El Tribunal Constitucional tumba de entrada el plan de acogida de menores aprobado por Canarias

Nuevo varapalo judicial para el Gobierno de Canarias en relación con sus medidas sobre la acogida de menores migrantes no acompañados por parte de la comunidad autónoma con las que buscaba mejorar el mecanismo administrativo y legal de recepción de este colectivo en las Islas como consecuencia de la crisis migratoria. Como ya hiciera el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hace unas semanas, el Tribunal Constitucional (TC) considera que dicho mecanismo, o al menos gran parte de él, no tiene amparo jurídico y podría vulnerar disposiciones legales. El pleno de la corte de garantías constitucionales ha admitido este martes a trámite la Impugnación de Disposición Autonómica (IDA) del Gobierno de España contra los apartados segundo, tercero y sexto del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 2 de septiembre de 2024 en relación con los menores extranjeros no acompañados, así como la resolución de la dirección general de Protección de la Infancia y las Familias, de la Consejería de Bienestar Social e Infancia, aprobada el pasado 10 de septiembre, que amparaba el Protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias.  

El TC, tras haber invocado el Gobierno central en su impugnación el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los apartados anteriormente citados desde el día 26 de septiembre, fecha de interposición de la impugnación, lo que será comunicado de inmediato al jefe del Ejecutivo isleño, Fernando Clavijo. El Gobierno de España considera que el Acuerdo impugnado puede vulnerar varios derechos fundamentales y también competencias autonómicas en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados, argumentos parcialmente compartidos en el auto en el que del TSJC suspendía de manera cautelarísima el mencionado acuerdo del Consejo de Gobierno.

Esa disposición gubernamental ordenaba a las oenegés que gestionan los centros para menores migrantes que no aceptaran a ningún niño más sin la autorización expresa del Ejecutivo regional. En ese caso, fue la Sala de lo Contencioso Administrativo la que tomaba esa decisión de manera urgente y se añadía así a la suspensión cautelarísima previa del protocolo elaborado por el Gobierno canario para ordenar la recepción de niños y adolescentes llegados de manera irregular al Archipiélago. El Gobierno central decidió impugnar constitucionalmente las medidas del Ejecutivo isleño tras recibir un informe del Consejo de Estado que no solo avalaba sus tesis, sino que le instaba a recurrirlo ante el TC. La suspensión acordada este martes por el Constitucional deberá ser ratificada o levantada en un plazo no superior a cinco meses.

La posición estatal en este sentido sostiene que el protocolo canario limita las competencias autonómicas sobre menores, modifica el concepto jurídico de desamparo, impone obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y regula “cuáles deben ser las actuaciones del Estado en el ejercicio de sus competencias”. El Consejo de Estado, por su parte, señalaba en su dictamen que el decreto canario que daba curso a ese protocolo supera las competencias autonómicas e incumple la legislación en materia de protección de menores. Según el organismo consultivo, dicho protocolo conlleva “una violación del orden constitucional, pues no se limita al ámbito competencial autonómica”, sino que “encierra una vulneración de derechos que pueden contribuir a dejar los menores en una situación de abandono”

Custodia estatal

El Gobierno de Canarias sostiene por su lado, tal como expone en el protocolo parcialmente suspendido, que los niños que llegan solo a tierra con un familiar adulto que cuide de ellos no están desamparados, sino bajo custodia de estamentos estatales como la Policía o la Guardia Civil, por lo que debe la administración estatal la que debe hacerse cargo de su primera acogida. Alega además el Ejecutivo de Clavijo que dicho protocolo autonómico da curso al aprobado por el Gobierno central en 2014, y que ya el anterior gobierno regional, que presidía el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, lo invocaba para que el Estado asumiera esa primera acogida de los menores llegados a las islas en esas circunstancias.

