Ábalos pone el ventilador tras la auditoría de Puente y cuestiona a la exministra de Transportes y a Interior

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, pasa al ataque por la auditoría del caso Koldo llevada a cabo por el departamento de Óscar Puente. Más allá de cuestionar lo que tilda de investigación “paralela”, vulnerando el principio de “independencia” o perjudicando “el derecho de futuros imputados por una clara vulneración de la tutela judicial efectiva”, el exsecretario de Organización del PSOE utiliza la auditoría para extender las sospechas sobre el ministerio de Interior y sus sucesora en Transportes, Raquel Sánchez. A través de una pregunta parlamentaria registrada este lunes, Ábalos llama la atención sobre que “los propios delegados de la Intervención General del Estado no hayan advertido durante cuatro años de las supuestas deficiencias documentales que ahora señalan en “la auditoria” del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como es la ausencia de actas de recepción y expedición de las mascarillas, falta de documentación del control de las mismas y el depósito de éstas”.

A partir de esta apreciación reclama al Ejecutivo que le dé cuenta sobre “cuántas mascarillas de ese depósito han salido con destino a otros organismos de otros ministerios y en concreto cuántas se llevaron al Ministerio del Interior y a qué organismos de dicho Ministerio”. Pregunta también si “hubo registro del despacho de esas mascarillas al Ministerio del Interior”. 

Respecto a la seguridad del Ministerio, el ahora diputado del grupo Mixto tras su expediente de expulsión en el PSOE cuestiona que el informe de auditoría “centra las deficiencias" en el control de accesos y "registro de personas ajenas a MITMA, en el caso del Sr. Aldama del que dice que “hacía visitas” pero no recoge ni menciona las “visitas no registradas” de empresarios que introducía en el Ministerio de Transportes de manera reiterada en los años 2020 y 2021 el subteniente de la Guardia Civil detenido en la ‘Operación Delorme’”. 

Ábalos apunta a que la auditoría evita poner el foco en su sucesora. “¿Teniendo conocimiento de la existencia en un almacén de Adif en Madrid de 500.000 mascarillas FFP2, procedentes de un pedido de 1,2 millones de unidades adjudicado en el año 2022 durante el mandato la ministra Dña. Raquel Sánchez, piensa el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ordenar también una “auditoría” para conocer tanto la idónea necesidad de la compra de esas mascarillas como su gestión dos años después de los expedientes relacionados a la ejecución de las órdenes TMA/263/2020 y TMA/292/2020?”.

El exministro viene apuntando que la auditoría buscaría increminarlo, por lo que arremete contra el hecho de que “durante estos cuatro años no hayan detectado las “irregularidades” que señalan ahora en su “auditoría”, ni hayan supervisado el debido cumplimiento de la ejecución de los contratos, ni garantizado la cadena de custodia de las mascarillas, ni las funciones del personal responsable de la elaboración de las actas y las entregas de esas mascarillas, como por ejemplo la Oficialía Mayor y/o la Dirección General de Organización e Inspección”. En la misma línea pregunta por qué en el caso del conseguidor de la trama, Víctor Aldama, “el informe de auditoría no indaga el incumplimiento de la Oficialía Mayor y del área de Seguridad de sus responsabilidades de un debido control y registro de accesos al Ministerio, no habiendo informado hasta cuatro años después a los órganos superiores de estas irregularidades tal como ahora si se recoge en dicho informe de auditoría”.

Expediente "caducado"

El exministro ya elevó la semana pasada el choque con el PSOE al reclamar su restitución de militancia. A través de un escrito dirigido al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la ejecutiva, argumenta que su expediente de expulsión estaría caducado por seguir “absolutamente paralizado” desde que se abrió el 27 de marzo. Una situación “que perjudica gravemente los derechos de un afiliado”. Tras su suspensión cautelar de militancia, Ábalos ya denunció al número tres del PSOE y su sucesor al frente de la secretaría de Organización por infringir la ley de protección de datos.

Ábalos alega en su escrito que desde su expulsión cautelar “no se ha emitido pliego de cargos alguno” ni el instructor se ha pronunciado “sobre la admisión o inadmisión de la prueba solicitada”. Aunque se reconoce que los estatutos del partido no marcan plazos, ante esta “laguna” entiende que se debe recurrir al régimen administrativo común “como bien se recoge para otros aspectos referentes al funcionamiento de los partidos políticos”. Fuentes de Ferraz se acogen a que no hay plazos marcados y dejan esta cuestión en manos de sus servicios jurídicos. Eso sí, en la cúpula del partido insisten en que su Ábalos debe estar apartado del partido al menos mientras esté en marcha la investigación sobre el caso Koldo.