El Gobierno busca fisuras entre Clavijo y el PP con la oferta de más recursos para el pacto migratorio

El Ejecutivo ha intensificado los contactos con el gobierno de Canarias para intentar retomar la reforma de la ley de extranjería que haga obligatoria la distribución territorial de los menores migrantes llegados a sus costas. Sobre la mesa está la oferta de una mayor financiación por parte del Estado, en la que trabaja de Hacienda, después de perfilarse el catálogo de recursos con los que cuentan las comunidades autónomas. En base a este catálogo y otra serie de criterios como el PIB o la población se hará una propuesta de modelo de reparto territorial. La otra baza del Gobierno es que un acuerdo en esta línea dejaría sin efecto la vía judicial contra el protocolo de acogida del ejecutivo canario, sobre el cual el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidió este lunes mantener su suspensión cautelar y el Consejo de Ministros aprobó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

Para el Gobierno no basta acercar posiciones con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sino que es fundamental arrastrar al PP al acuerdo. Es en este punto donde los socialistas exigen a Clavijo que presione a los populares, con quienes gobierna en coalición y a los que el Ejecutivo acusa de poner “palos en las ruedas” para pactar una solución a la crisis migratoria. Sin fisuras en este bloque, engrasado con una propuesta conjunta firmada por Feijóo y Clavijo que el Gobierno interpretó más como un obstáculo que como solución, nada hace presagiar un acuerdo. Esto es, superar lo que califican de enfoque partidista para abordarlo desde uno institucional.

Es por ello que el Ejecutivo ha forzado una reunión a tres para esta semana. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se sentará tanto con Clavijo como el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, uno de los perfiles más duros del partido y designado por Génova para estas negociaciones. La política migratoria se ha convertido en un arma arrojadiza entre el Gobierno y la oposición y aunque desde Moncloa acusan a Coalición Canaria de haber elegido bando, en referencia al PP, confían en que acepte su última propuesta y contribuya a garantizar los votos de los populares en el Congreso para desencallar el conflicto.

El portavoz del PP, Borja Sémper, responsabilizaba este lunes al Gobierno de la crisis migratoria por su “parálisis e inacción” y lo acusaba de “negarse a dialogar y a negociar con el Partido Popular". Tanto que acusaba al titular de Política Territorial de dar “un portazo” a su partido. Los socialistas entienden que la dificultad para un acuerdo tendría que ver más con cálculos partidistas, por el intento de los populares, dicen, de que Vox no les coma terreno. Todo ello, cuando la inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, según el último CIS, y las posiciones duras un exitoso trampolín electoral para formaciones ultraderechistas de otros países europeos.

La propuesta de reforma de la ley de extranjería que tumbó el pasado mes de julio el PP, junto a Vox y Junts, había sido pactada previamente con el gobierno de Canarias. Desde Moncloa, fuentes cercanas a las negociaciones, vaticinan que previsiblemente hará falta alguna otra reunión para poder llegar a un acuerdo, pero confían en poder perfilarlo antes incluso de que Clavijo acuda a Moncloa el próximo 11 de octubre, dentro de la ronda de contactos bilaterales de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos.

Conferencia sectorial

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene pendiente otra reunión clave con Coalición Canaria para abordar la ejecución en los Presupuestos de los compromisos de investidura sobre la agenda canaria. Su diputada en el Congreso, Cristina Valido, ya dejó en el aire su apoyo al Gobierno en función de cómo se encauce la ejecución de este acuerdo, además la respuesta la situación de los menores migrantes.

En función de cómo evolucionen las negociaciones a tres con el gobierno presidido por Fernando Clavijo y el PP, el Gobierno tiene previsto convocar una nueva Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia para abordar la cuestión la financiación e intentar llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas sobre la acogida obligatoria de menores migrantes. Se partiría de la simulación de un modelo según la disponibilidad de plazas y las dimensiones generales para la acogida.

Nuevo intento en el Congreso

Fuentes del Gobierno siempre señalaron que hay margen para negociar, pero que el PP no puede pretender que sea el Estado quien asuma la totalidad de la atención con sus recursos. Tampoco que pretenda tener en cuenta la disponibilidad de recursos remontándose a “crisis” pasadas, sin tener en cuenta su aumento en los últimos años. Después de este debate con las comunidades autónomas, el Gobierno volvería a llevar a Congreso la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para regular la acogida de menores migrantes y su reparto territorial.

Los socialistas insisten en que cualquier solución estructural a la situación que vive Canarias debe pasar por la reforma de la ley de extranjería. El pasado mes de julio ni siquiera fue admita a trámite, por lo que ahora se busca pactar las enmiendas que se introducirían posteriormente. La política migratoria, sin embargo, ha escalado entre los asuntos de polarización política. Un contexto que incluso amenaza el entendimiento para sacar adelante la iniciativa legislativa popular sobre regularización de migrantes que fue admitida a trámite solo con el rechazo de Vox el pasado mes de abril.