Sánchez hace otro gesto a Puigdemont y estudia llevar la oficialidad del catalán al Tribunal de Justicia de la UE

El Gobierno ha asumido la metodología de Junts de negociar carpeta a carpeta, centrándose ahora en acordar una nueva senda de déficit y dejando para el siguiente paso, una vez transcurrido el congreso de los posconvergentes a finales de octubre, el proyecto de Presupuestos. Pese a ello, en los últimos días ha multiplicado los gesto y retomado compromisos pendientes. Entre ellos, la batalla por la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, que se pactó con los de Carles Puigdemont para hacer presidenta del Congreso a la socialista Francina Armengol. La falta de consenso entre los Veintisiete ha impedido hasta ahora avances, pues se precisa de unanimidad. Frente a ello, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha trasladado el mensaje de que intensificará la vía diplomática, pidiendo reunirse con la presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola, y este lunes ha ido un paso más allá al mostrarse dispuesto a acudir a la vía judicial.

Albares ha justificado la falta de avances en el impulso del catalán, el euskera y el gallego en la UE por la “reticencia política” de los países con gobiernos que responden a la disciplina de grupo de los conservadores. Durante una entrevista este lunes en Catalunya Radio, recogida por Europa Press, el titular de Exteriores ha defendido los esfuerzos del Gobierno en aras de lograr la oficialidad, sobre todo a nivel diplomático, en contraposición con el bloqueo que estaría alentando el PP con sus socios. Ante ello, ha manifestado que “con PP o sin PP, yo estoy seguro que lo consolidaremos y si no yo estoy dispuesto a llegar al Tribunal Europeo de Justicia si hiciera falta".

Para Borja Sémper, portavoz del PP, Albares “miente al conjunto de los españoles y en concreto a los independentistas”, informa Pilar Santos. Según Sémper, el jefe de la diplomacia sabe que “las resistencias a lo que plantean no las tiene un partido concreto en Europa sino que es una norma europea de funcionamiento de las instituciones”.

La vía de los tribunales está sobre la mesa, pero antes de ello se agotarán todos los mecanismos al alcance del Ejecutivo. De ahí que Albares haya matizado que "todavía estamos lejos” de acudir al TJUE.

Para lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego es preciso modificar los tratados de la UE y por ello se necesita contar con el aval de todos los Estados miembros. De no ser así, Albares ha defendido la vía judicial porque los tratados "establecen el multilingüismo como un objetivo y un valor a defender por la Unión Europea".

Entre las bazas que vienen utilizando el Gobierno para convencer a los Veintisiete, desde que en agosto de 2023 solicitó al Consejo de la UE dar este paso, se encuentra la disposición de España a asumir los costes derivados y a evitar que se siente un precedente. Para ello, como ha recordado Albares en dicha entrevista recogida por Europa Press, se han introducido toda una serie de condicionalidades que solo cumple España como que las lenguas estén en la Constitución, se usen en el Parlamento nacional o que existan acuerdos administrativos con las instituciones europeas.

Comisiones de investigación

Por este motivo, desde el Gobierno concluyen que "no hay obstáculos reales". “Todo el mundo puede estar muy tranquilo y si la negociación es política nosotros revisaremos aquello también en lo que otros estados necesitan nuestra ayuda para decirles que no se puede pedir nuestra ayuda cuando no se ayuda a España en algo tan vital, tan nuclear, tan importante, tan existencial como es nuestra identidad nacional, que es plurilingüe", ha remachado el ministro de Exteriores.

En el contexto de las negociaciones con Junts para conseguir su apoyo a la senda de déficit, primer paso para elaborar los presupuestos, el Gobierno también desbloqueó las comisiones de investigación sobre los atentados yihadistas en las Ramblas y Cambrils en agosto de 2017 y de la denominada Operación Cataluña, comprometida con los posconvergentes. Para ello se ha mostrado dispuesto a aceptar a una de las principales exigencias de Junts: la desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).