Suspensión cautelar del protocolo de menores hasta analizar su alcance

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) asume los argumentos de la Fiscalía Superior de Canarias y suspende de forma "cautelarísima" e inmediata la aplicación del protocolo elaborado por el Gobierno regional para ordenar la recepción de los niños y adolescentes migrantes que le entrega el Estado a la comunidad autónoma. El Ministerio Público solicitó el miércoles que se suspendiera de inmediato la guía de ejecución, al considerar que podría perjudicar el cuidado de niños en "situación de desamparo patente". El auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo da al Gobierno regional hasta el miércoles para que "alegue lo que estime procedente". El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, informó ayer de que el Ejecutivo acata la decisión del TSJC que "suspende la aplicación del protocolo de manera razonable", pero los servicios jurídicos de la comunidad autónoma ya están trabajando en las alegaciones, porque consideran que los argumentos que dan para implantarlo son "ampliamente mejorables".

Pese a la decisión de suspender el protocolo, los magistrados abogan por "la conveniencia de búsqueda de espacios de encuentro que propicien el logro de actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboración institucional", algo "indispensable para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y su singularísimo impacto que tiene en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias".

El TSJC recalca que es "incontestable" que el protocolo canario incluye una serie de requisitos que deben ser observados antes de la entrega de los menores. Aun así, la sala señala que no es momento de pronunciarse "sobre el ajuste a la legalidad de la resolución impugnada", sino solo de determinar si concurren las circunstancias de especial urgencia que expone el Ministerio Fiscal.

El auto destaca que es "difícil negar" que los nuevos requisitos previos a la recepción –comunicación sobre la disponibilidad de plazas, lugar de entrega, documentación individualizada, comprobación de la documentación e identificación del menor– puedan "comprometer sin demasiada dificultad la entrega inmediata" de los menores a las autoridades autonómicas, "que tienen confiado su cuidado". Ese cambio "tan relevante" del marco normativo aconseja conservar el procedimiento vigente hasta ahora, puesto que la aplicación del nuevo afecta a un colectivo "tan especialmente sensible y vulnerable como es el de los menores". 

La Fiscalía había argumentado su petición en que con la aplicación del protocolo del Gobierno de Canarias, "quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo patente los menores migrantes no acompañados que hayan sido rescatados por el Estado en el mar o hayan sido interceptados a su llegada a la costa por la Guardia Civil o la Policía Nacional".

Cabello aseguró ayer que el protocolo todavía no se ha aplicado "en todos sus términos" y celebró que "la discusión haya ayudado a mejorar las garantías con las que se entrega a los niños». «Ahora ya vienen reseñados de manera individual y con fotografías", detalló el portavoz del Gobierno canario, quien garantizó que se sigue atendiendo a los menores como hasta ahora. 

Para Cabello, es lamentable que el debate se centre en "cuestiones de forma" en lugar de entrar en el fondo del asunto, «que es que la capacidad que tiene Canarias para acoger menores. La situación es de colapso total». Así, detalló que en las últimas 24 horas se ha rescatado a un millar de personas a bordo de 13 barquillas precarias, en las que también viajaban 134 niños. "Está bien seguir discutiendo aspectos del protocolo, y cómo acogemos a esos niños o no, lo que no podemos seguir discutiendo es la necesidad de una respuesta por parte del Estado y de la UE de manera más contundente", concluyó Cabello.

Con foto y ficha

Tras conocer la decisión del TSJC, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, destacó que él ya había advertido al Gobierno canario de que el nuevo protocolo suponía un cambio relevante en el régimen jurídico actual. En el auto, apuntó Torres, "hay afirmaciones que son las mismas que dijimos estos días desde el Gobierno". También hizo hincapié en que el documento fue aprobado por el Ejecutivo regional de forma "unilateral", por lo que es el responsable de dar las explicaciones tras la decisión judicial de suspenderlo.

El portavoz del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, acusó al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de "cruzar todos los límites utilizando los derechos fundamentales de los niños migrantes que llegan a las Islas", con la aprobación del protocolo. Franquis considera que el jefe del Ejecutivo canario "ha ido demasiado lejos, incumpliendo la legalidad y aprobando medidas que pueden vulnerar los derechos fundamentales de los niños". Para Franquis, la decisión del TSJC es un "claro suspenso" a la política migratoria de Clavijo. El portavoz socialista añadió, en un comunicado, "ahora ha sido suspendido por la justicia y quien tiene la responsabilidad de explicar lo que ha hecho es el Gobierno de Canarias".

Al recurso de la Fiscalía hay que sumar el procedimiento puesto en marcha por el Consejo de Ministros para impugnar el protocolo ante el Tribunal Constitucional. Precisaemente el lunes, se ha convocado la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, en la que ambos gobiernos, central y autonómico, podrán exponer sus argumentos antes de generar un conflicto entre administraciones.

La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad, Lady Barreto, instó al Gobierno central a analizar el protocolo con rigurosidad. "Creo que hay que sentarse ahí con seriedad, ver cuál es el planteamiento del Estado que entiendan el planteamiento jurídico que hace Canarias. Cuando nos sentamos, la mayoría de las veces llegamos a acuerdos", señaló.La consejera abundó que el protocolo "no es más que una guía de actuación, no es una normativa" y que lo que ha hecho el Gobierno canario y es cumplir el protocolo nacional, que fue aprobado en 2014, y "adaptarlo" a la realidad que vive el Archipiélago. "Si hay que matizar algo, se puede matizar", puntualizó Barreto.