Una acusación popular solicita la imputación del exministro Ábalos en el caso Koldo tras la auditoría de Puente

Aún no se ha abierto formalmente el nuevo año judicial, pero los principales casos en manos de los tribunales no han interrumpido la investigación. Este mismo lunes la acusación popular que ejerce Iustitia Europa ha pedido al Juzgado Central de Instrucción número 2 que impute y tome declaración como investigado en el caso Koldo al exministro de Fomento José Luis Ábalos, situación para la que el ahora diputado debería estar dispuesto a declarar voluntariamente en la Audiencia Nacional, ya que dada su condición de aforado solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo.

Iustitia Europa sostiene que existen indicios suficientes de la presunta comisión de los delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de caudales, blanqueo y fraude administrativo, según entiende que se desprende del Informe de la Auditoria del Ministerio de Transportes, del pasado 19 de agosto.

La petición se realiza después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno reclamara al Gobierno -y el Gobierno entregara- el informe de auditoría impulsada por el ministro Óscar Puente que señala irregularidades en las adjudicaciones a la empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión, para la compra de 13 millones de mascarillas al inicio de la pandemia. El encargo se gestionó mediante dos órdenes de compra firmadas por su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos.

En su escrito, al que ha tenido acceso este diario, la organización presidida por el abogado Luis María Pardo argumenta que de dicho informe "se desprenden indicios que señalan como se pudieron aprovechar de la normativa de emergencia durante el covid, y se pretendió burlar el derecho administrativo con resoluciones que eran objetivamente contrarias a derecho, en un doble sentido: primero porque se aumentó la orden ministerial de adquisición de mascarillas en 4.000.000 millones de euros más, utilizando el derecho de emergencia del art. 120 dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público".

Añade que "una vez conducida la adjudicación a Soluciones de Gestión se prostituyó esta, a través del fraude consistente en encargar a un único contratista, seleccionando caprichosamente, en los que el arbitrariamente elegido debía procurar las condiciones por él ofrecidas". Y, en tercer lugar, porque "se desconoce el destino de millones de mascarillas y por consiguiente, de millones de euros de los españoles, al no constar, actas, albaranes, o comprobantes de entrega de las mismas". 

A partir de ahí, Iustitia Europa considera que Ábalos abusó de su cargo y actuó de forma desleal sobre el patrimonio administrado, al adjudicar los contratos indebidamente a la empresa utilizada por la trama del caso Koldo. En su opinión, el informe de la auditoría encargada por el ministro Puente señala "decenas de evidencias de que las decisiones y conocimiento" alcanzaban Ábalos, ya que los testigos e imputados han explicado que se adoptaban "a nivel ministro o del gabinete del ministro", o por el asesor "habilitado por el ministro" o con su conocimiento, puesto que ciertos "movimientos se realizaban al más alto nivel", que era el correspondiente al ministro o su gabinete.

El informe ya ha hecho que otra acusación popular, la que ejerce Liberum, haya solicitado que se tome declaración como testigo al actual ministro. El juez Moreno ha dado un primer paso consistente en solicitar a Anticorrupción un informe sobre la conveniencia o no de tramitar esta petición.

Luis María Pardo, por su parte, argumenta que “el hecho de que haya podido existir semejante fraude a la ciudadanía, durante el covid, con respecto a las mascarillas y las decenas de millones de euros hurtados a los ciudadanos españoles, hace todavía más criminal todo lo que se está investigando por parte de la autoridad judicial.”