Investigación a la mujer del presidente
La Fiscalía pide investigar por prevaricación al juez Peinado por llamar a declarar a Sánchez
El presidente amplió recientemente su acción contra el instructor de la causa contra Begoña Gómez, tras el auto que apuntaba a "conclusiones" por su negativa a declarar contra ella
El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla. / José Luis Roca
La Fiscalía de Madrid ha emitido un informe en el que solicita la admisión de la querella presentada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez -a través de la Abogacía del Estado- contra el juez Juan Carlos Peinado, al que acusa de prevaricar al llamarle a declarar en la causa en la que mantiene imputada a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción entre particulares, sin que existan indicios para ello.
En su escrito, que firma la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se señala que la decisión de llamarle a declarar como testigo puede entenderse a priori de "arbitraria e injusta" cuando "falta una fundamentación jurídica razonable" por parte del magistrado para justificar la toma de declaración en Moncloa.
"En momento alguno se motiva jurídicamente, en definitiva, la conveniencia y utilidad de la diligencia, ni por qué, entre las dos modalidades de comparecencia previstas en la ley, opta por aquella que expone más a la institución que representa la persona llamada a declarar", señala el ministerio público en su escrito. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 no permitió al presidente responder por escrito y se desplazó personalmente hasta la sede de la presidencia del Gobierno para la toma de declaración. Ello determina que el Tribunal Superior de Madrid deba admitir la querella.
Recientemente, Sánchez amplió su querella inicial contra el juez, tras conocerse el auto en el que el juez rechazaba la petición de la Fiscalía para que no sean entregadas a las partes copias de su declaración en Moncloa del pasado 30 de julio, cuando silencio respecto de su mujer. En este auto, Peinado señalaba que podían sacarse "conclusiones" de la negativa a declarar del presidente del Ejecutivo.
Finalidad que persigue Peinado
Sobre esta ampliación, la Fiscalía de Madrid sostiene que no hace sino "abundar en la necesidad de iniciar una investigación" a fin de determinar si las resoluciones dictadas por Peinado pueden enmarcarse en una interpretación de la ley o "persiguen una finalidad ajena al proceso". A este respecto, la Fiscalía adelanta que "no parece que estemos ante una discrepancia jurídica" que pueda resolverse con recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid. Apunta también al "perjuicio que pueda irrogarse" a la Administración de Justicia en el caso de que se acreditara que la decisión de Peinado se adoptó de forma deliberadamente injusta.
De forma concreta, la fiscal superior de Madrid señala que el legislador, consciente de la transcendencia y repercusión que tiene la declaración en un proceso penal de quien “integran las más altas instituciones del Estado”, exceptúa de la obligación general de todo testigo de concurrir al llamamiento judicial para ello. Y prevé que pueda hacerlo por escrito si es por razón de su cargo o en su despacho cuando no lo es.
Declaraciones de altos cargos
Tras recordar la jurisprudencia de la Sala Segunda en relación con el delito de prevaricación y la forma en la que deben declarar los altos cargos, el informe repasa la actuación del juez Peinado en relación con la declaración del presidente Sánchez, y recuerda que en la providencia en la que citaba a declarar al presidente del Gobierno, como esposo de Begoña Gómez, citaba artículos "inexistentes" de la ley de enjuiciamiento criminal.
La Fiscalía también se muestra muy crítica con la forma en que el juez acordó que la citación se realizaría en el despacho y habilitaba los medios de la Comunidad de Madrid para proceder a su grabación, así como la forma en que en días posteriores acordaba las partes que podían estar presentes.
Por su parte, Begoña Gómez presentó su propia querella contra Peinado, aún pendiente de valoración por la Fiscalía, en la que defiende que éste ha adoptado decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas" que pueden ser consideradas "delictivas", "con un evidente daño a su esposo, que desde el inicio de la filtración de la causa secreta se ha visto sometido a la presión mediática y política en relación con todo ello".
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