El Gobierno se da tres años para implementar el plan de regeneración: "Solo es un primer paso"

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros su plan de regeneración democrática con reformas que van desde la ley de publicidad institucional hasta del Código Penal para profundizar en la transparencia tanto de los medios de comunicación como de las administraciones públicas. La intención es abrir ahora el debate con los socios con el objetivo de implementarlo en los “tres años que tenemos por delante de legislatura”, según ha explicado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo calificó como un “primer paso” y apeló a los grupos parlamentarios para “concretar medidas que a partir de hoy ponemos al servicio de las Cortes Generales para abrirlo a la aportación y al debate”.

El documento de 31 puntos cuenta con medidas concretas, pero también “compromisos” sin desarrollar a la espera de negociar con los grupos, como la reforma de la ley de secretos oficiales. La reforma de la ley mordaza se limita a la propuesta que ya hicieron PSOE y Sumar y que tumbó el Congreso. No se incluyen por tanto algunas de las exigencias de ERC y EH Bildu para dar su visto bueno, como la prohibición de las pelotas de goma o las devoluciones en caliente.

Las medidas del plan de regeneración democrática de Sánchez para los medios y la transparencia

Más concreción ofrece el plan a la hora de regular y limitar la publicidad institucional de los medios, así como para hacer públicos los datos sobre los propietarios de los medios y sus accionistas. Para ello se reformará la ley de publicidad institucional y se darán funciones de regulación, registro y capacidad de sanción a la CNMC. De este modo se creará un registro de medios de comunicación con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben.

Se trata de este modo de aplicar la ley de libertad de medios de comunicación de la UE. En base a ella, otro de los objetivos busca "garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de transparencia e imparcialidad" y que no se puedan así "financiar pseudomedios que promuevan 'fake news'". Se creará además una comisión en el Congreso sobre bulos para analizar la desinformación y sus consecuencias.

El Ejecutivo propone por otro lado una “reforma integral” del Código Penal sobre los delitos relacionados con la libertad de expresión. “En el desarrollo que haremos de la ley llegaremos a la regulación específica”, ha explicado el titular de Presidencia y Justicia sin concretar si incluirá la despenalización de los delitos de injurias a la Corona.

Dentro de la estrategia de gobierno abierto, el Gobierno prevé crear la Autoridad Independiente de Protección del Informante y hacer obligatoria la rendición de cuentas obligatoria a todos los gobiernos, “para conocer cómo se cumplen los programas de gobierno”.

La reforma de la ley electoral se centra en la propuesta del Gobierno en hacer obligatorios los debates electorales y la publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales. El Ejecutivo pretende además reformar el reglamento del debate del Estado de la Nación para que sea obligatoria su celebración todos los años. Desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018, solo se ha celebrado uno de estos debates sobre política general. En julio de 2022.

El plan del Ejecutivo propone reformar las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación. Normas que según ha argumentado Bolaños están desactualizadas, al estar redactadas respectivamente en el año 82 y 84, y que no concebían las "difamaciones que se producen" en el actual ecosistema mediático. Sin estar redactada la propuesta del Gobierno, el ministro de Presidencia y Justicia ha avanzado que su objetivo pasa por "garantizar que los tribunales den una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación en cualquier medio o pseudomedio".

Sin consenso previo

Después de que el Gobierno se comprometiese el pasado mes de julio a buscar un consenso previo con los grupos parlamentarios y abrir un "gran debate" también con los sectores afectados, ahora ha decidido darle la vuelta a esta metodología. Esto es, primero poner sobre la mesa su plan y luego discutirlo e incorporar aportaciones de los socios para llegar a acuerdos. En el Ejecutivo son optimistas al entender que se trata de cuestiones que no generan rechazo entre sus socios y avanzan además que "los detalles concretos se desarrollarán de la mano" de los grupos parlamentarios.

Los socios parlamentarios fueron informados antes de que lo anunciase Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE. Una deferencia que dista del compromiso de forjar grandes consensos alrededor de dicho plan. A algunos de los socios, como a ERC, sí se les trasladó la intención de incluir algunas de sus propuestas, pero la mayoría de los grupos del bloque de investidura limitan su influencia a la tramitación parlamentaria. En el Gobierno insisten en que su plan deriva del marco del reglamento europeo de medios para cuestionar que el PP pueda apoyar estas medidas en Bruselas y no en España.