Puigdemont recusa al último magistrado en llegar al TC para apartarle de los asuntos del 'procés' y de la amnistía

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no está dispuesto a perder un minuto en su intención de que la amnistía le sea aplicada lo antes posible. De momento ha recusado al último magistrado que se ha incorporado al Tribunal Constitucional, el conservador José María Macías, en todos los asuntos relacionados con el 'procés' y anuncia que lo hará también con los que lleguen en relación con la propia amnistía, cuya aplicación a la malversación por la que está procesado en rebeldía el Supremo le niega.

En un escrito de 14 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, argumenta que "resultaría absurdo e inasumible, en el marco de una sociedad democrática, que igual que cualquier otro ciudadano los jueces y magistrados -más si cabe los del Tribunal Constitucional- no tengan una opinión política e incluso una ideología concreta, sin embargo sí es exigible (...) que no se haga pública sin esperar las consecuencias legales, porque eso afecta a la imagen de imparcialidad que ha de tener toda persona llamada a enjuiciar y resolver sobre un asunto".

Aunque la política sobre recusaciones de magistrados del Tribunal Constitucional ha cambiado a lo largo de los años, la más actual se estableció en 2021 por el anterior presidente de la corte de garantías, Pedro González-Trevijano, y descartaba aceptarlas, al entender que todos los que llegan al TC tienen un pasado que les ha hecho merecedor de esa distinción. También argumentaba que la propia forma de componerse el tribunal por tercios cada cuatro años ya tenía en cuenta que cada uno de ellos tendría una ideología.

La defensa de Puigdemont, no obstante, se remite a la jurisprudencia sobre la apariencia de imparcialidad de los tribunales marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para afirmar que los pronunciamientos realizados por Macías antes de llegar al TC le llevan "a concluir que en su persona concurren datos bastantes para entender que no será imparcial ni en estos asuntos ni en los que en el futuro se generen respecto de la aplicabilidad de la ley de amnistía", aunque esta recusación se interpondrá en su momento oportuno.

"¿Qué garantía de imparcialidad hay cuando quien está llamado a decidir en un asunto calificó de nazis a los recurrentes y de amigo a quien dictó la resolución impugnada?", señala el escrito en el repaso que hace de las declaraciones y artículos publicados por Macías desde la detención de Puigdemont en Alemania, en marzo de 2018, así como por haberse declarado "amigo" del juez instructor del 'procés' en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena.

Según Boye, "el nivel de involucración y alarmismo del recusado le llevó a afirmar que habrían muertos en Catalunya, obviamente como consecuencia de la actuación política" de los líderes del 'procés' condenados y que fueron procesados en rebeldía, Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

También destaca las manifestaciones que realizó a raíz del informe que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo a petición del Senado, en el que, según el escrito, se puso "de manifiesto la animadversión frente al pacto político, la ley de amnistía y los miembros del Gobierno", así como que era "consciente" de que debía "ser prudente en sus manifestaciones" y no debía "avanzar el sentido de su decisión futura", aunque a la vez señalaba la inconstitucionalidad de la norma aún en tramitación parlamentaria.

"El interés demostrado por el recusado, que le ha llevado a realizar manifestaciones que no solo acreditan su interés en el asunto, sino su absoluta falta de imparcialidad, en particular adelantando su postura frente a mis mandantes, sus respectivas opciones políticas e incluso la ley de amnistía, hace ineludible su apartamiento definitivo de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.10ª de la ley orgánica del poder judicial", sostiene la defensa de Puigdemont.

Asegura que si no se aparta de los recursos aún pendientes por el 'procés' se estará privando a Puigdemont, Comín y Ponsatí "de su derecho a un tribunal imparcial reconocido por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales, así como por la Constitución Española".

Fuentes próximas al magistrado han descartado la posibilidad de que, como sí hizo su compañero Juan Carlos Campo, se aparte de las deliberaciones. El entorno de Macías considera que el magistrado está respaldado por el criterio establecido por el Constitucional cuando Concepción Espejel y Enrique Arnaldo se incorporaron al tribunal y se interpusieron 33 recusaciones en su contra que fueron rechazadas.