Sánchez anima a los barones críticos con la financiación catalana a expresarle cara a cara su malestar

El PSOE reunirá este sábado en Madrid a su comité federal, un organismo con más de 100 miembros que incluye a todos los líderes territoriales socialistas. La cita servirá para convocar formalmente el congreso del partido, que se celebrará del 15 al 17 de noviembre, con el partido reformando su proyecto político y renovando a su ejecutiva, en la que Pedro Sánchez seguirá, sin ninguna duda, como secretario general. Pero el encuentro también será el escenario de un complejo debate sobre financiación autonómica, después de que numerosos barones, en un malestar muy transversal en el partido, hayan criticado el reciente acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa y permitir que Catalunya recaude todos los impuestos generados en su territorio. Sánchez no rehúye este espinoso asunto. Al contrario. 

Tras numerosas declaraciones públicas de distintos líderes territoriales (algunos tradicionalmente críticos, como el castellano-manchego Emiliano García Page, y otros afines, caso del asturiano Adrián Barbón), el presidente del Gobierno quiere escuchar sus reservas cara a cara. El comité federal de esta semana y el congreso de mediados de noviembre, ha señalado este lunes tras la reunión de la ejecutiva la portavoz del PSOE, Esther Peña, son el “lugar idóneo” para que "todos los miembros del partido” puedan hablar de financiación autonómica. En este sentido, englobando tanto a los presidentes autonómicos del PP como a los del PSOE, la dirigente socialista les ha retado a demostrar las “agallas” necesarias para presentar su fórmula y negociar mejoras.  

Las expectativas

El entorno del jefe del Ejecutivo no anticipa un comité federal convulso por el pacto entre el PSC y ERC. Tampoco cree que el congreso del PSOE vaya a verse deslucido por esta cuestión. Desde que Sánchez recuperó el liderazgo socialista, a mediados de 2017, la autoridad del líder ha sido discutida con muchísima menos fuerza que en su etapa anterior, pese a iniciativas tan controvertidas como la amnistía del ‘procés’. Esta vez es distinto, porque los recelos abarcan a territorios hasta ahora nada combativos con Sánchez, pero en la dirección del partido creen que se han ido disipando conforme ha ido transcurriendo el mes de agosto. 

Al mismo tiempo, el hecho de que tras el congreso de noviembre tengan que celebrarse a su vez los cónclaves autonómicos, para elegir nuevos líderes territoriales o mantener a los actuales, también provocará que los críticos con la financiación catalana eviten extremar el pulso para que Ferraz, llegado el caso, no impulse candidaturas alternativas. Y luego está la oferta lanzada por el Gobierno y ratificada este lunes por Peña para que las autonomías que así lo deseen exploren vías como la iniciada por Catalunya. 

En cualquier caso, los colaboradores del jefe del Ejecutivo consideran que se está poniendo el foco en un asunto que no reviste especial importancia, dejando de lado lo fundamental: la llegada de Illa a la Generalitat, que según la portavoz supone la prueba definitiva de que “se ha arreglado el problema más importante que había en este país, fruto de la desidia del PP”. 

La equiparación entre el PP y Junts

“No es tan importante quién recauda, quién gestiona. Lo que quieren los ciudadanos son servicios públicos de calidad”, ha dicho la portavoz, que aquí, en una muestra del complicado momento que pasan las relaciones entre el PSOE y Junts, ha equiparado a las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont. Tanto los populares como los posconvergentes, ha argumentado Peña, solo se preocupan por los sectores más acaudalados de la sociedad, dejando a un lado las “mejoras de los servicios públicos”. Por eso ambos están en contra del acuerdo. “Estamos hablando casi de un conflicto de clase”, ha zanjado.