El empresario cripto que dijo dar 100.000 euros a Alvise Pérez se ofrece a testificar para reducir su posible condena

Álvaro Romillo, el empresario de criptomonedas que asegura haber entregado 100.000 euros en mano a Alvise Pérez, ha ofrecido su colaboración y testimonio a la Audiencia Nacional para intentar reducir una futura posible condena por la presunta ciberestafa por la que ha sido denunciado por miles de personas. En ese sentido, y según explican a este periódico, Romillo también estaría intentando acercar posturas con los intereses de los afectados para intentar garantizar que recuperen la mayor cantidad de dinero posible.

Romillo, más conocido en redes sociales como CryptoSpain, decidió presentar una "autodenuncia" ante la Fiscalía General del Estado para entregar sus chats con el eurodiputado Alvise Pérez así como distinta documentación para acreditar las actividades de Madeira Invest Club, el "chiringuito financiero" con el que supuestamente llevó a cabo una estafa piramidal.

La decisión de autoinculparse se produjo a raíz de la denuncia presentada por las plataformas de afectados por estafa continuada, apropiación indebida, publicidad engañosa, organización criminal y blanqueo de capitales, pero es ahora cuando, según ha podido saber este periódico, Romillo estaría intentando acercar posturas y alinear sus acciones con las de sus presuntas víctimas para intentar garantizar que se le reconozca su colaboración y que eso constituya un atenuante.

Para lograrlo, el gestor de Madeira Invest Club también debería restituir las pérdidas de los afectados. En ese sentido, desde la representación legal de Romillo, que está encabezada por el abogado Francisco Miranda, explican a este periódico que han ofrecido su colaboración al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. "Es su voluntad facilitar la labor instructora, prestar declaración si es citado por este juzgado y aportar la documentación que se le requiera", dice el escrito al que ha tenido acceso esta redacción.

Intereses alineados

Así, desde el despacho Zaballo Abogados, el que representa el mayor número de afectados en este caso, explican a este periódico que ayer hubo una "negociación" con los abogados de Romillo para presentar una solicitud "de forma conjunta" pidiendo, entre otras cosas, que se nombrase de forma urgente un administrador legal de las propiedades de CryptoSpain para garantizar que estas no se devalúen y que se pueda devolver parte del dinero a las víctimas.

No tiene sentido, dicen desde Zaballo, que se "descuiden" o "cierren" las empresas de Romillo, ya que tienen "numerosos empleados a su cargo y operan con volúmenes de facturación muy relevantes a nivel económico". Tampoco resulta "conveniente", según explica un escrito dirigido por ellos al Juzgado Central de Instrucción 4, "que sus cuentas queden en manos de los denunciados o de sus administradores actuales, toda vez que ello posibilitaría el desvío de capitales que deben destinarse al resarcimiento de las víctimas".

Para poder garantizar que se realice una custodia efectiva de esos bienes, Romillo, en línea con ese supuesto entendimiento con los afectados, estaría dispuesto a aportar un listado de todos los bienes de los que dispone a la Audiencia Nacional y de ponerse a disposición judicial para "prestar declaración", como confirman desde la representación legal de CryptoSpain.

Un 'chiringuito financiero' a ojos de la CNMV

Desde 2021, y hasta el pasado miércoles, cuando se bloquearon sus páginas web y se dejó de responder a los afiliados, Madeira Investment Club atrajo a miles de inversores bajo promesas de grandes beneficios. Allí, se ofrecía la posibilidad de invertir en criptomonedas, obras de arte digital, oro, colecciones de botellas de whisky, relojes, restaurantes de Madrid, activos inmobiliarios, minas o concesionarios de lujo. A los inversores se les prometían rentabilidades del 30% al 53%.

Según explicó en mayo de 2023 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este 'chiringuito financiero' gestionado por Álvaro Romilla exigía para entrar, además, una cuota mínima anual de 2.000 euros, aunque las inversiones medias alcanzaron los 100.000 euros. 

Las transacciones podían efectuarse de diferentes maneras, incluyendo transferencias bancarias, criptomonedas, e incluso pagos en efectivo, que eran guardados en las cajas fuertes de la empresa Sentinel BQ en Madrid. Un lugar sobre el que pivotaría tanto este caso, que está ahora mismo en manos de la Audiencia Nacional, como el que investiga ya la Fiscalía del Tribunal Supremo acerca de la posible financiación ilegal de Alvise Pérez con esos 100.000 euros que presuntamente le entregaron en mano en las oficinas de Sentinel en Madrid.

Sin embargo, desde Zaballo Abogados, que reclama indemnizaciones millones para los miles de afectados que representa, creen que hay que diferenciar las dos causas, pues "politizar" la investigación de su caso les perjudicaría.