El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra el protocolo canario de menores y lo suspende

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso del Gobierno de Pedro Sánchez contra el protocolo canario de menores, que queda suspendido por cinco meses, que pueden ser prorrogables tantas veces haga falta, mientras se aborda el fondo de la cuestión. En este caso, no obstante, la instrucción del Ejecutivo canario ya estaba en suspenso por el recurso de la fiscalía interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia canario.

La impugnación admitida a trámite por la corte de garantías considera inconstitucionales los apartados segundo, tercero y sexto del Acuerdo del Gobierno de Canarias del pasado 2 de septiembre en relación con los menores extranjeros no acompañados, así como la resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias del día 10 de septiembre que establece el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias.

El Constitucional ha acordado la suspensión del acuerdo, después de que el Gobierno hubiera invocado en su impugnación el artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la posibilidad de dejar en suspenso la norma cuestionada hasta su revisión por el alto tribunal. Así la vigencia y aplicación de los apartados impugnados queda suspendida desde el pasado 26 de septiembre, que es la fecha de interposición de la impugnación, lo que será comunicado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

El Gobierno de Pedro Sánchez considera que el acuerdo impugnado puede vulnerar varios derechos fundamentales y también competencias autonómicas en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados.  

El acuerdo canario que ordenó a los responsables de los centros para menores llegados en patera que no aceptaran a ninguno más sin su autorización expresa ya fue suspendido de forma cautelarísima (sin oír a las partes, ni siquiera al Gobierno canario) el pasado mes de septiembre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ canario a instancias del ministerio público. También fue impugnado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.