El TSJC, por su lado, anulaba provisionalmente el acuerdo del Consejo de Gobierno a petición de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, una entidad que no gestiona ningún centro de atención humanitaria en las Islas. Los magistrados consideraron que esta instrucción “puede comprometer los intereses de un colectivo especialmente vulnerable”. La Sala entiende que aplicar esa orden implica que los menores “no van a ser acogidos de manera automática en los centros y que recepción queda supeditada a la previa comunicación de conformidad o a la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes”. “Del texto del acuerdo se desprende, además, que la pretensión de la comunidad autónoma es que los menores queden bajo la guarda y custodia de la autoridades estatales encargadas de su recogida en el mar y posterior identificación, suspendiendo la recepción de nuevos menores migrantes a cargo de los recursos autonómicos”, añadía el auto.

Ángel Víctor Torres: “Respetamos los fallos del TC, pero no hay ninguna duda, y tanto el dictamen del Consejo de Estado como el fallo del TC han sido por unanimidad”

El ministro Torres recordó este martes que el Gobierno de Canarias adoptó “de manera unilateral” las dos decisiones relativas a la acogida, y que el Ministerio de Política Territorial ofreció una semana de negociación antes de llevarlas al TC y en espera del informe del Consejo de Estado. Según él, ante la negativa del Ejecutivo regional a “sentarse a negociar” y ante la contundencia del informe del órgano consultivo, “el Gobierno de España tenía la obligación” de enviar al TC el recurso ante dos decisiones “que estaban fuera de la Constitución". “Hoy el Constitucional da la razón en todo al Gobierno de España y hará el trámite pertinente sobre quiénes son los competentes y entendemos que en la actual legislación queda claro que eso es una competencia autonómica”, señala el ministro. “Respetamos los fallos del TC, pero no hay ninguna duda, y tanto el dictamen del Consejo de Estado como el fallo del TC han sido por unanimidad”, destacó.

Negociación política

La decisión del pleno de la corte de garantías se produce en plena crisis del proceso de negociación entre el Gobierno central, el Gobierno de Canarias y el PP para intentar un acuerdo sobre la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y el reparto obligatorio de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Los populares decidieron el pasado sábado “suspender” su participación en esas “conversaciones” arguyendo que el Gobierno central había rechazado la ayuda de la UE en la acogida de menores migrantes, algo que han desmentido tanto el ministro de Política Territorial como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. El PP condiciona ahora su regreso a la mesa de negociaciones a que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez “acredite” que no ha rechazado esa ayuda, y a que solicite la misma ante las instancias europeas y la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

El ministro Torres confirmó este martes que él mismo y Sira Rego se reunieron con Clavijo el día anterior, ya sin la presencia del representante del PP, Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso y dijo que “nosotros vamos a seguir trabajando porque el Gobierno no se levanta de las mesas de negociación”. “Estamos haciendo propuestas y trabajando junto al Gobierno de Canarias y reitero que donde se terminan dilucidando, manifestando las diferencias y acordando en en las mesas de negociación y no con comunicados en los medios de comunicación”, denunció en referencia al PP. Por eso, consideró que “no habría habido ningún problema en que ayer (por el lunes) en la mesa de negociación (el PP) hubiese hecho alguna contrapropuesta, hubiese dicho que no le gustaba la del Gobierno, pero ha decidido levantarse de la mesa y eso lo único que hace es demorar la solución para los menores que están en los territorios frontera y supone mantener en el tiempo una situación que es desesperante”. Torres lamentó la actitud del PP y dijo que “si realmente se dice lo que se siente y se piensa, no entiendo por qué no vuelven a la negociación y terminamos ya con un asunto que llevamos meses y meses trabajando y cada vez que estamos cerca de una solución aparece una cosa nueva.

El debate político sobre esta cuestión se complica aún más como consecuencia de las decisiones judiciales y su implicación práctica, si bien todas ellas están en fase de estudio y aún pendientes de sentencia. Cabe señalar en todo caso que una reforma de la ley de extranjería en los términos que acordaron en su momento Canarias y el Estado pero rechaza en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts, dejaría sin efecto el mecanismo de acogida aprobado por el Ejecutivo isleño porque se pondría en marcha el que contempla la propia propuesta de reforma legal en esta materia.