los socios tampoco han querido que Sánchez acuda al pleno de la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la posición del Ejecutivo ante el proceso electoral celebrado en Venezuela a finales de julio. Los populares llevan semanas exigiendo que se reconozca la victoria de Edmundo González a la vista de las actas publicadas por la oposición. Sin embargo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya aseguró hace dos semanas en el Senado, donde compareció a petición del PP, que España está pidiendo al régimen de Nicolás Maduro la publicación de las actas electorales, una reclamación que está coordinada con la Unión Europea. Con las mismas, han fracasado las peticiones para que Albares vuelva a dar explicaciones en varias comisiones.

Lo mismo ha ocurrido con la solicitud para que el ministro de Transportes, Óscar Puente, informara sobre el caos de la red ferroviario -un tema que ya abordó el pasado viernes en el Senado-, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre el error legislativo en la ley de paridad que ha eliminado