El Gobierno se plantea agrupar el plan de medios en una ley ómnibus para evitar un calvario parlamentario

El Ejecutivo se ha dado tres años, de aquí al final de la legislatura, para desarrollar las 31 medidas incluidas en su Plan de Acción por la Democracia, pero las enmarcadas en el reglamento europeo de medios de comunicación deben implantarse antes de mayo de 2025. Para cumplir con este calendario fijado en el propio reglamento y evitar un calvario parlamentario, el Gobierno estudia agrupar en una suerte de ley ómnibus todas las reformas relativas a los medios de comunicación, según fuentes de la dirección del grupo parlamentario socialista. Desde Moncloa argumentan que todavía se están estudiando diferentes vías, después de poner en marcha el pasado martes la comisión interministerial encargada del seguimiento e impulso de este plan de regeneración.

La debilidad parlamentaria del Gobierno y el coste cada vez mayor en las cesiones a los socios que implican las negociaciones por separado, “ley a ley”, son otros de los elementos a favor de unificar en un mismo texto los cambios legislativos propuestos. Se trataría de un primer paquete centrado en medios de comunicación con cambios en diferentes normativas, desde la ley de publicidad institucional o la reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para dotarla de competencias en la elaboración de un registro de medios de comunicación, con la obligación de informar sobre sus propietarios y fiscalizar la inversión publicitaria de las administraciones públicas.

La decisión de que asuman estas competencias los consejeros de la CNMC, cuyos nombramientos corresponden al Gobierno, ya generó fricciones con Sumar. Los de Yolanda Díaz intentaron sin éxito que se crease para ello un organismo independiente. Desde las asociaciones profesionales se aboga también porque, en lugar de la CNMC, estas gestiones las asuma un Consejo de Medios integrado por profesionales del sector. El propio reglamento europeo establece que “debe ser totalmente independiente, también frente a cualquier influencia política o económica, y no debe pedir ni recibir instrucciones de ningún Gobierno, institución, ya sea nacional, supranacional o internacional, ni de ninguna persona u organismo público o privado”.

Otras de las reformas del plan incluidas en el eje sobre “medios de comunicación y garantía del derecho de los ciudadanos a una información veraz” tienen que ver con el deber de la publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y establecer un tope “para que no haya medios impulsados por o dependientes” de los gobiernos de turno. Por otro lado, se propone revisar el marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación.

Entre los asuntos más polémicos, que supervisará la secretaría de Estado de Comunicación, se encuentra la modificación de la ley de publicidad institucional para “para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad”. La misma ley se pretende modificar para “introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”. Con ello se pretende que gobiernos autonómicos financien "pseudomedios que promuevan 'fake news'".

Ley electoral

Fuera del margen estricto del reglamento europeo, el Gobierno ha añadido al plan de medios una reforma de la ley electoral para obligar a publicar todos los microdatos de las encuestas electorales con el fin de evitar sesgos que busquen “influir” en el estado de opinión, una ley de secreto profesional de los periodistas para la protección de fuentes y la trasposición de la denominada directiva anti SLAPP para la protección de los periodistas de acosos externos. España tiene hasta mayo de 2026 para trasponer esta directiva. El Ejecutivo pretende además reformar el reglamento del debate del Estado de la Nación para que sea obligatoria su celebración todos los años. Desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018, solo se ha celebrado uno de estos debates sobre política general. En julio de 2022.

Estas últimas cuestiones no están determinadas por el calendario de aplicación que exige la UE, como sí lo es el registro de medios y la necesidad de dar cuenta de su accionariado y subvenciones públicas. Como tampoco lo son las relativas al paquete de ayudas económicas para los medios que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano y un plan de 100 millones para la digitalización. Si la implantación del plan de medios corresponderá en buena medida al ministerio de la Presidencia y Justicia y la secretaría de Estado de Comunicación, el diseño y distribución de las ayudas a los medios recaerán en el ministerio de Transformación Digital.

El plan de regeneración deberá pasar por el Congreso y para ello el Gobierno ya ha abierto el debate con los socios con el objetivo de implementarlo. El documento de 31 puntos cuenta con medidas concretas, pero también “compromisos” sin desarrollar a la espera de negociar con los grupos, como la reforma de la ley de secretos oficiales. La reforma de la ley mordaza se limita a la propuesta que ya hicieron PSOE y Sumar y que tumbó el Congreso. No se incluyen por tanto algunas de las exigencias de ERC y EH Bildu para dar su visto bueno, como la prohibición de las pelotas de goma o las devoluciones en caliente.

Desbloqueos en las comisiones

Los socialistas priorizan ahora el desbloqueo de la ley de secretos oficiales y de la reforma sobre los delitos de libertad de expresión, que desde Sumar incluyen como parte de la reforma de la denominada ‘ley mordaza’. El Congreso les dio luz verde a su toma en consideración a principios de año y desde entonces están varadas en comisión con sucesivas prórrogas al periodo de enmiendas. En la ley de secretos oficiales el escollo radica en los plazos de desclasificación de los documentos y en los automatismos, puesto que el Gobierno quiere preservar cierta discrecionalidad. Esto es, la capacidad de prorrogar el plazo de desclasificación de documentos concretos por motivos de seguridad nacional.

Sobre la reforma del Código Penal para revisar los delitos relacionados con la libertad de expresión, la principal diferencia entre los socios de coalición radica en si incluir los delitos contra la Corona.  El texto acordado entre los socios apunta al compromiso de “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal”. En Sumar entienden que este redactado incluye los delitos a la Corona, aunque los socialistas lo matizan.