El Gobierno perfila el modelo de reparto de menores migrantes y volverá a convocar a las CCAA

Cruce de reproches en público y conversaciones en privado. La situación migratoria en Canarias sigue sin solución política mientras el Gobierno y el PP se acusan mutuamente de poner palos en las ruedas. Sin embargo, no ha dejado de haber interlocución al máximo nivel desde que el Congreso tumbó la reforma de la ley de extranjería, con el voto en contra de PP, Vox y Junts, para hacer obligatorio el reparto territorial de los menores migrantes llegados a las costas canarias. Así lo reconocen las partes y muestra de ello es que el ministerio de Juventud e Infancia prevé volver a convocar en las próximas semanas a las comunidades autónomas en una conferencia sectorial. Lo hará cuando acabe de perfilar el catálogo de recursos con los que cuentan las comunidades autónomas. En estos momentos, según fuentes conocedoras, faltaría para rematarlo que Andalucía remita algunos datos pendientes.

En base a este catálogo y otra serie de criterios como el PIB o la población se hará una propuesta de modelo de reparto territorial. La intención es convocar a las comunidades autónomas en las próximas semanas, según fuentes del ministerio de Juventud e Infancia. “Estamos a la espera de que se nos transfieran los últimos datos para saber la disponibilidad de plazas y las dimensiones generales para la acogida y a partir de ahí sentarnos a hablar”, añaden estas mismas fuentes. Precisamente, el negociador por parte del PP, su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, reprochó la pasada que estaban a la espera de recibir por parte del Gobierno una simulación del modelo de reparto en función de los datos recabados.

Todo ello tras dar cuenta de una reunión el pasado 12 de agosto con el presidente de Canarias y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que habría surgido una propuesta de la que dependía la aportación de estos datos por parte del Gobierno. El grueso de la propuesta establecía que cuando los centros de menores de las administraciones autónomas superaran el cien por cien de su capacidad y hasta llegar al 150% de las plazas, las comunidades atenderían a esos menores no acompañados, pero con recursos de la Administración General del Estado. A partir del 150% de la capacidad, sería el Estado el que “de forma directa y con instalaciones propias directas, atendiesen a los menores”.

Fuentes del Gobierno señalan que hay margen para negociar, pero que el PP no puede pretender que sea el Estado quien asuma la totalidad de la atención con sus recursos. Tampoco que pretenda tener en cuenta la disponibilidad de recursos en base a otras “crisis” pasadas, sin tener en cuenta su aumento en los últimos años. Unas críticas que centran en la propuesta conjunta presentada este martes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.

Aumento de las exigencias

Tras tildar esta propuesta de “fake” y cínica, fuentes socialistas entienden que aleja las posibilidades de acuerdo porque en lugar de buscar puntos de consenso aumentaría el número de exigencias. Otras fuentes apuntan que el PP “propone cada semana una cosa y la contraria”. En el Ejecutivo aducen que hay un trabajo hecho respecto a al texto de reforma que pactaron con el gobierno canario, y posteriormente rechazado por el Congreso, que no debe ahora despreciarse. Asimismo, señalan el documento de PP y Coalición Canaria tiene tintes de “manifiesto” al parecerse más a un acuerdo partidista que institucional. Con elementos, dicen, que trasciende a los menores migrantes y harían todavía más difícil el pacto.

Los puntos clave de la propuesta planteada este martes por Feijóo y Clavijo, según desgranó el líder del PP, pasan por la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes, la declaración de emergencia migratoria nacional y no solo en las islas y en Ceuta, y garantizar el control en fronteras con más controles policiales, un pasaporte de tránsito, más recursos en la Comisaría General de Extranjería, el despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad en los países de origen, solicitar a la UE el despliegue de Frontex y aumentar el personal en la tramitación de expedientes de retorno.

Primero reforma y después enmiendas

Para los socialistas cualquier salida debe pasar por la reforma de la ley de extranjería que pactaron con el Gobierno de Canarias y tumbó el Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Junts. En Moncloa siguen urgiendo a que se admita a trámite el texto de la reforma que rechazó el Congreso para abrirse a negociar sobre esta base. Primero arrancar su tramitación y, posteriormente, “seguir introduciendo medidas”. De hecho, según defienden, si el Congreso no lo hubiese tumbado en este mes de septiembre “ya podríamos haber empezado a derivar” a los menores migrantes a otros territorios.

Los socialistas evitan extender las críticas al presidente de Canarias, a pesar de mantener su amenaza de llevar al Gobierno a los tribunales por “dejación de funciones”. La situación que viven este territorio por la llegada de menores migrantes a sus costas ha llevado a amenazar el apoyo de Coalición Canaria al Ejecutivo. Las voces de un sector del partido que se inclinan por retirar el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez se han incrementado en las últimas semanas hasta abrir el debate en la organización nacionalista.