Podemos solo apoyará el plan de regeneración de Sánchez si incluye medidas de su ley de medios que señalaba a periodistas

Antes incluso de que el Plan de Regeneración viera la luz tras el Consejo de Ministros, Podemos ya rebajaba las expectativas de Pedro Sánchez sobre su voto favorable. El partido morado, que ha abierto este curso con una estrategia de desgaste hacia el Gobierno, ha advertido que sólo apoyará este paquete de medidas aprobado este martes por el Gobierno si incluye las propuestas de la Ley de Medios que presentó en mayo, donde se señala directamente a los periodistas y se les obliga a publicar declaraciones de intereses en el mismo régimen que se aplica a los diputados del Congreso.

Así lo ha advertido el diputado Javier Sánchez Serna en rueda de prensa en la Cámara Baja, donde ha condicionado su apoyo al plan de Sánchez a que incluya sus propuestas. "Sin esas medidas de regeneración, este plan va a quedarse vacío y no podrá contar con el voto favorable de Podemos", ha advertido.

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La advertencia que ha lanzado después de hacer un repaso de sus peticiones principales. "Hace falta una ley de medios, la ley de los tres tercios", comenzaba el dirigente, en referencia a su proposición de ley para regular los espacios mediáticos, y obligar a distribuirlos en cuotas, haciendo que una parte de todas las señales tengan que ser de carácter público. "Todo el espacio televisivo y radiofónico se distribuirá garantizando que un tercio del espacio corresponde a medios públicos, otro tercio a medios privados y otro tercio, fundamental, a medios comunitarios", explicaba Podemos en la presentación de su norma.

En su intervención, Sánchez Serna ha reclamado también que en el Plan de Regeneración "aparezca recogida una ley de declaración de intereses de presentadores de programas", advirtiendo de que "si no, será difícil que lo aprobemos". En su proposición de Ley de Medios, Podemos señalaba directamente a presentadores como Pablo Motos, Ana Rosa Quintana o Antonio García Ferreras y reclamaba que todos los periodistas con exposición pública, tanto presentadores como tertulianos -"las personas que sean presentadoras o conductoras de programas informativos o que traten de actualidad política en los medios", rezaba el texto-, deban presentar una declaración pública de su actividad económica y empresarial.

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En esta declaración, que se remitiría al Ministerio de Presidencia que debería garantizarle "publicidad", debía constar su "participación en cualquier tipo de sociedad, cotizada o no, especificando la actividad económica desarrollada por la misma". En caso de que sus acciones en esas empresas superen el 10%, según el texto, debe incluirse también si esas corporaciones han recibido contratos por parte de alguna administración pública. En esta declaración debía constar además si perciben ingresos de más de un medio de comunicación.

Además de los apartados anteriores, Sánchez Serna ha hecho mención expresa a otros de los apartados de la Ley de Medios, reclamando "una ley que recoja el derecho a la rectificación de los bulos". El diputado morado se refería así a su propuesta, que se incluía en la ley, para crear un régimen sancionador que obligue a los medios de comunicación a un tiempo de reparación igual al empleado en al difusión de noticias falsas. "Sin esas medidas de regeneración, este plan va a quedarse vacío y no podrá contar con el voto favorable de Podemos", ha advertido.

LISTAS NEGRAS DE PERIODISTAS

La ley de medios y titulada Proposición de Ley Orgánica de garantía del derecho a la información veraz y lucha contra la desinformación [consultar aquí en PDF] contempla la creación de un "Consejo del Derecho a la Información", un organismo que bien podría equipararse al Ministerio de la Verdad que George Orwell plasmó en la novela 1984 y que, según la proposición de ley registrada por Podemos en el Congreso, sería el "encargado de velar por la protección del derecho a comunicar o recibir libremente información veraz".

Este órgano tendría además funciones como la "detección de noticias falsas elaboradas y/o difundidas por medios de  comunicación" y tendría capacidad para "implementar las sanciones oportunas" que pueden ascender hasta os 600.000 euros.

Este Consejo tiene entre sus funciones la redacción de una lista negra de periodistas, con la "elaboración de un registro de lucha contra la desinformación, donde se reflejen los medios de comunicación y los periodistas que, en cada caso, hayan sido apercibidos y/o sancionados por el Consejo del Derecho a la Información por haber elaborado o difundido noticias falsas", según el texto normativo.