El Gobierno se abre a modificar la senda de estabilidad y ve "margen" para atraer a Junts a los Presupuestos

La votación de la senda de estabilidad prevista para este jueves no tenía los apoyos necesarios y el Gobierno ha decidido darse más tiempo para evitar una derrota parlamentaria que dejaría los Presupuestos en el aire. El Consejo de Ministros acordó retirarla de la tramitación parlamentaria, ante el previsible rechazo de PP, Vox y Junts que ya la tumbaron el pasado mes de julio. "El Gobierno quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar un pacto que sería beneficioso para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos", justificaron fuentes de Hacienda. En Moncloa miran directamente a Junts y entienden que hay "margen" para el acuerdo. Para ello se abren tanto a modificar los objetivos de déficit, como ha reclamado esta mañana la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, como a abordar otras carpetas.

Además del propio proyecto de Presupuestos, sobre todo en lo referente a las inversiones para Cataluña y compromisos de ejecución, encima de la mesa están pendientes diferentes carpetas que podrían servir como moneda de cambio: la relativa al impulso de la lengua catalana, la ley de delegación de competencias en inmigración o el "reconocimiento nacional" de Cataluña. "Hay margen para la negociación, que puede llegar a cualquier punto", indican fuentes del Ejecutivo en referencia a reformular la senda de estabilidad, pero sin descartar que se aborden otros asuntos.

La reunión el pasado viernes en las afueras de Ginebra (Suiza) entre una delegación del PSOE, encabezada por su secretario de Organización, Santos Cerdán, el ‘expresident’ Carles Puigdemont, acompañado del secretario general de Junts, Jordi Turull, no sirvió para acercar posiciones. “Nada nuevo”, admitían en la cúpula del PSOE para reconocer en privado la falta de apoyos en estos momentos. El Ejecutivo justifica su decisión como un "ejercicio de responsabilidad" con el objetivo de alcanzar un acuerdo que hasta ahora no ha sido posible.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha justificado este aplazamiento para dar una “nueva oportunidad al diálogo y la negociación”. Ante ello ha hecho una llamada a la “responsabilidad” frente a lo que ha calificado “cálculos partidistas de otros”. Con todo, ha apuntado directamente al PP, evitando las menciones directas a Junts, porque con los objetivos de déficit planteados por el Gobierno están en juego 12.000 millones de euros más de gasto para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ya fijó su rechazo de forma coordinada con los presidentes autonómicos del PP y ha asegurado que el Ejecutivo no ha levantado el teléfono para abordar el techo de gasto. 

Inicialmente, se preveía llevar al Congreso el proyecto presupuestario a lo largo de este septiembre, lo que obligaba a un acuerdo rápido entre PSOE y Sumar para diseñar las cuentas. Pero la relajación de los tiempos, con la pretensión de facilitar un cambio de posición de los de Carles Puigdemont, enfría también los plazos para el entendimiento.

Congreso de Junts

"Nos gustaría que se aprobasen cuanto antes, pero no nos ponemos plazos al abrirse ahora la negociación", indican fuentes de Moncloa. Los socialistas tienen la vista puesta a una redefinición de la estrategia en el congreso de Junts, fijado para finales de octubre. Por este motivo se enfrían los plazos para presentar los Presupuestos. Antes del congreso de Junts no sería el mejor momento para someter la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, según reconocen fuentes del Ejecutivo. “No hay plazos, lo importante es tenerlos”, remarcan en Moncloa sobre los tiempos para la presentación de los Presupuestos.

Pedro Sánchez ya activó al equipo de negociadores de la investidura para intentar un acercamiento. Esto es, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el número tres del PSOE, Santos Cerdán.

Desde el Ejecutivo evitan criticar a Junts y cargan contra el PP por no dar su apoyo a una senda que permitiría a las comunidades autónomas y ayuntamientos gastar cerca de 12.000 millones de euros más en los dos próximos ejercicios. "Frente a quienes solo se mueven por cálculos electoralistas y partidistas, aunque eso suponga perjudicar los servicios públicos de todos los ciudadanos, el Gobierno trabaja para mejorar la vida de la gente y buscará un acuerdo que preserve los recursos para la sanidad, la educación o la dependencia en todos los territorios", defienden desde Moncloa.

Control de daños

Los socialistas apelan por otra parte al efecto de las presiones sobre Junts para que se decanten por una vía más pragmática. En este sentido barruntan que pueden “ayudar” cuestiones como la concentración frente a la sede de Junts la pasada semana después de que cambiasen su voto a última hora para tumbar la admisión a trámite de la reforma para regular los alquileres.

Ante la falta de apoyos, desde el Gobierno y Ferraz ya comenzaron este lunes a hacer control de daños. El principal argumento que están desplegando los ministros socialistas es que las previsiones económicas son buenas y que las últimas cuentas aprobadas en la pasada legislatura son expansivas y dejan un amplio margen de maniobra. La prioridad es tener nuevos Presupuestos, y la intención es presentarlos como mandata la Constitución, pero su hipotético rechazo por parte del Congreso no variará la determinación de seguir gobernando.