Ábalos insiste en ser "perjudicado" en el caso Koldo porque sufre "las consecuencias indirectas de un delito"

El exministro José Luis Ábalos ha pedido al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que reconsidere su negativa a dejarle ser parte del procedimiento en calidad de perjudicado, al entender que la doctrina considera que lo es "quien sufre las consecuencias perjudiciales indirectas o derivadas del hecho delictivo". 

En su recurso, que se presenta en reforma ante el propio magistrado, pero subsidiario de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia, reclama también que se permita la aportación a la causa de la pericial con la que pretende combatir las conclusiones del informe de auditoría impulsado por su predecesor, Óscar Puente, que considera "tendenciosas". Este informe apunta irregularidades en los dos contratos con la firma Soluciones de Gestión para la compra de 13 millones de mascarillas por 32,5 millones de euros al inicio de la pandemia.

El recurso de 11 páginas, al que ha tenido acceso este diario, considera que la decisión inicial del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 no tiene en cuenta lo que dice el Código Penal vigente con respecto a la reparación de daño que causa un delito, que debe dar objeto a indemnizaciones "no solo cuando se haya irrogado a la víctima sino también a terceros". Por ello considera que él tiene que pasar a formar parte de la acusación en esta causa.

La decisión inicial del juez Moreno de dejar fuera a Ábalos cobra relevancia por cuanto el propio magistrado y la Fiscalía Anticorrupción esperan analizar las declaraciones de ex altos cargos ministeriales, que comenzaron la semana pasada en la Audiencia Nacional y aún prosiguen, antes de decidir si instan la apertura de una causa contra el actual diputado en el Tribunal Supremo.

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Filtraciones

Por su parte, el abogado del exministro incide en la filtración de las investigaciones, y en ese caso alude a que el ex ministro "viene sorprendiéndose" de la publicación en diferentes medios del contenido de correos e informes policiales que afectan a su "vida personal y privada" y que deberían haberse mantenido en la confidencialidad "que nadie cumple ni se encarga de hacer cumplir". Dice además que son difundidas de forma dosificada "para mantener la atención" siempre en un contexto de imputaciones de presunta corrupción frente a la que no puede articular defensa alguna.

Sobre el informe Puente, vuelve a cargar contra él, manifestando que "no responde a ninguna finalidad razonable" dentro del propio Ministerio de Transportes porque no plantea modificaciones para mejorar el control interno en la gestión de los contratos, además de incumplir la normativa de la UE de protección de denunciantes.

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Compras en Valladolid

"Solo busca un cortocircuito en la descripción de responsabilidad", agrega, apuntando a decisiones similares de compra de EPI por parte de la Comunidad de Madrid "e incluso la ciudad de Valladolid de la que fue alcalde quien ordena este informe", en clara alusión a Óscar Puente.

No ahorra Ábalos en reproches al propio instructor, por no haber solicitado informe alguno al Ministerio tras meses de pesquisas, y en este punto insiste en que se aporte al procedimiento la pericial que esta parte ha realizado, "dejando a la instrucción la posibilidad de contradicción". Añade que no es "admisible" que un documento procedente de una administración pública no solicitado por el juzgado no pueda ser contrastado.