Un TC fracturado aparta al exministro Campo de todos los recursos de la amnistía

Como se veía venir las deliberaciones sobre la amnistía van a ser a partir de ahora cualquier cosa menos pacíficas. El pleno del Tribunal Constitucional de este martes ha necesitado varias horas para abordar uno de sus primeros asuntos del orden del día, pese a que era prácticamente de mero trámite: la extensión de la abstención de Juan Carlos Campo acordada en el pleno anterior, en la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Supremo, a todos los recursos sobre la amnistía. La división con la que el exministro quedará apartado de todas las impugnaciones de la medida de gracia, por seis votos frente a cinco, reflejará cómo decidirá a partir de ahora vivirá la corte de garantías.

El debate ha sido denso y finalmente ha triunfado, pero por la mínima, la posición defendida por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que ha defendido que por economía procesal y para agilizar las deliberaciones debía ser él el ponente de la extensión a todos los asuntos de la amnistía de la abstención de Campo acordada por unanimidad hace 15 días a partir de la ponencia redactada por el magistrado de sensibilidad conservadora Ricardo Enríquez.

El exministro, que desde que llegó al Constitucional se ha apartado de alrededor de 200 asuntos sin problema alguno, alegaba que calificó de "inconstitucional" la amnistía en los informes en los que proponía al Consejo de Ministros la concesión del indulto a los líderes del `procés'. A partir de la propia propuesta de abstención que le envió Campo, Conde-Pumpido redactó la resolución finalmente aprobada. Incluirá los votos particulares de los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías. Los otros dos jueces de sensibilidad conservadora, César Tolosa y Ricardo Enríquez, se han reservado la posibilidad de hacer otro.

Las fuentes consultadas han señalado que la discusión se ha centrado en dos puntos, si bien relacionados entre sí: uno consistía en que Conde-Pumpido no podía ser el ponente de las abstenciones y otro, que tanto él como Laura Díez Bueso y José María Macías debían abandonar el pleno y no pronunciarse sobre estos puntos previos al fondo del asunto, por haber sido recusados. Los dos primeros lo fueron por el PP y varias comunidades autónomas recurrentes, junto con el propio Campo, y el tercero, por la fiscalía y la Abogacía del Estado.

El sector progresista ha defendido que no tiene sentido que se reproduzca un debate sobre la abstención de Campo en los 16 recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, porque la decisión solo puede ser una: que debe quedar apartado de todas. Lo contrario solo supondría una pérdida de tiempo semejante a la que se ha vivido este martes, al destinar toda la mañana a extender una decisión acordada en el pleno anterior.

Recusaciones

En cuanto a si los recusados pueden participar en los debates preparatorios de la resolución de los recursos, tampoco ha habido acuerdo. Los progresistas defendían que sí, porque consideran que no tiene nada que ver determinar si alguien tiene comprometida su imparcialidad o su apariencia de imparcialidad con el debate de si la amnistía es constitucional o no lo es. Para reforzar sus respectivos argumentos a favor o en contra de la participación de los recusados, se han ido recordando distintas resoluciones del Constitucional en un sentido u otro.

Y Conde-Pumpido ha explicado la razón por la que en 2022 firmó un voto particular en el que se mostró partidario de que los recusados se apartaran de cualquier debate, cuando ahora defiende que solo lo hagan al abordar el incidente para apartarles que les afecte directamente. Fuentes del alto tribunal han señalado a EL PERIÓDICO en este punto que el presidente ha recordado que en ese momento todas las decisiones se adoptaban por unanimidad y la presencia de los recusados no sería determinante en un sentido u otro, por lo que podía abordarse el debate sin ellos. Su posición solo ha convencido a los magistrados de sensibilidad progresista.

En la cabeza de todos ellos estaba una recusación concreta que iba a ser rechazada y que finalmente, como se acordó que todos los magistrados que habían sido recusados abandonaran el pleno que debía abordarla, acabó siendo admitida: la de Pablo Pérez Tremps durante las deliberaciones sobre el Estatut. El magistrado de sensibilidad progresista, ya fallecido, quedó excluido así de la sentencia redactada por el Constitucional que más polémica ha suscitado.