El Gobierno se parapeta en los indicadores económicos para justificar una legislatura sin Presupuestos

En Ferraz y en Moncloa comienzan a hacer control de daños antes incluso de que el Congreso vote este jueves la senda de estabilidad, paso previo para la elaboración de los Presupuestos. Salvo sorpresa, no saldrá adelante, ante el previsible rechazo de PP, Vox y Junts que ya la tumbaron el pasado mes de julio. La reunión el pasado viernes en las afueras de Ginebra (Suiza) entre una delegación del PSOE, encabezada por su secretario de Organización, Santos Cerdán, el ‘expresident’ Carles Puigdemont, acompañado del secretario general de Junts, Jordi Turull, no sirvió para acercar posiciones. “Nada nuevo”, admiten en la cúpula del PSOE para reconocer en privado la falta de apoyos en estos momentos. Tanto es así que niegan la existencia de negociaciones formales. Frente a ello, los socialistas se afanan en hacer pedagogía para desdramatizar no solo que el Congreso no apruebe la senda de estabilidad, sino para justificar una legislatura sin Presupuestos.

El principal argumento que están desplegando los ministros socialistas es que las previsiones económicas son buenas y que las últimas cuentas aprobadas en la pasada legislatura son expansivas y dejan un amplio margen de maniobra. La prioridad es tener nuevos Presupuestos, y la intención es presentarlos como mandata la Constitución, pero su hipotético rechazo por parte del Congreso no variará la determinación de seguir gobernando. El intento de Ejecutivo de normalizar este escenario choca con la realidad parlamentaria desde la vuelta de la democracia. La foto sería inédita si se mantiene la pretensión de seguir gobernando. El propio Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas cuando el Congreso no aprobó los Presupuestos de 2019. El otro precedente fue en 1996, cuando Felipe González hizo lo propio tras no sacar adelante las cuentas públicas.

Si el Gobierno relativiza su inestabilidad parlamentaria parapetándose en los buenos indicadores económicos y la capacidad de maniobra para mantener las inversiones, los ministros socialistas coinciden en orientar a Génova toda la responsabilidad por no aprobarse una nueva senda de estabilidad. Tanto si se prorrogan los Presupuestos como si se elaboran con los actuales objetivos de déficit, las comunidades autónomas y ayuntamientos tendrían cerca de 12.000 millones de euros menos para gastar. Una cifra que repiten en el Gobierno desde que el Consejo de Ministros aprobó la senda de estabilidad para acusar a Alberto Núñez Feijóo de priorizar una “oposición destructiva” a dotar de más recursos a los territorios donde gobiernan sus barones.

El apoyo del principal partido de la oposición a los Presupuestos también sería inédito. Los socialistas ni siquiera los facilitaron cuando estaba al frente del partido la gestora que forzó la abstención de la mayoría de diputados del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy en 2016. Con todo, desde el Ejecutivo utilizan su rechazo para enmendar la estrategia de oposición de los populares. “Resulta absolutamente inconcebible que el PP quiera votar un recorte”, lamentaba este lunes el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para concluir que a Feijóo no le “importa perjudicar a los ciudadanos si con ello intenta boicotear la acción del Gobierno”.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ponía el acento en que cada diputado que vote en contra deberá “dar explicaciones en su territorio”. Una posición que replican los barones del PSOE en sus comunidades autónomas para cuestionar que los presidentes del PP se plieguen al dictado de Génova.

Carpetas pendientes

Desde el Gobierno evitan descargar sus críticas sobre Junts, aunque recuerdan que sus cerca de 300 alcaldes se verán perjudicados si no se aprueba la senda de déficit. El tacto con los posconvergentes se debe en buena medida a que los socialistas guardan la esperanza de un cambio de estrategia en su congreso fijado para finales de octubre. En Ferraz se niegan así a interpretar que su posible rechazo al techo de gasto este jueves implique ya su voto en contra a los Presupuestos de 2025.

En el ala minoritaria del Gobierno sí admiten la necesidad de "hacer presión pública" a Junts para que apruebe este jueves el techo de gasto, en la pugna abierta que mantienen después de que tumbasen la semana pasada su ley estrella contra las viviendas de alquiler. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, advirtió este lunes que aprobarla supondría "500 millones más para Cataluña". Pese a este intento por moverles de su 'no', en privado reconocen dar por perdida su aprobación. "No tenemos muchas esperanzas", admiten.

Sí coinciden con Ferraz en que el rechazo de Junts a este paso previo a los presupuestos no implica necesariamente que vayan a tumbar también las cuentas. "Hay margen", apuntan. Admiten también haber cambiado el calendario con este objetivo, puesto que "ya no se va a presentar en tiempo y forma, como se dijo al principio". Inicialmente, se preveía llevar al Congreso el proyecto presupuestario a lo largo de este septiembre, lo que obligaba a un acuerdo rápido entre PSOE y Sumar para diseñar las cuentas. Pero el cambio de tiempos, encaminado a facilitar un cambio de posición de los de Carles Puigdemont, relaja también los plazos para el entendimiento.

Con la vista puesta a una redefinición de la estrategia en el congreso de Junts, en el Ejecutivo siguen sin tirar la toalla. Pedro Sánchez ya activó al equipo de negociadores de la investidura para intentar un acercamiento. Esto es, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el número tres del PSOE, Santos Cerdán. Además del propio proyecto de Presupuestos, sobre todo en lo referente a las inversiones para Cataluña y compromisos de ejecución, sobre la mesa están pendientes diferentes carpetas que podrían servir como moneda de cambio: la relativa al impulso de la lengua catalana, la ley de delegación de competencias en inmigración o el "reconocimiento nacional” de Cataluña.

La “ayuda” de la presión externa

Por este motivo se enfrían los plazos para presentar los Presupuestos. Antes del congreso de Junts no sería el mejor momento para someter la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, según reconocen fuentes del Ejecutivo. “No hay plazos, lo importante es tenerlos”, remarcan en Moncloa sobre los tiempos para la presentación de los Presupuestos.

Los socialistas apelan por otra parte al efecto de las presiones sobre Junts para que se decanten por una vía más pragmática. En este sentido barruntan que pueden “ayudar” cuestiones como la concentración frente a la sede de Junts la pasada semana después de que cambiasen su voto a última hora para tumbar la admisión a trámite de la reforma para regular los alquileres.