Balance del Ministerio del Interior
Las sanciones por la ‘ley mordaza’ bajan por primera vez en cinco años en Extremadura
En la región se interpusieron 6.904 multas en 2023, la menor cifra desde que entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, en el año 2016. Desde entonces se han recaudado 34,5 millones de euros por esta vía en la comunidad
Protesta contra la ‘ley mordaza’ en 2021. / EL PERIÓDICO
Hace nueve años entraba en vigor en España la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, una norma que estuvo rodeada de polémica desde el principio por el rechazo frontal de la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy y también de una parte de la sociedad civil y organizaciones que cuestionaron el recorte de derechos que suponía. Y aunque el PSOE prometió derogarla a su llegada al Gobierno hace seis años, la ‘ley mordaza’ sigue intacta y ha acumulado ya cuantiosas sanciones que superan los 34,5 millones de euros en Extremadura desde 2016.
Nueve años y más de 1.100 millones de euros recaudados en todo el país después de su entrada en vigor, se plantea por primera vez realmente su derogación. Lo anunció hace dos semanas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aseguró que ya existe un acuerdo entre Sumar y el PSOE para poner fin a una de las leyes más polémicas aprobadas con la mayoría absoluta del PP de Rajoy.
Casi 19 multas al día en Extremadura
Esta novedad llega cuando Extremadura registra el primer descenso del número de multas que contabiliza en los últimos cuatro años. Durante 2023 se impusieron 6.904 sanciones en la comunidad extremeña, casi 19 diarias, que supusieron una cuantía de más 4,3 millones de euros. Es, no obstante, la cifra más baja registrada en los últimos cinco años en Extremadura. Hay que remontarse a 2017 para encontrar números más bajos a los actuales. Aquel año se impusieron en la región un total de 5.548 sanciones, que significaron algo más de 4,2 millones de euros.
Respecto al año anterior, las sanciones por la ley mordaza han caído en el último año en Extremadura algo más de un 10%, pasando de las 7.682 multas en 2022 a las 6.904 del 2023, según las últimas estadísticas del Ministerio del Interior.
Aunque el balance de Interior no ofrece el desglose autonómico por tipo de infracción, sí hay algunos datos generales. Del total de las sanciones interpuestas en Extremadura, la mayoría están relacionadas con las drogas (con 4.191 multas durante 2023). En segundo lugar están las sanciones por hechos relacionados con la seguridad ciudadana (1.771 multas), como perturbación de la seguridad en actos públicos o solemnidades, desobediencia y resistencia a la autoridad o faltas de respeto y consideración a los agentes. Por último, en menor número están las multas situaciones relacionadas con armas y explosivos (942 en 2023).
Extremadura, la más conformista: ni dos manifestaciones cada día
Extremadura es la tercera región española que menos se manifiesta. Según los datos del Ministerio del Interior, el año pasado se convocaron con comunicación previa un total de 576 manifestaciones en la comunidad, lo que supone una media que no llega a las dos protestas cada día, mientras hay comunidades del país que superan las diez manifestaciones diarias. Y todas las convocatorias lanzadas en Extremadura, además, se llevaron a cabo, no se prohibió ninguna.
En números absolutos, la región extremeña es de las más conformistas. Solo en La Rioja, con 298 protestas, y en las Islas Baleares, con 543, se celebraron menos manifestaciones que en Extremadura durante el año pasado. En Cantabria, Murcia y Asturias los datos fueron superiores aunque también registraron menos de un millar de protestas (639, 801 y 920 respectivamente) en 2023, pero en el resto de autonomías se superaron esas cifras con creces con Andalucía, con más de 7.000 movilizaciones autorizadas, a la cabeza.
A nivel extremeño, el número de protestas descendió el año pasado, ya que en 2022 se registraron en Extremadura 627 manifestaciones, siendo la segunda región con menos contestación social en las calle. El derecho a la manifestación fue precisamente uno de los puntos más polémicos de la ‘ley mordaza’, ya que penaliza con hasta 600.000 euros las protestas que no cuentan con autorización. La norma se aprobó como respuesta a las movilizaciones del 15M, ya que tras la crisis económica proliferaron las protestas ciudadanas.
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