El Gobierno lamenta el freno del Supremo a la amnistía y critica los "comentarios políticos" del auto

 El Ejecutivo siempre defendió que la voluntad del legislador era “clara” con respecto a la aplicación de la amnistía para borrar los delitos a los condenados por el ‘procés’. Incluyendo los delitos de malversación, por lo que se estableció en la ley una diferenciación entre la que tuviese como resultado un beneficio patrimonial personal o la política en el marco del ‘procés’. Es por ello que el Gobierno ha recibido el nuevo freno del Supremo a su aplicación, al rechazar los recursos de súplica planteados por fiscalía, Abogacía del Estado y los procesados condenados por malversación, manifestando que si bien respeta la decisión, no la comparte. Todo ello en medio de las negociaciones con Junts para salvar los Presupuestos de 2025 que garantizarían a Pedro Sánchez estabilizar la legislatura.  

 El ministro de Transformación Digital y anterior jefe del Gabinete del presidente del Gobierno, Óscar López, ha ido un paso más allá para asegurar que tampoco comparte los “comentarios políticos” vertidos en la sentencia. “No vienen al caso”, ha criticado durante una entrevista este lunes en ‘La Sexta’.

El auto responde a las defensas que "la interpretación de los preceptos que ha llevado a la Sala a excluir el delito de malversación de la amnistía exige atender no sólo a lo que ahora los recurrentes dicen que el legislador quiso amnistiar, sino a lo que efectivamente proclama la norma jurídica mediante la que pretende hacerse valer el perdón a los condenados. (...) Entre la voluntad política que determina un cambio legislativo y los enunciados normativos con los que ese cambio pretende llevarse a cabo, es indispensable un enlace lógico, coherente y acorde con elementales exigencias de técnica jurídica".

El tribunal setenciador también añade, en contraposición a la voluntad del legislador a la que se acoge Moncloa y Ferraz, que “no basta con la voluntad política para amnistiar un hecho. Es necesario que el texto legal que traduce ese ideario defina su ámbito objetivo con la precisión reforzada que es exigible a una norma que tan radicales efectos va a producir en principios estructurales del proceso penal". Finalmente, añade que "las leyes no pueden interpretarse como un mandato verbal dirigido por el poder político a los jueces".

En un claro mensaje a los independentistas, cuyo apoyo a los Presupuestos está en el aire, ha trasladado que antes o después se materializará este compromiso de investidura. “El camino final será que se acabe aplicando. Más allá de la sentencia, la ley avanzará y cumplirá su objetivo”, ha asegurado. El Tribunal Constitucional será quien acabe resolviendo, pero no se espera su sentencia antes de la primavera de 2025.

“Hemos pedido reiteradamente que se aplique la ley tal y como la aprobó el Congreso lo antes posible”, ha asegurado la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, tras ser preguntada por la nueva decisión del Supremo. La dirigente ha insistido en que su cumplimiento contribuirá a la “normalidad” de la que hace bandera el Govern de Salvador Illa, pese a que el independentismo insiste en que esto no será así hasta que el contador judicial de los líderes del 1-O se ponga a cero, informa Sara González.

Negociación para los Presupuestos

En este contexto, y en plenas negociaciones con Junts para salvar la votación de la senda de estabilidad, como primer paso para la elaboración de las cuentas, el Gobierno ha multiplicado con los guiños a los de Carles Puigdemont. Este mismo lunes, se lanzó un gesto respecto la batalla por la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, que se pactó con los de Carles Puigdemont para hacer presidenta del Congreso a la socialista Francina Armengol. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha trasladado que intensificará la vía diplomática e incluso se ha mostrado dispuesto a acudir a la vía judicial.

“Estoy seguro que lo consolidaremos y si no yo estoy dispuesto a llegar al Tribunal Europeo de Justicia si hiciera falta", aseguró este lunes durante una entrevista este lunes en Catalunya Radio, recogida por Europa Press. Para lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego es preciso modificar los tratados de la UE y por ello se necesita contar con el aval de todos los Estados miembros. De no ser así, Albares ha defendido la vía judicial porque los tratados "establecen el multilingüismo como un objetivo y un valor a defender por la Unión Europea".