El Fiscal general arremete contra la "perturbadora" acusación popular en plena eclosión de los casos contra el entorno de Sánchez

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha advertido este jueves sobre lo "perturbador" de los efectos que puede generar la figura penal de la acusación popular "cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas, e incluso meramente procesales". De este modo, ha arremetido contra "el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno", se aumente "el riesgo de investigaciones prospectivas".

En lo que parece una alusión directa a los casos que vienen cercando al entorno del presidente del Gobierno --como el dirigido contra su esposa, Begoña Gómez, o su hermano David Sánchez-- "pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia".

El principal representante del Ministerio Público participa este año en la apertura del Año Judicial en una situación algo delicada después de que un juez del Tribunal de Justicia de Madrid haya elevado una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pidiendo que le abra causa en este órgano --dada su condición de aforado-- por su posible responsabilidad en un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el empresario Alberto González Amador. Pese a esta inédita situación, García Ortiz ya ha manifestado en varias ocasiones que la situación no afectará a sus deberes públicos y descarta dimitir.

Durante su intervención este jueves ante el Rey, destacados miembros de la cúpula judicial y fiscal y representantes políticos, ha incidido en la necesidad de "un cambio de modelo que permita invertir el esquema que vemos reproducido a diario y en todas las instancias, aquel en el que los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal son el primer y único filtro de averiguación de los hechos, incluso aquellos que dudosamente presentan caracteres de delito, lo que puede pervertir la finalidad del procedimiento y la propia idea de Justicia".

El "mecanismo de represión más potente"

En su opinión, "el ejercicio de la acción penal supone activar el mecanismo de represión más potente que tiene un Estado moderno ante los propios tribunales de justicia". Además, además, ha defendido la labor desarrollada por el ministerio público al considerar que "fomenta la confianza en las instituciones y combate la desinformación, la mentira y el infundio, uno de los riesgos más importantes para nuestra democracia y también nuestra convivencia".

Por otro lado, ha incidido en que un sistema que permite, por otra parte, el "acceso directo a cincuenta millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo no es un sistema sostenible ni eficiente ni parangonable en el entorno europeo". En este punto ha advertido que el riesgo de colapso del propio alto tribunal y del resto de tribunales "es evidente".

"La mejor manera de desviar los recursos, humanos y materiales de los fines para los que están diseñados es inundarlos de papel", ha añadido durante su intervención. No obstante, más allá de este riego de colapso, García Ortiz considera que el "peligro" que describe ahora "es sustantivo e instrumental", pues cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular.

Por ello, y pee a considerarlo una "figura positiva, en principio", ha insistido en que "cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tiene acceso a él". Un interés que "mal utilizado puede llegar a serlo. Un interés particular, un derecho irrenunciable en el caso de las víctimas de los delitos".

Datos de la Memoria

En su intervención, García Ortiz destacó ciertos datos de la Memoria de 2023, año en el que se incoaron 1.663.862 procedimientos de diligencias previas, lo que "supone un crecimiento del 11,1% respecto del año" anterior. De ellos, los delitos contra la vida y la integridad representaron un 31% de ellas y los delitos contra el patrimonio, el 20%. Añadió que se abrieron 239.647 diligencias urgentes, lo que implica un incremento del 4,6% respecto a 2022. De estos procedimientos se han calificado el 64,4% y se llegó a una conformidad en los juzgados de instrucción en un 75,6%, lo que representa un 51,7% del total de las acusaciones formuladas por el ministerio fiscal en 2023.

Es este ámbito en el que enmarca la necesaria reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A su juicio, la figura del juez de instrucción, concebida en su momento "como un necesario y poderoso instrumento de investigación" no puede extender sus competencias "al conocimiento pleno y al control absoluto" del sometimiento de toda la actividad pública y privada al ordenamiento jurídico.

En otro orden de cosas, el fiscal general se refirió a los menores y las redes sociales. Ha advertido de que "estas herramientas son aptas para convertir a los menores en víctimas fáciles de delitos o de conductas irregulares, a la par que en potenciales infractores al albur de imitaciones inadecuadas, de la necesidad de protagonismo o de experiencias conductuales prematuras".