PSOE y Sumar chocan por la inclusión de las injurias a la Corona en el plan de regeneración

El plan de regeneración del Gobierno no logra el consenso de los socios de coalición, que apuntan a dos versiones distintas del mismo acuerdo. El paquete de medidas anunciado este martes en Consejo de Ministros contempla la reforma del Código Penal para despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos y a las "instituciones del Estado". Pero si en Sumar afirman que en este apartado se incluye la despenalización de las injurias a la corona, en el PSOE enfrían que los ataques a la institución monárquica estén dentro de este paquete.

En el texto del plan de regeneración se contempla "abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos". No hay referencia explícita a la corona, y es en la interpretación del texto donde difieren los socios de Gobierno.

En Sumar defienden que la ofensa a la corona entra dentro de estos supuestos, al ser la monarquía una "institución del Estado" contemplada en el documento. Es más, desde las filas de Yolanda Díaz celebraron esta medida como un éxito de la negociación. A decir verdad, las conversaciones entre los socios del Gobierno se cerraron in extremis este lunes por la tarde, unas horas después de que Pedro Sánchez anunciara por sorpresa esa mañana que el plan de regeneración se aprobaría en el siguiente Consejo de Ministros.

"Está clarísimo"

El diputado de Sumar y portavoz en la Comisión de Justicia, Enrique Santiago, que también ha formado parte de las negociaciones en el seno del Gobierno, aseguró este martes en los pasillos del Congreso que las injurias a la corona estaban dentro del paquete de medidas, y defendió que "el tema está clarísimo", aunque sí advirtió que "a nuestros socios a lo mejor les cuesta llamar las cosas por su nombre".

Este comentario llegaba después de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, hubiera evitado aclarar en rueda de prensa en Moncloa si las injurias a la corona quedarían también despenalizadas. Pero si en público se limitan a evitar confirmar este extremo, algunas voces defienden en privado que esta medida no está en el plan de regeneración.

PSOE lo rechaza

La "institución responsable" de implementar las medidas aprobadas encaminadas a reforzar la "libertad de expresión", según el documento del plan aprobado este martes en el Consejo de Ministros, es precisamente el Ministerio de Presidencia y Justicia de Bolaños, que será el proponente único del proyecto de ley que deberá después tramitarse en el Congreso de los Diputados. El ala socialista del Gobierno siempre ha rechazado incluir a la Corona en esta despenalización. Desde 2018 el PSOE ha admitido a trámite tres iniciativas parlamentarias, de Podemos y Sumar, que contemplaban esta medida. Y en todas ellas, los socialistas terminaron dejando morir el texto a través de una prórroga indefinida de enmiendas.

Después de resistirse a explicitarlo en el acuerdo y ante las afirmaciones de Sumar sobre este punto, en el PSOE evitan confirmarlo y se remiten al acuerdo, que es lo suficientemente ambiguo y sin concreción como para que cada uno lo interprete en función de lo que defiende. El rechazo a incluir las injurias a la corona de los socialistas está también justificado en una cuestión técnica.

La referencia a las "instituciones" y a la "corona" son dos cuestiones que vienen diferenciadas y separadas en el Código Penal, que contempla en su Capítulo III "los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes". Un apartado diferenciado del capítulo II, donde se abordan los "delitos contra la corona". En este punto se contempla la multa de entre cuatro y veinte meses para las calumnias e injurias a miembros de la Casa Real, además de una multa e entre seis y 24 meses a quien "utilizare la imagen" de los monarcas "de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona".

Diferencias

En Sumar admiten que hay un asunto que quedó fuera del tintero en el plan de regeneración, y es exigir responsabilidad civil a los jueces en casos de "lawfare" y obligar a la "reparación" para cargos públicos que hayan sido objeto de informaciones sobre procesos de instrucción que después no conlleven la apertura de juicio oral. Una medida que se vehicularía a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con unas "reparaciones públicas" en casos de instrucción que se alarguen en el tiempo y que no concluyan en juicios. La iniciativa, que intentarán incluir en el trámite parlamentario en la Comisión de Justicia, consiste en que los medios que hayan informado sobre esos casos deban publicar después esa "nota de raparación" emitida por el órgano del poder judicial.

Las diferencias que todavía mantienen los socios de coalición es llamativa, después de una negociación que se resolvió pocas horas antes de que se anunciase en Consejo de Ministros. Más allá del proyecto de ley que depende del ministerio de Bolaños, el redactado final de la norma dependerá de la negociación en el Congreso con el resto de grupos parlamentarios, sin que haya un plazo definido ni un horizonte claro para su aprobación.