El PP ve una rendija para el pacto migratorio tras el giro de Sánchez con las deportaciones

La gira por África del presidente del Gobierno ha cambiado, al menos en parte, el debate migratorio. A principios de semana la dirección nacional del PP aseguraba ver inviable un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería tras el fracaso de julio en el Congreso. Las posturas, decían en Génova, estaban demasiado alejadas, recalcando que sus condiciones se mantendrían intactas: financiación y recursos concretos para las comunidades autónomas colapsadas, la convocatoria de los presidentes autonómicos y la necesidad de actuar en los países de origen, implicando a la Unión Europea. Las declaraciones de Pedro Sánchez en Senegal, incorporando la seguridad como aspecto esencial y hablando de deportaciones, han hecho cambiar el tono del PP.

Y, como mínimo, ahora ven una rendija por la que explorar un acuerdo. En el entorno de Alberto Núñez Feijóo creen que hay un cambio en el Ejecutivo que hasta ahora no se había producido: asumir que se debe cortar el flujo migratorio en origen para que las entradas de inmigración irregular desciendan notablemente en España, como están haciendo otros países europeos. Sánchez dijo textualmente que es “imprescindible el retorno de quienes llegan irregularmente”, porque se traslada “un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias”. En Moncloa aseguran que no ha habido modificaciones discursivas a consecuencia de las críticas del PP y defienden que existe una hoja de ruta clara, insistiendo en que los conservadores rozan la xenofobia en su planteamiento.

Pero en un vistazo hacia el resto del continente, el socialista alemán Olaf Scholz lleva meses apostando por endurecer su política migratoria y acaba de firmar un acuerdo para combatir las mafias con el primer ministro británico, el también progresista Keir Starmer. La que más polémica suscita es sin duda la italiana Giorgia Meloni, que además de desembolsar cantidades muy importantes de dinero a países emisores para que colaboren, ha cerrado acuerdos bilaterales con vecinos como Albania para trasladar inmigrantes a ese Estado y, sobre todo, ha aplicado mano dura con oenegés multándolas y bloqueando sus barcos como ha ocurrido con Médicos Sin Fronteras estos días tras salvar a cientos de personas en el Mediterráneo.

En este contexto, el PP considera que “hay un nuevo enfoque” en toda Europa -en muchos casos con políticas muy restrictivas, que irán a más- al que Sánchez “antes o después tenía que unirse”. Y creen que ahora “puede haber un punto de partida”. En Génova criticaron duramente los primeros anuncios del presidente desde Mauritania, centrados en inmigración circular para promover contratos temporales para que nuevos migrantes pudieran acudir a España a desarrollar trabajos estacionales, a pesar de que es un modelo que funciona en otros países y que también el PP lo impulsó gobernando.

Los populares se quejaban de que “ese no debía ser el motivo del viaje en vista de la situación crítica” y terminaron recrudeciendo su posición a niveles máximos -y en clara competición con Vox- hablando de “efecto llamada”, de “improvisación” y de “disparates” a pesar de que Sánchez ya había hablado de los beneficios de la inmigración siempre que fuera “segura, ordenada y regular”.

La sorpresa para la oposición llegó cuando en la noche del miércoles Sánchez habló en Senegal de que los retornos de inmigrantes irregulares a sus países eran “imprescindible”. Un lenguaje que no se había escuchado en estos días desde el Gobierno de España, y que además introducía por primera vez las deportaciones de extranjeros y una voluntad de cortar los flujos migratorios.

El PP cree que la Unión Europea debe implicarse más en la situación de España como frontera sur del continente, ahora que además la ruta canaria se ha intensificado como consecuencia del bloqueo de Túnez como puerta de salida al Mediterráneo. Ya a principios de julio Feijóo aprovechó una reunión con sus socios del PP europeo -incluida Ursula von der Leyen- para pedir “ayuda”. 

En Génova insisten en que esto “es un primer paso” que puede transformarse en interlocución para tratar de reformar la Ley de Extranjería. Para el PP es esencial actuar en los países de origen porque entienden que la presión se puede reducir drásticamente. Después, insisten, las CCAA que gobiernan necesitan -sobre todo Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, además de Canarias y Ceuta, que son las dos que realmente están al límite- recursos e infraestructuras físicas. Pero, al mismo tiempo, reconocen que la acogida de los migrantes en las comunidades se facilita por sí misma si empieza a recortarse el flujo de inmigración irregular.

La reforma de la Ley de Extranjería urge a las islas y a la ciudad autónoma, que reclaman ya un acuerdo entre PP y PSOE. El arranque del curso político oficial, a partir de septiembre y con la vuelta del Congreso a pleno rendimiento, determinará si es la prioridad. Los populares también registraron una Proposición No de Ley hace unos días para forzar una votación en la Cámara Baja con sus propuestas. La clave, dicen en Génova, es si se consolida el camino emprendido por Sánchez en su último día en África y si eso se traslada a un acuerdo en el plano nacional.