Barrabés recurre el registro que dictó Peinado mientras estaba hospitalizado

Juan Carlos Barrabés, el empresario supuestamente beneficiado por cartas de recomendación elaboradas por la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de cara a la obtención de contratos públicos, ha acudido directamente a la Audiencia Provincial de Madrid para solicitar la nulidad de los registros que la Guardia Civil realizó por orden del juez Juan Carlos Peinado el pasado fin de semana tanto en su domicilio como en la sede de sus empresas. Mientras se realizaban estas entradas, Barrabés se encontraba --y aún lo está-- recuperándose en un hospital de una intervención de trasplante de médula.

En su escrito de apelación directa --que elude el trámite previo de acudir en reforma ante el mismo Peinado-- la letrada Paola Úbeda Martínez-Valera pone de manifiesto la "falta de consideración y humanidad" del titular del Juzgado de Instrucción número 41, que además ordenó a los agentes acudir al propio centro hospitalario a incautar al empresario sus dispositivos electrónicos, lo que le dejó incomunicado. En el domicilio se intervinieron los móviles de sus hijos menores de edad y de su esposa.

El documento remitido a la Audiencia, al que ha tenido acceso este diario, se extiende durante 24 páginas para justificar la nulidad de la diligencia de registro por su "ausencia de proporcionalidad, idoneidad y necesidad". Señala asimismo el "cúmulo de irregularidades" que concurren en la orden del juez y apunta a la "infame politización" de la causa por parte de las acusaciones populares.

"Por supuesto que no cuestionamos la posibilidad de practicar una entrada y registro en pleno mes de agosto, pero sí cuestionamos la urgencia que pudiera existir para ello", agrega el escrito, que se practicara cuando nuestro representado estaba internado en el hospital padeciendo un grave tratamiento y por lo tanto sin posibilidad física de estar presente", agrega el recurso, que incide en que esta circunstancia era perfectamente conocida por el juez.

Correos incautados

Hasta tal punto llega la inconcreción de la orden de registro, según esta parte, que se procedió a la búsqueda y clonación de numerosos correos electrónicos sin que la resolución precisara las personas afectadas o los titulares de las cuentas de correos que deberían verse afectados. "La fuerza actuante incautó los correos electrónicos de nuestro representado, el señor Barrabés, pero también los de Luis Miguel Ciprés, Luis Antonio Martín, Carmen Cavero, Sofía Polo y Alejandro Fernández", agrega, todos ellos con algún grado de responsabilidad en sus empresas.  

Ello supone según la defensa una "gravísima vulneración del derecho a la intimidad y a la protección de datos de personas que no están investigadas ni se justifica cual pueda ser su relación con los hechos".

El recurso también cuestiona la labor de Peinado si se tiene en cuenta que, de los múltiples hechos inicialmente denunciados, los relacionados Barrabés se referían exclusivamente a la incorporación por parte de la unión temporal de empresas (UTE) constituida por Innova Next, S.L.U. y The Valley Digital Bussines School, S.L. al expediente de contratación pública con fondos europeos con el organismo público Red.es de las dos cartas de apoyo a los proyectos licitados emitidas por el Máster de Fundraising (captación de fondos) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y firmadas por Gómez en calidad de codirectora de dicho máster. 

"Filtrado" de la Sala

En este punto, la defensa recuerda que la Fiscalía Europea interesó el conocimiento de estos hechos por tratarse de contratos financiados con fondos europeos, mientras que la propia Sala realizó el pasado mes de mayo "un filtrado del inicial objeto de la instrucción" reduciéndolo precisamente a aquellos contratos públicos suscritos por la UTE Barrabés-The Valley con el organismo Red.es.

Por ello, considera que el juez Peinado a realizado una "reconfiguración sobrevenida —y muy forzada— del perímetro de la investigación", partiendo de "la presunción injusta e infundada" de que todas las adjudicaciones públicas a favor de Innova Next se han producido por influencia de Gómez y su entorno personal. "Y ello, sin ninguna clase de indicio o sospecha que amerite su investigación, más que la incesante presentación de escritos de las acusaciones populares", subraya.

La defensa agrega que cuando Barrabés prestó declaración en calidad de testigo el día 15 de julio, el Juzgado ya conocía los dos informes de la UCO sobre sus adjudicaciones "y no encontró razones en su contenido —claramente de descargo—" para modificar la condición procesal del empresario. Sin embargo, tan solo cuatro días después de dicha testifical, por parte del Instructor se dictó Auto acordando imputarle.

En ningún momento de su declaración como testigo, recuerda la letrada, se solicitó o se acordó de oficio la suspensión de la diligencia por entender que las respuestas del señor Barrabés podrían ser incriminatorias. "El Juzgado permitió que continuara la declaración (con la obligación legal de contestar y decir verdad del testigo y sin asistencia letrada) a sabiendas de que, inmediatamente después, como los hechos demostraron, imputaría a mi mandante", reprocha ante la Audiencia.

Ingreso y aislamiento

Además, se puso en conocimiento del Juzgado que Barrabés debía ser ingresado en el hospital con fecha 19 de agosto para recibir un transplante que dicho ingreso se prolongaría durante, al menos, tres semanas, a las que seguirá un periodo de profunda inmunodepresión que requerirá una situación de aislamiento total. 

Todo ello coloca a su cliente, según su defensa letrada, en una clara situación de indefensión: "Los indicios o sospechas recogidas en el auto habilitante responden a un juicio de inferencia ilógico y arbitratrio". Todo ello ante "la inexistencia de indicios que justigiquen la diligencia de entrada y registro", concluye, solicitando su nulidad.