Yolanda Díaz pide negar ayudas a las comunidades que no regulen los precios del alquiler y crear un impuesto a herencias a partir de un millón de euros

Yolanda Díaz presenta sus prioridades para empezar a negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2025 con el PSOE, al que reclama negar las ayudas públicas para vivienda a las comunidades autónomas que no apliquen la regulación del alquiler de la Ley de Vivienda. La vicepresidenta segunda y líder de la coalición Sumar también pone el acento en las herencias de a partir de un millón de euros, a las que pide gravar con un nuevo impuesto de solidaridad.

En un acto adelantado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA al que han acudido los cinco ministros del ala minoritaria de la coalición, y después de reunir a los portavoces de todas las formaciones que la componen, Díaz ha puesto sobre la mesa las medidas que reclamarán a Pedro Sánchez en la negociación que comienza en los próximos días en la coalición de Gobierno, para diseñar el proyecto presupuestario que después irá al Congreso de los Diputados.

Sumar ha centrado su plan presupuestario [consultar aquí en PDF] en dos objetivos, el acceso a la vivienda y la reforma fiscal para aumentar el nivel de ingresos. En este sentido, la propia Díaz ha apostado por "hacer cumplir la ley de vivienda" ante la "rebelión del PP", que en las comunidades donde gobierna ha evitado aplicar esta norma, y renunciado a aplicar los precios del alquiler. En este sentido, la vicepresidenta segunda ha llamado a "condicionar" la concesión de "todas las ayudas públicas" en materia de vivienda a la regulación de precios del alquiler. "Si no cumplen, se verán prescindidos de las ayudas", ha explicado.

En un acto de 45 minutos y acompañada por el resto de ministros, que no han intervenido, Díaz también ha destacado su propuesta para prohibir la compra en de viviendas en zonas tensionadas si no están destinadas al uso habitual. "Lo vamos a prohibir con carácter temporal, respetando lugares con derecho civil propio o derecho foral", ha señalado la vicepresidenta, que ha avanzado que una vez que termine la negociación entre Sumar y el PSOE trabajarán para lograr las mayorías parlamentarias que den luz verde a los presupuestos. Una mayoría que a día de hoy no están aseguradas.

En el plan presupuestario de Sumar también se contemplan propuestas para desincentivar el alquiler turístico, haciendo que tributen el 21% de IVA y eliminar las deducciones para calcular el IRPF y el impuesto de sociedades, además de elevar la tributación un 20% en IRPF en los períodos de viviendas no ocupadas que estén en zonas tensionadas.

Reforma fiscal

La reforma fiscal es uno de los ejes centrales del plan de Sumar, que aspira a aumentar la recaudación fiscal para aumentar las prestaciones públicas. Con este objetivo, ha incorporado en su propuesta la creación de un impuesto de solidaridad a las grandes herencias a partir del millón de euros -hasta ahora tributaban a partir de los tres millones-. También se prevé incorporar la tributación del IVA a la educación privada y seguros sanitarios privados, además de hacer pagar el IBI a la Iglesia católica y al resto de concesiones, tal como avanzó este medio.

En esta reforma, ha incorporado una petición que Unidas Podemos ya hizo en la anterior legislatura, como es la disminución del IVA al 10% para las peluquerías y los centros veterinarios Además se reclama su reducción los productos sin gluten y los pañales del tipo reducido al superreducido.

Rebaja la supresión de vuelos

Entre las medidas que la propia Díaz ha destacado está la financiación de la bicicleta, como "modelo del transporte público sostenible", financiando un 50% su adquisición hasta los 500 euros. En el programa, Sumar matiza la que fue una de sus propuestas en materia de transición ecológica. Si en su anterior programa para las generales proponía eliminar los vuelos domésticos con alternativa de tren de menos de 2 horas, ahora rebaja la propuesta y apuesta por la "reducción".

En materia de transportes, Sumar incluye en su programa "prorrogar para 2025 de las subvenciones al transporte público vigentes en 2024" y el "desarrollo de un programa público de leasing social de vehículos eléctricos", por el que se facilita un alquiler con derecho a compra de entre 100 y 150 euros al mes para personas con rentas bajas y medias.

Además, contempla la supresión de fondos públicos "para la promoción turística de destinos masificados y destinar los mismos a la transformación del modelo económico de dichas zonas geográficas".

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