El Gobierno se ampara en una norma europea para reducir las penas a los presos etarras y el PP intentará frenarlo en el Senado

La sesión plenaria de este martes en el Senado se presenta bronca. A pesar de que el debate sobre la modificación legal que permitirá descontar a los presos etarras las penas que hayan cumplido en cárceles francesas quedará aplazado. El PP utilizará su mayoría absoluta para retirar del orden del día ese punto. Y además insisten en pedir al Gobierno que utilice su potestad para dar marcha atrás definitivamente. Al ser un proyecto de ley, recuerdan los populares, pueden dejar claro "cuál es su verdadera voluntad". Ahora los conservadores -que no pusieron objeciones en la tramitación parlamentaria- dicen que queda "en manos del Ejecutivo la responsabilidad de dejar sin efecto la decisión"

Se trata de una reforma legal para optimizar la cooperación judicial entre los Estados miembros de la UE en el ámbito de los antecedentes penales y que, tras una enmienda de Sumar avalada por la mayoría del Congreso, sin votos en contra, permitirá a los presos etarras descontar de sus penas los años cumplidos en cárceles galas. Frente al revuelo del PP, que ha acusado al Ejecutivo de engañarlo, y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha tratado de descargar de cualquier responsabilidad al Gobierno sobre esta vieja reinvidicación de EH Bildu: “Está en tramitación parlamentaria, nada que ver el Gobierno en eso”, respondió este lunes a medios de comunicación.

“Lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea y la normativa europea también en España”, ha justificado para remarcar que la modificación de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, salió adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, “sin excepción”, incluidos PP y Vox. Los cambios en la norma que pasaron desapercibidos el pasado 18 de septiembre cuando se votó en el Congreso, conllevaría la rebaja de penas de cárcel para una cuarentena de presos de ETA y en algunos casos supondría su liberación.

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El titular de Justicia ha defendido, frente a las críticas sobrevenidas de la oposición, que la tramitación parlamentaria ha sido “absolutamente pacífica” y ha continuado en el Senado “donde ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley”. “Es decir, que esa tramitación parlamentaria que se ha producido de manera pacífica y totalmente unánime”, concluyó sin querer responder a más preguntas sobre esta cuestión.

Desde el PP ha acusado al Ejecutivo de “engaño” y han avanzado que tratarán de vetarla en el Senado. Con todo, la trasposición de esta directiva europea irá al BOE, aun con el rechazo de la Cámara alta, y entrará en vigor a los 20 días de su publicación. Su vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez, ha apuntado que estudiarán "todas las herramientas jurídicas, políticas y parlamentarias para evitar que esto se consume".

"Si el Gobierno no retira este texto, buscaremos cualquier alternativa jurídica o parlamentaria que pueda blindar a este país de la indecencia que supondría rebajar condenas a terroristas de ETA a través de artimañas parlamentarias. El PSOE es el único partido con capacidad para parar este despropósito. Antes, dado que iba a sacar adelante esta modificación legal con sus socios, y también ahora", insisten fuentes del PP. Además, Feijóo telefoneó este lunes a la presidenta de la AVT para disculparse personalmente por lo ocurrido.

El Gobierno se defiende

En Ferraz ya respondieron esta semana a las críticas de Alberto Núñez Feijóo del “presos por Presupuestos”, tras concederse el tercer grado a dos presos de ETA, recopilando las declaraciones del expresidente, José María Aznar, a favor de la negociación para fin de la banda o de gestos como el acercamiento de presos. Incluso en los momentos de más dudas, como cuando condenados por delito de sangre formaron parte de las listas para las últimas elecciones municipales, el Gobierno se limitó a avisar, antes de que renunciasen, sobre que la decisión sería "legal, pero es incompatible con su normalización en la vida pública".

El Gobierno aprobó en marzo un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea con el objetivo de adecuarla a la legislación europea. Desde entonces, la iniciativa se ha ido tramitando en el Congreso, donde hubo hasta una decena de ampliaciones del plazo para que los partidos presentaran enmiendas. En junio se publicaron la decena de páginas que contenían las 14 modificaciones registradas.

A comienzos de septiembre, la Comisión de Justicia ratificó el texto final por unanimidad. Por el camino se introdujeron varias enmiendas que, en resumen, permiten que se descuente de las penas el tiempo en prisión cumplido en otros países de la Unión Europea. Hasta ahora, y para evitar beneficios a los presos etarras, la norma exceptuaba de este cómputo más beneficioso a los condenados antes de 2010, una salvedad que se ha eliminado.

Ley mordaza

EH Bildu daba un salto cualitativo en sus acuerdos con el Gobierno al conseguir desbloquear la semana pasada la reforma de la ley mordaza. Una bandera que ambicionaba todo el arco progresista. Estos acuerdos con el Gobierno en reivindicaciones históricas de la izquierda han contribuido a acelerar la normalización institucional de EH Bildu.

Con la nueva aritmética parlamentaria, en la que todos los socios son imprescindibles para garantizar la legislatura, Sánchez ha apostado por el equilibrio en el reparto de banderas. En el PSOE son conscientes de que necesitan recomponer el puzle de la investidura para allanar los Presupuestos y contentar a todos, aun a costa de asumir una subida en el precio de los apoyos por la espiral competitiva. De hecho, el acuerdo con EH Bildu para derogar algunos de los artículos que consideran más lesivos de la ley mordaza, y a lo que se habían opuesto ahora los socialistas, y principalmente el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha generado tensiones en el PNV.