Sánchez acelera la normalización de Bildu con banderas sociales: de la ley de vivienda a la mordaza

La primera piedra la puso Pablo Iglesias. El exvicepresidente del Gobierno fue quien más maniobró para sumar fuerzas con ERC y EH Bildu y orillar a Ciudadanos de la ecuación para aprobar los primeros Presupuestos de la pasada legislatura. Una “mayoría de izquierdas” que se acabó consumando, pese a los intentos del PSOE por mirar al centro cuando los diputados naranjas y las mayorías del Congreso todavía ofrecían la posibilidad de jugar a la aritmética variable. Desde entonces, los abertzales apoyaron los sucesivos Presupuestos y se convirtieron en socios habituales de Pedro Sánchez. Lo hicieron priorizando el eje social y aparcando el identitario, lo que les granjeó concesiones por parte del Ejecutivo. En la pasada legislatura fue la ley de vivienda su principal bandera, al conseguir arrancar un acuerdo con los socialistas para desbloquearla. Ahora ha sido la reforma de la ley mordaza, una bandera que ambicionaba todo el arco progresista.

Estos acuerdos con el Gobierno, tanto cuantitativos como cualitativos en reivindicaciones históricas de la izquierda, han contribuido a acelerar la normalización parlamentaria de EH Bildu. ERC también aportó con su alianza estratégica en el Congreso y su unidad de acción en el Senado al formar grupo conjunto. Todo ello pese al intento del PP por frenarlo y de voces díscolas en el PSOE, como la del barón socialista en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

La digestión de los socialistas se facilitó por gestos de EH Bildu para desmarcarse del pasado, como la participación de su portavoz, Mertxe Aizpurua, al tradicional acto anual de homenaje y recuerdo a las víctimas del terrorismo. No en vano, EH Bildu es una coalición de partidos que incluye a formaciones alejadas de la izquierda abertzale en los años de plomo, como son Aralar, EA -la escisión socialdemócrata del PNV- y Alternatiba -procedente de la marca de Izquierda Unida en Euskadi-.

Tras este apresurado recorrido en la pasada, faltaba la foto con el presidente del Gobierno para escenificar la normalización institucional de los de Arnaldo Otegi, con Madrid como punta de lanza. Algo a lo que Pedro Sánchez se prestó hace ahora casi un año, durante la ronda de contactos para la investidura, al fotografiarse con los portavoces del Congreso y el Senado. El jefe del Ejecutivo nunca antes se había reunido con los abertzales.

Con la nueva aritmética parlamentaria, en la que todos los socios son imprescindibles para garantizar la legislatura, Sánchez ha apostado por el equilibrio en el reparto de banderas. En el PSOE son conscientes de que necesitan recomponer el puzle de la investidura para allanar los Presupuestos y contentar a todos, aun a costa de asumir una subida en el precio de los apoyos por la espiral competitiva. De hecho, el acuerdo con EH Bildu para derogar algunos de los artículos que consideran más lesivos de la ley mordaza, y a lo que se habían opuesto ahora los socialistas, y principalmente el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha generado tensiones en el PNV.

Competición con el PNV

Jeltzales y abertzales mantienen una competición electoral que tiene en el Congreso uno de los campos de juego. El aviso del portavoz del PNV, Aitor Esteban, fue claro al cuestionar las “dinámicas de esta legislatura” y reprochar que se le comunicase el acuerdo solo instantes antes de hacerse público.

El PNV, aun con reticencias y avanzando que presentará enmiendas, plasmó su firma este viernes en el texto de la proposición de ley para sustituir la ley mordaza con la denominada ley de protección de las libertades y seguridad ciudadana. Ya en la pasada legislatura, los nacionalistas vascos estiraron las negociaciones con el Gobierno y subieron las exigencias para dar su apoyo a los Presupuestos de 2022 porque EH Bildu había adelantado su acuerdo con los socialistas. Entonces Esteban lo explicó gráficamente con el refrán de que “hasta el rabo todo es toro”.

Terceros grados a etarras

El Gobierno sigue considerándolos socios prioritarios, además de que el PSE forma parte del gobierno de coalición encabezado por el lehendakari, Imanol Pradales. Algo que el PNV busca aprovechar, no solo reservándose un acuerdo para desbloquear la ley de secretos oficiales, sino principalmente para impulsar un nuevo paquete de traspasos. Antes de final de año, coincidiendo con los Presupuestos, pretenden cerrar al menos media docena: ordenación del litoral, salvamento marítimo, meteorología, centro de verificación de maquinaria, autorización del trabajo de extranjeros y fondo de protección de la cinematografía.

Desde Ferraz respondieron esta semana a las críticas de Alberto Núñez Feijóo del “presos por Presupuestos”, tras concederse el tercer grado a dos presos de ETA, recopilando las declaraciones del expresidente, José María Aznar, a favor de la negociación para fin de la banda o de gestos como el acercamiento de presos. Incluso en los momentos de más dudas, como cuando condenados por delito de sangre formaron parte de las listas para las últimas elecciones municipales, el Gobierno se limitó a avisar, antes de que renunciasen, sobre que la decisión sería "legal, pero es incompatible con su normalización en la vida pública". En ese contexto, se impuso la línea marcada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: "Dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror tendrían el juego en las instituciones, y creo que esa promesa democrática hay que mantenerla".