Sánchez se pliega a sus socios: desbloquerá la ley de secretos oficiales y eliminará las injurias al Rey

Con los Presupuestos congelados, a la espera de los congresos de Junts y ERC, el Gobierno busca mantener viva la actividad parlamentaria y al mismo tiempo multiplicar los guiños a sus socios. Después de que el Ejecutivo retirase de la votación la senda de estabilidad para dar una “oportunidad al diálogo” con Junts y volver a negociar una nueva senda de déficit que cuente con el apoyo del Congreso, se han sucedido los gestos para acercar posiciones. Como la reactivación de las comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña y los atentados yihadistas de Barcelona del 17-A, pactadas con Junts en el acuerdo de investidura, o del frente diplomático para impulsar el uso del catalán en la UE. En esta misma línea, los socialistas priorizan el desbloqueo de la ley de secretos oficiales, reivindicada por el PNV, y de la reforma sobre los delitos de libertad de expresión, que desde Sumar incluyen como parte de la reforma de la denominada ‘ley mordaza’.

Los socialistas argumentan que no ha dejado de haber conversaciones para avanzar en acuerdos sobre enmiendas y ponencias y confían en desbloquear algunas de las normas promovidas por sus socios que ahora esperan en las comisiones. La ley de secretos oficiales, presentada por el PNV y tomada en consideración por el Congreso, lleva acumulando prórrogas semanales en su plazo de enmiendas desde el pasado 26 de marzo.

El Gobierno se presta a desclasificar documentos del CNI como pide Junts en la comisión del 17-A

En el PSOE reconocen que se trata de una “obsesión” para los nacionalistas vascos y ya incluyeron el compromiso de impulsarla en el Plan de Acción por la Democracia aprobado recientemente en el Consejo de Ministros. El escollo radica en los plazos de desclasificación de los documentos y en los automatismos, puesto que el Gobierno quiere preservar cierta discrecionalidad. Esto es, la capacidad de prorrogar el plazo de desclasificación de documentos concretos por motivos de seguridad nacional.

Esta misma semana, el PSOE levantó su veto para aceptar la admisión a trámite de una iniciativa del PNV para reformar el marco normativo del CNI. Una propuesta que los jeltzales justificaron impulsar “ante la gravedad de los hechos conocidos por el uso de Pegasus, en 2022, con autorización judicial, para intervenir teléfonos de representante políticos, activistas, abogados, periodistas y familiares vinculados de manera singular al ‘procés’ catalán”.

Lo mismo ocurre con la reforma del Código Penal para los delitos relacionados con la libertad de expresión, incluida en el plan de regeneración democrática. El Congreso le dio luz verde a su toma en consideración el pasado mes de enero y desde entonces está varada en la comisión de Justicia. Aunque desde el PSOE consideran que se trata de “temas complejos”, ven margen para poder desbloquear esta iniciativa promovida por Sumar.

Negociaciones separadas

La principal diferencia radica en si incluir los delitos contra la Corona. El texto acordado entre los socios apunta al compromiso de “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal”. En Sumar entienden que este redactado incluye los delitos a la Corona, aunque los socialistas lo matizan.

Lo cierto es que esta semana han comenzado a virar las sensaciones tanto del Gobierno, como de Junts y otros socios parlamentarios respecto a la posibilidad de llegar a acuerdos, con la vista puesta en los Presupuestos. En Junts insisten en que negociarán carpeta a carpeta y hasta separan la senda de estabilidad del propio proyecto de Presupuestos. En el Gobierno asumen que deben negociar “paso a paso” con los posconvergentes, pero los gestos con la reactivación de otros compromisos pendientes han contribuido a acercar posiciones. Otros socios parlamentarios comparten este diagnóstico, aunque aprovechan también la brecha abierta para elevar el precio a sus exigencias.

“Escalada” entre Junts y ERC

Principalmente ERC, que tras retirarse la senda de estabilidad ha advertido que en su caso la negociación volverá a empezar “desde cero”. En el Gobierno reconocen que hay una “escalada” en la espiral competitiva entre Junts y ERC que no les beneficia. Una pugna por arrancar concesiones a Pedro Sánchez por la que cada vez elevan más sus exigencias.

“A nosotros nunca nos viene bien esa escalada, pero es inevitable”, traslada un ministro socialista del círculo de confianza del presidente del Gobierno. Para ello ponen como ejemplo la dureza que mostraron los republicanos en su réplica a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su comparecencia para informar sobre el acuerdo en financiación para Cataluña. El Ejecutivo deberá hacer equilibrios, pues necesita de todos sus socios de investidura para sacar las Cuentas adelante y atar las mayorías parlamentarias, pero es consciente al mismo tiempo de que el precio para ello sigue subiendo.