MENORES MIGRANTES
El Gobierno rechaza la propuesta “fake” de Feijóo y Clavijo y se aferra a reformar la ley de extranjería
Sin plan B sobre la mesa, en el Gobierno sí se muestran dispuestos a aumentar las partidas a Canarias para retener el apoyo de su diputada en el Congreso
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Canarias, Fernando Clavijo, este martes. / Rafael Arturo Jiménez Rivero
El Gobierno no contempla salidas a la situación de los menores migrantes en Canarias al margen de la reforma de la ley de extranjería que ya tumbó el Congreso. Un cambio legislativo para hacer obligatoria la acogida por parte del resto de comunidades autónomas que no fue tomada en consideración por el voto en contra de PP, Vox y Junts. De ahí el rechazo al plan pactado entre el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Antes incluso de que se le remita el documento, con nueve condiciones para apoyar la mencionada reforma, la titular de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo ha desdeñado al referirse a “acuerdos ‘fake’ y ‘performances’ a las que nos tiene acostumbrados” el líder de la oposición.
Desde el Ejecutivo han cargado contra el líder de la oposición por “haber dado la espalda” a Canarias con su rechazo a la reforma. La ministra socialista, en declaraciones a los medios antes de intervenir en la sesión de control al Gobierno en el Senado, se ha referido a la “hipocresía y cinismo” al mismo tiempo que ha dicho apostar por tender la mano a la oposición. Eso sí, dentro del margen de la propuesta para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Entienden que es la única vía dar una solución estructural, habida cuenta del fracaso de los mecanismos voluntarios utilizados hasta ahora.
Los socialistas evitan extender las críticas al presidente de Canarias, a pesar de mantener su amenaza de llevar al Gobierno a los tribunales por “dejación de funciones”. La situación que viven este territorio por la llegada de menores migrantes a sus costas ha llevado a amenazar el apoyo de Coalición Canaria al Ejecutivo. Las voces de un sector del partido que se inclinan por retirar el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez se han incrementado en las últimas semanas hasta abrir el debate en la organización nacionalista.
Sin plan B sobre la mesa, en el Gobierno sí se muestran dispuestos a aumentar las partidas a Canarias para retener el apoyo de su diputada en el Congreso. Según fuentes de Moncloa, su intención es plantear más ayudas económicas para cofinanciar la atención a menores migrantes. Una cantidad, avanzan, que supere los 50 millones consignados en los Presupuestos. Desde el partido nacionalista canario cifran en un total de 160 millones la partida que demandan referente a este ejercicio para no “sostener en solitario” el coste de la atención a los menores migrantes.
En Moncloa siguen urgiendo a que se admita a trámite el texto de la reforma que rechazó el Congreso para abrirse a negociar sobre esta base. Primero arrancar su tramitación y, posteriormente, “seguir introduciendo medidas”. De hecho, según defienden, si el Congreso no lo hubiese tumbado en este mes de septiembre “ya podríamos haber empezado a derivar” a los menores migrantes a otros territorios.
Aumento de recursos
Los puntos clave de la propuesta planteada este martes por Feijóo y Clavijo, según desgranó el líder del PP, pasan por la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes, la declaración de emergencia migratoria nacional y no solo en las islas y en Ceuta, y garantizar el control en fronteras con más controles policiales, un pasaporte de tránsito, más recursos en la Comisaría General de Extranjería, el despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad en los países de origen, solicitar a la UE el despliegue de Frontex y aumentar el personal en la tramitación de expedientes de retorno.
Por otro lado, el texto pactado también recoge un fondo de contingencia propio para las autonomías con recursos suficientes para todos los menores acogidos hasta que cumplan la mayoría de edad, y garantizar el compromiso del Estado de sufragar los recursos extraordinarios de las CCAA cuando vean sobrepasadas sus capacidades de atención de menores.
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