El aumento del gasto en Defensa añade otro escollo a Sánchez para aprobar los Presupuestos

Los Presupuestos dependerán en buena medida de la hoja de ruta que marquen Junts y ERC en sus respectivos congresos. Este es el motivo por el que se ha decidido retrasar su presentación, aunque no se trata del único escollo para sacar las Cuentas adelante. El Gobierno está obligado a hacer difíciles equilibrios con sus socios para amarrar el apoyo de un heterogéneo grupo de partidos que no solo compiten entre sí, como es evidente en el caso de la escalada entre Junts y ERC o de la pugna clásica entre PNV y EH Bildu, sino que tienen posiciones contrapuestas. La fiscalidad es una de las principales, con los nacionalistas vascos y los posconvergentes defendiendo posiciones moderadas y reticentes a la reforma fiscal que Sumar busca pactar en el proyecto de Presupuestos con el PSOE. Por otra parte, desde las fuerzas progresistas, especialmente Podemos, advierten ya que el aumento del gasto en Defensa previsto aleja su necesario apoyo.

El ministerio de Defensa cifra el incremento actual con respecto a las anteriores Cuentas en un 26%. Un porcentaje que los morados elevan hasta casi un 33% si se suma la ejecución real. Esto es, la autorización de partidas extraordinarias, sobre las que llaman la atención por falta de transparencia. El Consejo de Ministros ya autorizó el pasado mes de abril una partida de 1.129 millones de euros a la compra de armamento, en el marco del acuerdo de seguridad con Ucrania. Un apoyo financiero sostenido en el tiempo, como se encargó de subrayar Pedro Sánchez tras su firma en la Moncloa junto a Volodímir Zelenski. “Vamos a estar con Ucrania hasta que se respete su soberanía nacional”, concluyó.

El aumento del gasto militar es uno de los asuntos de fondo que más fricciones generan con los socios. ERC y EH Bildu han reiterado su oposición a través de iniciativas parlamentarias, mientras que los socios de coalición han presentado objeciones a las autorizaciones de gasto aprobadas por el Consejo de Ministros con el doble objetivo de mostrar su rechazo e intentar monitorizar el destino de dichas partidas. Para la parte socialista del Gobierno la política de Defensa, como la de Exteriores, es territorio vetado para sus socios.

El Ejecutivo, sin embargo, sigue a la cola de los países de la OTAN y tiene el compromiso de incrementar el presupuesto para llegar a un gasto en Defensa equiparable al 2% del PIB en 2029. Este 2024, de no haber prórroga de los Presupuestos, correspondería un 1,3%, una décima más que el año anterior. Entonces la partida para Defensa ascendió a 12.825 millones de euros. El gasto real fue más elevado al recurrirse a modificaciones de los límites de gasto o al Fondo de Contigencias para sufragar otras inversiones.

Cada décima de incremento supone alrededor de 1.500 millones de euros, por lo que en el ministerio que dirige Margarita Robles ponen más el foco en la cantidad total que en los porcentajes de PIB. Según el último informe de la OTAN, España se sitúa a la cola de los países miembros, con el 1,28% del PIB.

Negociación “desde cero”

Las negociaciones formales sobre los Presupuestos todavía no se han abierto formalmente, tras retrasarse la votación de senda de estabilidad. No será hasta que se inicie la ronda de contactos cuando se pueda calibrar hasta qué punto las diferencias persisten o si se compensan con cesiones de los socialistas en otras inversiones de carácter más social. Lo que sí se está evidenciando con la renegociación de la senda de estabilidad es que el resto de socios han subido el precio.

Desde ERC avisan que en su caso la negociación deberá empezar “desde cero” y en Podemos dejan en el aire su apoyo a la espera de conocer la nueva cifra de déficit. Junts reclama que se incremente el déficit para las comunidades autónomas hasta un tercio del total. Un porcentaje que ya ha rechazado el Gobierno y trata de buscar una posición intermedia. Frente a ello, otras formaciones se muestran reacias a que el Estado disminuya su capacidad de gasto.

Equilibrios en materia tributaria

La necesidad de hacer equilibrios atendiendo a la compleja aritmética parlamentaria es patente también materia tributaria. En Moncloa reconocen, ante los cambios en fiscalidad que negocian con Sumar, que cualquier propuesta debe tener capacidad de consenso con los grupos, en referencia a las reticencias de Junts y PNV. Tanto respecto a la subida del IVA a los alquileres de temporada, como a la reforma de los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas, que caducan a final de año.

En Junts insisten en que negociarán carpeta a carpeta y hasta separan la senda de estabilidad del propio proyecto de Presupuestos. En el Gobierno asumen que deben negociar “paso a paso” con los posconvergentes. Ahora toca hablar del déficit y después se abordará el proyecto de Presupuestos, pero los gestos con la reactivación de otros compromisos pendientes han contribuido a acercar posiciones. Otros socios parlamentarios comparten este diagnóstico, aunque aprovechan también la brecha abierta para elevar el precio a sus exigencias.