El juez del caso Koldo cerca a Ábalos y cita a las autoras de la auditoría de Puente

El instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno, ha dictado este martes seis resoluciones que dan un impulso definitivo al procedimiento por la presunta trama corrupta ligada al gasto millonario para comprar mascarillas por parte del Ministerio de Transportes al inicio de la pandemia. Las resoluciones abundan en la línea de investigación apuntada por el actual equipo ministerial, dirigido por Óscar Puente, en un informe de auditoría que estrecha la investigación en torno al exministro José Luis Ábalos y a su equipo más cercano por los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión, la empresa auspiciada por el que fuera su asesor Koldo García. Otras diligencias afectan a los contratos firmados posteriormente por el Ministerio del Interior para la adquisición de material frente al covid.

El primer testigo en declarar, el próximo día 14, será el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, 'Lenin', un comisario de la máxima confianza del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que podría aportar claves sobre la compra de mascarillas por parte de Interior a la trama, una vez se produjeron las entregas de material a Transportes. 

Hace apenas unos días, 'Lenin' fue mencionado por otro testigo, el ex subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad Daniel Belmar, que aseguró ante el juez que fue Rodríguez facilitó el contacto de la trama de las mascarillas. En concreto, le dio el teléfono del directivo de Soluciones de Gestión Íñigo Rotaetxe, uno de los imputados en el procedimiento.

Ese mismo día, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha citado a las inspectoras de Servicios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que participaron en la redacción de la auditoría encargada por Puente; mientras que el 21 de octubre comparecerá Rafael Milla, propietario y presidente de Raminatrans, la empresa que se encargó de la distribución de las mascarillas una vez llegaron a Barajas. 

La citación de este responsable es especialmente importante para la acusación popular que ejerce Liberum que en recientes escritos ha puesto el foco sobre Raminatrans después de que el informe de Puente arrojara dudas sobre el destino de unos 8 millones de unidades compradas por Soluciones de Gestión bajo la exigencia de "8 millones de mascarillas o nada" de las que no se ha podido acreditar documentalmente su entrega y posterior reparto. 

También el día 21 se ha citado como testigos a Jorge Meana González del Yerro, jefe de Área de Presupuestos y Contratación del actual Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible y Julio González García, secretario general y del Consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, donde debió acabar parte del material, aunque tampoco consten las actas de entrega.

Encargo a Hacienda

En otra de sus resoluciones, el juez Ismael Moreno accede a la solicitud de la Fiscalía de requerir a la Agencia Tributaria para que designe a funcionarios en función de auxilio judicial para la determinación de las cuotas que eventualmente pudieran haber dejado de ingresar a la Hacienda pública tanto Soluciones de Gestión como Víctor de Aldama --el presunto conseguidor de la trama-- en el ejercicio 2020.

En un tercer auto, Moreno acuerda la práctica de otra diligencia solicitada por el fiscal Anticorrupción Luis Pastor, y dirige sendos mandamientos a los Servicios de Salud de Islas Baleares y de Canarias para que faciliten copia, en presencia de la Guardia Civil, del contenido de todos los buzones y carpetas del correo electrónico corporativo de determinadas personas, así como de la documentación que obre en su poder sobre contratos adjudicados a Soluciones de Gestión que no hubiera sido previamente entregada a la Fiscalía Especial.

El juez explica que esta diligencia es útil para el descubrimiento del ilícito penal objeto de investigación, proporcionada a la gravedad del delito y necesaria para poder avanzar en la investigación, que se sigue por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública.

Las otras resoluciones sirven al magistrado para rechazar distintas peticiones de las acusaciones populares, como Vox, que pretendía que se requiriera a la Presidencia del Gobierno nueva documentación, porque hacerlo "convertiría este procedimiento en una causa general sobre las adjudicaciones de suministro de material sanitario realizadas durante la pandemia de covid".

El juez también ha rechazado que Belmar pase de testigo a imputado y que se abra una pieza separada secreta para la práctica de una entrada y registro en su domicilio para incautarle sus teléfonos. El auto explica que "las meras contradicciones entre lo declarado en sede judicial y lo declarado en sede policial no son fundamento bastante para el cambio de su situación" procesal.

Tampoco considera necesario reclamar a la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial a fin de que remitan el expediente completo de adjudicación del contrato firmado con Soluciones de Gestión, puesto que ya se han practicado diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción que fueron incorporadas en la querella que dio origen al procedimiento. 

El magistrado también rechaza escuchar a un par de nuevos testigos propuestos por Vox, porque considera que "a la vista de las declaraciones prestadas por ambos en sede policial, no van a aportar nada que sea relevante o nuevo para la causa".