El ex subsecretario de Transportes declara que Ábalos le ordenó comprar mascarillas y que Koldo le transmitió la oferta de la trama

El ex subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez García ha declarado ante el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, que José Luis Ábalos le ordenó comprar mascarillas y que fue el asesor del ministro de Transportes Koldo García Izaguirre el que le transmitió la oferta para la adquisión de ocho millones de este producto de la empresa de la trama Soluciones de Gestión SL, propiedad de los comisionistas Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama. De hecho, la oferta no le llegó por correo electrónico ni nada parecido, sino que fue el propio Koldo quien se la entregó en papel en su despacho. Goméz García se limitó a escanearlo, y su secretaria la hizo llegar a los responsables de Puertos, según fuentes presentes en la declaración consultadas por este diario.

Este funcionario, que ha sido citado como investigado, solo ha contestado a las preguntas de fiscal y de su abogado. Sin embargo, en el interrogatorio ha negado cualquier irregularidad en los contratos bajo sospecha, según explican a esta redacción fuentes presentes en el interrogatorio.

Ábalos, ha destacado Gómez García, era uno de los cuatro ministros delegados para contratar mascarillas, junto con los de Interior, Sanidad y Defensa. Y por eso este funcionario vio normal que este le encargara hacer una compra, que en principio era de 4 millones de mascarillas. Este número de tapabocas permitía salvaguardar a los funcionarios de Transportes, que eran esenciales para la distribución de mercancías durante 15 días.

Otra orden de Ábalos

También fue Ábalos, según ha declarado ante el juez, quien le dijo que tenían que doblar la compra, que pasó a ser de 8 millones de mascarillas, que supuestamente permitían el suministro a los funcionarios durante un mes.

Pese a que el ministro no le dijo con quién tenía que contratar, la oferta concreta llegó a través de su asesor Koldo García Izaguirre. Fue entonces cuando encargó que hicieran una pequeña investigación para comprobar que era solvente y que las mascarillas que ofertaba eran de calidad.

En su comparecencia ha reconocido que "lo normal" hubiera sido que García Izaguirre hubiera facilitado directamente la oferta de Soluciones de Gestión a Puertos del Estado. Pero que se la dio a él, por lo que fue él mismo el que se la entregó al Director General de Presupuestos Javier Sánchez Fuentefría, quien se la trasladó finalmente a Puertos del Estado, que fue el primer ente público que compró las mascarillas a la red corrupta.

No obstante, ha pretendido dejar claro al juez Ismael Moreno que no recibió indicación especial para contratar a la empresa de la trama en concreto, ni le transmitieron desde instancias superiores que tuviera que ser la elegida para la adquisición de mascarillas.

El juez acordó la citación de Gómez García después de que se lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción apoyándose en que tanto él como los también investigados Michaux Miranda --ex director general de gestión de personas de ADIF-- y Álvaro Sánchez Manzanares --ex secretario general de Puertos del Estado-- "podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas", según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, explica Europa Press.

Petición del fiscal

El fiscal, en su petición, explicaba que estas presiones se dieron "sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos, dando por hecho y sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación, que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Gestión".

"En principio, sin perjuicio de ulteriores consideraciones, tal conducta podría ser encajable dentro de los contornos del delito de tráfico de influencias. Por lo tanto, a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ellos situaciones materiales de indefensión, se considera procedente que se ha de proceder a su toma declaración en calidad de investigados", añadía Anticorrupción.

En el informe de la Guardia Civil se destacaba además la "vinculación directa" del ex subsecretario de Transportes José Manuel Gómez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre.

Rol clave

Sostenía que la Subsecretaría del Ministerio, en manos de Gómez, asumió un rol clave en que la decisión de adjudicar a Soluciones de Gestión fuera transmitida a los entes que ejecutaron la contratación.

Según indicaban los investigadores, en el marco del procedimiento se han encontrado correos electrónicos en los que parece ejercer como "correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores".

Los agentes hacen hincapié en que Gómez declaró a los investigadores no haber participado en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión por parte de Puertos del Estado y ADIF, una afirmación que la UCO considera que está "alejada de la realidad" después de analizar los correos electrónicos.

Destituido por Puente

Gómez fue destituido de su cargo por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que se hiciera pública la auditoría interna que se encargo en el seno de su departamento y teniendo en cuenta además que constaba como imputado en la causa.

Puente aseveró que de los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría interna realizada por su ministerio "se produce una pérdida de confianza que desemboca en la decisión".

Cabe recordar que en este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.

El juez investiga a Koldo García Izaguirre y otras personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.