Incautados 2.910 móviles prohibidos en las prisiones en 2023

Los vigilantes de las prisiones españolas incautaron a lo largo de 2023 un total de 2.910 teléfonos móviles a los presos, según recuento que ha hecho público el sindicato penitenciario ACAIP. 

Los móviles son un objeto proscrito en la prisión, donde los internos sólo pueden hacer las llamadas permitidas por reglamento y desde los teléfonos públicos de cada centro. El dato de requisas en 2023 se refiere a las prisiones bajo administración del Ministerio del Interior, no cuenta aprehensiones practicadas en cárceles vascas y catalanas. 

El uso de teléfonos celulares particulares está prohibio intramuros, como recuerda ACAIP en un comunicado emitido este viernes, porque “pueden ser empleados para la continuidad delictiva, el tráfico de drogas o la violencia de género, así como por los problemas que generan de seguridad al poder captar imágenes del interior”. 

La violacion de esta norma clave del régimen interno en las prisiones ha dejado de ser propia, sobre todo, del crimen organizado cuando son encarcelados dirigentes o peones de importancia de las organizaciones delictivas, exgtendiéndose a una de las clases más numerosas entre la población penitenciaria: los agresores encarcelados por violencia machista.

Mercado negro

Los móviles son también objeto de un tráfico clandestino para los internos que puedan pagarlos. Ese mercadeo, recuerda ACAIP, provoca “conflictos por el control de ese mercado negro que se genera”. Es un entorno en el que "a veces se vende el terminal, a veces solo su custodia -explica un veterano funcionario de las cárceles españolas-. El precio depende de la cantidad de móviles que haya dentro y es una de las causas de esos conflictos".

Por centros penitenciarios, las cárceles de Valdemoro (Madrid), Albolote (Granada) y Córdoba son las tres en las que más incautaciones se han registrado en 2023, con 152, 147 y 142 móviles respectivamente. 

En su nota, ACAIP acusa de “dejadez” a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por “no modernizar elementos de seguridad como inhibidores” en las prisiones. Su activación, haciendo inservibles los teléfonos, acabaría con esta situación.